La Asamblea Constituyente de Venezuela anunció hoy que devolverá a la justicia ordinaria los casos de los civiles detenidos durante las protestas que fueron llevados ante tribunales militares, una práctica rechazada por organizaciones de defensa de los derechos humanos aplicada a cientos de personas.
Acogiendo un pedido de Maduro en tal sentido, la presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, anunció este martes que se dará inmediata ejecución a la solicitud.
"Hemos recibido una comunicación del presidente (...) solicitando que sean declinados los casos llevados ante la jurisdicción militar, sean declinados ante la jurisdicción ordinaria", dijo Rodríguez durante una sesión del órgano que redacta una nueva Carta Magna.
La asambleísta dijo que la Comisión de la Verdad -parte de la Constituyente que legisla con poderes absolutos- será la encargada de ejecutar la petición del mandatario.
Según Rodríguez, la justicia militar tuvo que "suplir de forma heterodoxa" a la Fiscalía por la "inacción e inactividad" de este organismo, frente a la violencia en las manifestaciones opositoras iniciadas el 1 de abril, con saldo de unos 125 muertos.
La presidenta de la Asamblea agradeció a los tribunales militares por "el cuidado del debido proceso y el respeto a los derechos humanos" en los casos que tuvieron a su cargo.
La primera decisión de esa poderosa asamblea, el 5 de agosto, fue destituir a la fiscal general, Luisa Ortega, quien rompió con Maduro al denunciar que decisiones del máximo tribunal -acusado de servir al gobierno- constituían una "ruptura del orden constitucional".
La Constituyente juramentó en su reemplazo al exdefensor del Pueblo, Tarek William Saab, confeso chavista.
La entonces fiscal había advertido de la ruptura del orden constitucional en Venezuela y le había recriminado a Maduro haber convertido el país en un Estado policial.
Orte imputó durante las protestas -que se caracterizaron por la represión de las fuerzas de seguridad y en las que murieron al menos 120 personas- a varios mandos y efectivos militares y policiales por supuestas violaciones de los derechos humanos durante su labor de contención de las manifestaciones.
Asimismo la Asamblea ratificó hoy a los 13 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que fueron destituidos por el Parlamento opositor e impugnados por la exfiscal Ortega.
Se decreta "ratificar en el ejercicio de sus funciones constitucionales a los magistrados y magistradas principales del Tribunal Supremo de Justicia sin perjuicio de otras medidas que puedan ser adoptadas por esta magna Asamblea Nacional Constituyente ", dijo el Constituyente Aristóbulo Istúriz.
Según la ONG Foro Penal, unas 400 personas están privadas de libertad por órdenes de cortes marciales, de un total de 655 que fueran presentadas desde que comenzaron las protestas.
Algunos fueron acusados por supuestos ataques a guarniciones militares, agresiones a uniformados o saqueos.
"Si los civiles van a los tribunales que les corresponde no debe ser porque lo decida una Constituyente ilícita, sino porque eso es lo que pauta la Constitución. Se les han violado sus derechos humanos", declaró a la AFP Gonzalo Himiob, director de Foro Penal.
La organización no gubernamental cifra en unos 600 los "presos políticos" en Venezuela.
(Con información de las agencias Efe y Afp)
