Acosada por la escasez y la inflación, las protestas ciudadanas y la pérdida masiva de apoyo, la llamada "revolución bolivariana" busca este domingo blindarse con una Asamblea Constituyente que tendrá poder ilimitado para refundar el Estado estilo Cuba comunista y depurar todas sus instituciones.
Diecinueve años después de que arribara al poder el presidente socialista Hugo Chávez, a su sucesor Nicolás Maduro parece que se le agotó el crédito, y la hegemonía cultural y social de la que sigue presumiendo este proyecto con declarada vocación eterna ya no se ve reflejada en los resultados de las urnas.
"No volverán, no volverán", se grita en los mítines oficialistas, en alusión a la "oligarquía" (según el vocabulario chavista) que gobernó el país en las más de tres décadas de democracia bipartidista que tanto desacreditó Chávez en su primer arribo al poder por las urnas.
Pero lo cierto es que la oposición ya ha vuelto al Parlamento que en diciembre de 2015 dejó de ser chavista por primera vez en lustros al dar el mismo pueblo, al que dice seguir representando sin fisuras Maduro, una contundente mayoría absoluta.
Las de diciembre de 2015 son las últimas elecciones que se han
celebrado en Venezuela, donde las autoridades han aplazado dos veces
las votaciones de gobernadores de estados que según la Constitución
debieron celebrarse en diciembre del año pasado.
El desabastecimiento, la devaluación del bolívar y la explosión de los precios no han hecho más que intensificarse desde las legislativas, unas elecciones que representan la medición más reciente que se tiene del apoyo a la oposición y al Gobierno, y en esta situación es difícil imaginar un cambio de tendencia.
Esta falta de respaldo, además de la voluntad de radicalizar el proceso hacia el socialismo estilo cubano -señalada también por sondeos recientes- es, según el antichavismo y los muchos agentes sociales que rechazan la Constituyente, la razón por la que Maduro no ha sometido el proceso a un referendo previo de aprobación que sí convocó con éxito Chávez para la elaboración en 1999 de la actual Carta Magna.
Según la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, la Constitución establece que solo el pueblo, como "depositario del poder constituyente originario", puede decidir la creación de una asamblea como la que se elige el domingo, por lo que este proceso activado sin una consulta es "un atropello" de la Ley Fundamental.
Ortega -hasta hace poco una férrea oficialista, que no ha abjurado hasta ahora de su chavismo- ha advertido del riesgo de que la Constituyente instaure "un sistema totalitario".
Esta preocupación es compartida por el presidente del Parlamento, Julio Borges, que teme que su materialización convierta "a Venezuela en Cuba", y la iglesia venezolana, que ha llamado a detenerla para impedir "la constitucionalización de una dictadura militar marxista" que a juicio de algunos opositores ya existe de facto en el país.
Otro de los argumentos de sus detractores es la forma de postulación y elección: un sistema mixto territorial y sectorial, que en esta segunda modalidad segmenta el censo electoral según profesiones o categorías sociales definidas por las autoridades y viola, según sus críticos, el principio de sufragio universal.
Entre las medidas avanzadas por los candidatos más insignes a una
elección de mañana donde solo concurren afectos al Gobierno está la
disolución del actual Parlamento para instalar, en la sede del Legislativo, la recién formada Asamblea.
La disolución acabaría de forma definitiva el único poder en manos de la oposición, notablemente menguado ya por varias sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que han declarado nulas sus decisiones al declarar a la Cámara "en desacato" días después de la toma de posesión de la mayoría antigubernamental.
Como han adelantado potenciales futuros integrantes, la Constituyente se ocupará asimismo de intervenir la Fiscalía, una institución acusada de traición y faltas graves desde el oficialismo desde que la fiscal denunciara los supuestos atropellos constitucionales del Gobierno y el Supremo.
Una tercera medida estrella debe ser la puesta en marcha de una Comisión de la Verdad que establezca responsabilidades sobre la violencia en las manifestaciones opositoras.
"Ya tiene su celda lista", ha dicho en televisión Maduro sobre el dirigente opositor Freddy Guevara, uno de los más insultados por el oficialismo desde actos institucionales y canales públicos.
Y mientras miles de estudiantes que protestan son detenidos y dirigentes y cargos públicos opositores siguen engrosando la lista de presos del servicio de inteligencia, la comunidad internacional se suma al rechazo a la Constituyente que sigue encendiendo las calles de Venezuela, donde han muerto más de cien personas en casi cuatro meses.
(Redactado por Armando de Armas, con información de EFE y redes sociales)
