El secretario de Estado, Mike Pompeo, dio a conocer el jueves sanciones impuestas al general Raúl Castro y a sus cuatro hijos, Alejandro, Déborah, Mariela y Nilsa Castro Espín debido a su participación en graves violaciones de los derechos humanos.
La medida, explicó el Departamento de Estado, se aplica siempre que el Secretario de Estado tenga información creíble de que funcionarios de gobiernos extranjeros han estado involucrados en una corrupción significativa o una violación grave de los derechos humanos. De manera que la persona designada y sus familiares inmediatos no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos.
Antes del sábado 28 de septiembre, los principales medios de prensa en la isla obviaron la noticia.
El canciller Bruno Rodríguez Parrilla había condenado en una reunión del Movimiento de Países No Alineados la política de EEUU hacia Cuba. Posteriormente, el día 28, aprovechó su discurso en la Asamblea General de la ONU para criticar a EEUU.
Dijo que la decisión de prohibir la entrada a Raúl Castro no tiene un “efecto práctico”, pero junto con el endurecimiento de las sanciones, "que sí afectan a la nación", reflejan la “podredumbre” a la que acude Washington "para asfixiar a la isla".
Rodríguez reiteró además su alineamiento con los mandatarios venezolano, Nicolás Maduro y nicaragüense, Daniel Ortega, quienes fueron el centro de la crítica y medidas por parte de Washington.
Para la Embajada de Cuba en Washington se trata de unas medidas "inéditas, agresivas, no convencionales, que provocan impactos en el país; pero sus efectos serán temporales".
La diputada Mariela Castro, hija del general y una de las señaladas con la prohibición de viajar a Estados Unidos, ha promovido una entrevista ofrecida por el canciller cubano a la cadena CNN, y lo mismo hicieron en las últimas horas varios funcionarios y diplomáticos cubanos en sus redes sociales.
Para Rusia, gran aliado de Cuba y Venezuela, la sanción contra Castro y su familia es señal de impotencia:
El director del Departamento Latinoamericano del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Alexandr Schetinin, declaró en entrevista con Sputnik: "las sanciones que dispuso EEUU a Castro no tienen sentido y muestran la impotencia de la Casa Blanca".
"Consideramos que ese paso muestra impotencia de la Casa Blanca para quebrantar la voluntad del pueblo de Cuba", dijo el funcionario y calificó la medida contra el general cubano de "absurda e indigna".
En Estados Unidos el senador cubanoamericano por la Florida, Marco Rubio, fue uno de los primeros en reaccionar.
“La entrada a Estados Unidos es un privilegio que debe ser negado a cualquier dictador asesino. La participación de Raúl Castro en violaciones grotescas de los derechos humanos y su complicidad con organizaciones terroristas como el ELN y las FARC y su vínculo con el régimen de Nicolás Maduro evidencian la amenaza que representa para los Estados Unidos. Aplaudo la decisión de la administración por revocarle la admisión de Castro y sus familiares inmediatos”, declaró el legislador republicano.
En el comunicado divulgado por su oficina, Rubio también hace mención a la responsabilidad directa de Fidel y Raúl Castro en el asesinato de tres ciudadanos estadounidenses y un residente legal de Estados Unidos, refiriéndose al derribo en 1996 de dos avionetas del grupo Hermanos al Rescate.
La Oficina de Washington para América Latina, WOLA, expresó un rechazo contundente a estas acciones. Subrayó que no servirán para mejorar los derechos humanos en Venezuela o Cuba.
Según WOLA, las medidas son el resultado de cálculos cínicos, y dice que la política de línea dura ha fracasado desde hace mucho tiempo.
La ONG añadió que sería más efectivo apoyar los esfuerzos diplomáticos para negociar una solución pacífica y democrática en Venezuela, y respaldar los esfuerzos que existen en el Congreso para revocar la prohibición de viajes a Cuba.
Para algunos exiliados la noticia llegó como un acto de justicia.
Orlando Gutiérrez Boronat, del Directorio Democrático Cubano, calificó la decisión como histórica porque "Estados Unidos, la democracia más poderosa de la faz de la tierra, ha designado a la familia Castro como violadores de los derechos humanos, como corruptos que han participado y que han dirigido los crímenes de lesa humanidad contra los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragüa”.
La Comisión Justicia Cuba,organización que busca enjuiciar al general Castro por crímenes de lesa humanidad, felicitó a Estados Unidos por las sanciones.
También en Miami, Rosa María Payá, de la organización Cuba Decide, agradeció la sanción en un comunicado: "Apreciamos las acciones de los Estados Unidos reconociendo la grave crisis que sufre el pueblo cubano y sancionando a sus represores. Esperamos que las democracias de Las Américas se unan contra la impunidad de los personeros de la dictadura y tomen partido a favor del pueblo cubano, que es apoyar también al pueblo venezolano y la estabilidad democrática de toda la región".
Algunos opositores en la isla han analizado la sanción contra la familia Castro desde un contexto histórico.
Desde la isla de Cuba llegó la opinión del periodista independiente Alberto Méndez Castelló: “Ellos (el gobierno norteamericano) están hablando de algo muy interesante, están hablando de una situación hemisférica. Históricamente, los Estados Unidos han venido presionando al régimen cubano por las guerras en África, en América del Sur, en América Central y en el Caribe. Si no hubiera sido por esta presión, todavía hubiera tropas cubanas en África y en otros países de América Latina”.
Por su parte, Carlos Amel Oliva, líder juvenil del grupo opositor UNPACU, ha declarado: “La imposición de estas medidas es un recurso que generalmente se aplica cuando no funciona el diálogo y esto es lo que ha pasado con la dictadura cubana. Pienso que desde mucho antes se debieron aplicar estas medidas y poner en su justo lugar a quienes son los verdaderos causantes de la situación que existe en Venezuela y en Cuba y hacer la especificidad de que es la familia Castro porque, más que un gobierno, más que un partido, es la familia Castro la causante de la desgracia que existe en nuestro país”.
Moisés Leonardo Rodríguez, coordinador de la Corriente Martiana, ha dicho: “Esta es una decisión libre y soberana del gobierno de los Estados Unidos; se puede tener la opinión que se quiera, pero la verdad, es que ellos están dotados de la capacidad para aplicar esa sanción a personas que son parte importante de un régimen opresivo. Creo que es muy importante que esto suceda en el seno de las Naciones Unidas, en alianza con muchos países que le exijan al gobierno cubano y se tomen medidas que incluso vayan más lejos”.
[Con entrevistas realizadas por Yolanda Huerga y Tomás Cardoso para Radio Televisión Martí e información de redes sociales]