Las autoridades penitenciarias de Santa Clara negaron los beneficios que les corresponden a dos presos encarcelados por su participación en las protestas del 11 de julio en su localidad.
Jorge Gabriel Arruebarruena cumple su sentencia de 4 años de trabajo con internamiento por “desórdenes públicos” y “desacato “en el correccional “La Guanajera.
“En el día 24 de este mes le hicieron la reunión de beneficios a mi hijo, donde fue aprobado, pero a los dos días el jefe de campamento le dice que fue un error y que tiene que cumplir dos años de prisión, la mitad de la condena, cuando lo que le corresponde es 1 año y 4 meses, el tercio de la sanción”, denunció su madre Madel León, en conversación con nuestra redacción.
“Es una falta de respeto después que lo aprobaron decirle que fue una equivocación. Eso fue mandado por un tal Alfredito, jefe de Cárceles y Prisiones que no ha dado la cara. Lo llamas por teléfono, te identificas y cuelga el teléfono. Es una injusticia y una falta de respeto conmigo que soy la madre y con él que es el recluso”, manifestó.
“Es mucha la falta de respeto que hay con los presos del 11 de julio. Lo deniegan, así como así, trabajando en la construcción”, dijo indignada León.
José Miguel Gómez Mondeja, sirve los mismos años por los mismos delitos en el campamento El Ayagán.
“Le tocaba su reunión de beneficios porque ya cumplió el tercio de la condena, que de cuatro años se cumple un año y cuatro meses. Entonces le elevan la condicional y el compañero Alfredo, Jefe de Cárceles y Prisiones, le dice que a él no le toca de aquí a dos años porque él había tirado piedras e, inmediatamente, le dijo ‘ahora yo estoy esperando una llamada de la contrainteligencia, después te digo’”, explicó la esposa, Wendy Pedraza.
“Luego, mi suegro fue a verlo y no lo atendió. Le dijeron que él atiende un día específico en cada campamento. La familia le llamó para pedir una entrevista con él, nos identificamos y con una gran falta de ética, colgó el teléfono, no dejó ni que habláramos. No quiso explicar cuál era el motivo de qué a José Miguel no le iban a hacer esa reunión de beneficios”.
“Me parece muy poco ético y muy de falta de respeto, que jueguen con la libertad de esos muchachos cuando se la merecen, porque desde el día uno ellos no debieron estar presos y hoy en día siguen violando sus derechos”, recalcó Pedraza.
Radio Televisión Martí consultó sobre estos casos al abogado independiente cubano Julio Ferrer y esta fue su respuesta:
“La sanción de trabajo correccional con internamiento es subsidiaria de la privativa de libertad. Está prevista esta sanción en el Artículo 32 del, aún vigente, Código Penal. En el Apartado 6 del Artículo 32 se establece, o sea es un beneficio, que, si el sancionado cumple, satisfactoriamente, todas sus obligaciones; el tribunal podrá, en cualquier momento, suspender el cumplimiento de la sanción, previa solicitud de los órganos competentes del Ministerio del Interior”.
“De la lectura de ese apartado del Artículo 32, se entiende que no es un requisito ni el tercio ni la mitad de la sanción que se ejecute para optar por ese beneficio. Eso de que tiene que cumplir el tercio no está previsto legalmente ni el cumplimiento de la mitad. No hay un término establecido por el Código Penal para este beneficio”, indicó Ferrer.
Ante esto, “estamos en manos de la Seguridad del Estado, son ellos quienes deciden la suerte de nuestros seres queridos”, lamentó Pedraza.
El Gobierno de Cuba niega con frecuencia a sus ciudadanos las garantías reconocidas en su propia legislación concediendo amplios poderes a los cuerpos represivos.
En diciembre pasado, el régimen negó la excarcelación anticipada a otro manifestante del 11J, Asiel Pérez Machín.
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