La organización Artículo 19 expresó su alarma por la detención arbitraria del activista cubano Ángel Cuza Alfonso, luego de que divulgara la explosión ocurrida el pasado viernes en el Hotel Saratoga de La Habana.
“Artículo 19 manifestó su preocupación por dos hechos que restringen y violan el derecho a la libertad de expresión, así como el derecho a la información”, dijo a nuestra redacción, Claudia Ordóñez, oficial del Programa de Centroamérica y el Caribe de la entidad.
“Uno es el caso del cubano Angel Cuza, quien se encuentra detenido desde el 7 de mayo por haber transmitido en vivo en su página de Facebook, los primeros minutos del incidente ocurrido el 6 de mayo en el Hotel Saratoga”.
Cuza Alfonso está preso en el Cuartel General de la Seguridad del Estado, conocido como Villa Marista. Oficiales del Ministerio del Interior han asegurado al padre del activista, que su hijo estará encarcelado por varios años.
“Artículo 19 rechazó este tipo de actos ya que Cuza ha sido detenido de manera arbitraria cuando ejerció, no sólo su libertad de expresión, sino el derecho a la información que tiene toda persona, todo ciudadano o ciudadana”, añadió la representante de Artículo 19.
Angel Cuza salió de prisión en enero pasado, tras pasar más de 8 meses en la cárcel por participar en la protesta pacífica de la calle Obispo de La Habana, el 30 de abril de 2021.
Asimismo, Artículo 19 hizo un llamado urgente al gobierno de la Isla para que cesen las hostilidades contra la periodista independiente Cynthia de la Cantera “y que cuente con las garantías para que pueda ejercer su labor”.
“Ha sido hostigada de manera recurrente: un ejemplo es que el jueves 21 de abril fue citada y fue presionada, fuertemente, para que renunciara a ejercer el periodismo”, denunció la agrupación defensora de las libertades fundamentales.
La policía política ha enfocado su mira hacia la periodista independiente Cynthia de la Cantera, haciéndola objeto de persecución y hostigamiento.
“Los interrogatorios que la Seguridad del Estado ha tenido conmigo. Interrogatorios en los que, como otros colegas, he sido amenazada y forzada a dejar el periodismo, que es lo que están buscando, silenciar todo el trabajo que nosotros estamos haciendo aquí dentro de la isla”, indicó este lunes, a Radio Televisión Martí, la reportera del medio independiente Yucabytes.
En febrero de 2022, las autoridades impusieron una multa de 3 mil pesos, bajo el Decreto 370, a la comunicadora.
“Porque compartí la situación de activistas por los derechos humanos y periodistas, la situación que atravesamos aquí en Cuba. Según estos oficiales de la Seguridad del Estado, esa multa les sirve como antecedente para abrirme un proceso legal”.
“Ellos ahora están buscando amedrentar a todos los periodistas y activistas también con el nuevo Código Penal. Estamos a la espera de ver cómo van a actuar ellos con este nuevo código que, seguro que se aprueba”, indicó Cantera.
El Código Penal previsto para discutirse por la Asamblea Nacional el 14 de mayo, incluye, en su Artículo 143, sentencias de privación de libertad de entre cuatro y 10 años a quien “apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional”.
“Está demás decir que todo este proceso de interrogatorios, amenazas y presiones de la Seguridad del Estado genera un stress bajo el que vivimos constantemente los periodistas independientes y los activistas y se manifiesta con cansancio acumulado y estados de hipervigilia”, explicó la periodista que en 2020 fue nominada al prestigioso Premio Iberoamericano de Periodismo Gabriel García Márquez y reconocida, junto a Alberto Cabrera Toppin por el trabajo “El otro precio del níquel”.
“De esta manera, Artículo 19 solicita al Gobierno de Cuba generar las condiciones para el ejercicio periodístico en condiciones de independencia y libertad”, concluyó Ordóñez.
