El presidente Barack Obama emitió este lunes una nueva Orden Ejecutiva, donde declara una emergencia nacional y considera como "amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos" la situación en Venezuela.
Las medidas se basan en la ley de Defensa de los Derechos Humanos de Venezuela y la Ley de la Sociedad Civil de 2014, que rubricó el 18 de diciembre de 2014.
Funcionarios venezolanos sancionados por la Casa Blanca
Antonio José Benavides Torres: Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Central de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela y ex Director de Operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana.
Gustavo Enrique González López: Director General del Servicio Bolivariano de Inteligencia y Presidente del Centro Estratégico de Venezuela de Seguridad y Protección de la Patria.
Justo José Noguera Pietri: Presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, una entidad de propiedad estatal, y ex Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela.
Katherine Nayarith Haringhton Padron: fiscal de la Oficina del Ministerio Público de Venezuela Distrito 20.
Manuel Eduardo Pérez Urdaneta: Director de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela.
Manuel Gregorio Bernal Martínez: Jefe de la 31 Brigada Blindada del Ejército de Caracas y ex Director General del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela.
Miguel Alcides Vivas Landino: Inspector General de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela Armada y ex comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral.
La declaración de la Casa Blanca asegura que "estamos comprometidos con la promoción del respeto a los Derechos Humanos, la protección de las instituciones democráticas y la protección del sistema financiero de Estados Unidos a partir de los flujos financieros ilícitos de corrupción pública en Venezuela".
Las sanciones son para "personas involucradas o responsables de la erosión de las garantías de los Derechos Humanos, la persecución de los opositores políticos, restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y los Derechos Humanos", así como "violaciones y abusos en respuesta a las protestas contra el Gobierno, y la detención arbitraria y la detención de manifestantes antigubernamentales, así como la corrupción pública significativa por altos funcionarios del Gobierno de Venezuela".
La nota insiste en que no busca dañar al pueblo ni la economía venezolana.
Las sanciones son consultadas con las secretarias de Tesoro y de Estado, y dirigidas en específico a las personas que con sus "acciones o políticas socavan los procesos e instituciones democráticas"; las personas implicadas en "actos significativos de violencia o conducta que constituye un grave abuso o violación de los Derechos Humanos", en particular en o desde las protestas de febrero del pasado año. Tambien las acciones que prohíben, limitar o penalizan el ejercicio de la libertad de expresión o de reunión pacífica; o corrupción pública por funcionarios de alto nivel en el Gobierno de Venezuela.
A las siete personas identificadas por las autoridades estadounidenses se les congelan o bloquean sus propiedades e intereses en Estados Unidos y se les prohíbe a los estadounidenses comerciar con ellos. Así como no se les permite la entrada en el país.
El documento afirma que la Casa Blanca trabajara "en estrecha colaboración" con otros países de la región "para apoyar una mayor expresión política en Venezuela, y alentar al Gobierno venezolano a la altura de su compromiso" como lo establece la "Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y otros instrumentos pertinentes relacionados con la democracia y los Derechos Humanos".
