El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se reunirá este martes, 6 de enero, para debatir sobre el operativo militar de Estados Unidos que capturó al dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Venezuela, y los trasladó a Nueva York para enfrentar la justicia estadounidense.
La sesión extraordinaria fue convocada por el embajador Luis Ernesto Vargas, representante permanente de Colombia, cuyo gobierno ha sido vocal en el rechazo público a la operación. El comunicado de convocatoria asegura que la reunión es para “considerar los acontecimientos recientes registrados en la República Bolivariana de Venezuela”.
En una declaración, tras los acontecimientos del 3 de enero, el Secretario General de la OEA, Albert R. Ramdin, reconoció la “preocupación como las distintas perspectivas en todo el Hemisferio”, al referirse a las dos posturas que han prevalecido entre los gobiernos de la región: los que apoyan y quienes rechazan la operación.
“Todos los actores deben respetar plenamente el derecho internacional y el marco jurídico interamericano aplicable, incluido el arreglo pacífico de controversias, el respeto de los Derechos Humanos y la protección de la vida civil”, dice el comunicado. “Es esencial que el camino a seguir en Venezuela se sustente en una gobernanza basada en la voluntad de su pueblo”, aseguró.
La captura y extracción de Maduro y Flores ha dividido a los integrantes de la OEA, organización en la cual Venezuela no participa activamente como miembro con representación permanente desde 2019. Aunque figura de forma oficial como un Estado miembro, su silla está vacante y su estatus está en revisión legal.
Entre los gobiernos que han expresado su apoyo a la detención de Maduro (a quien no reconocían como presidente legítimo) o al menos no han manifestado su rechazo directo a la operación militar, se encuentran Argentina, Ecuador, Panamá, Canadá, República Dominicana, Bolivia, Paraguay, Costa Rica y El Salvador.
Entretanto, los gobiernos de México, Guatemala, Honduras, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Brasil, han condenado la acción militar y la extracción del dictador venezolano y su esposa a través de declaraciones de los Ministerios de Relaciones Exteriores o de comunicados de las casas presidenciales.
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