Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de la información registrada por el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) durante las últimas semanas, observa un incremento de actos de violencia y represión para disuadir las manifestaciones públicas en Nicaragua. La CIDH advierte además sobre la detención y criminalización de líderes y lideresas políticas y sociales. Asimismo, expresa preocupación por los efectos particulares que la crisis genera en los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.
En el contexto de los hechos que tienen lugar desde el 18 de abril, la Comisión actualiza la cifra de víctimas mortales a 325 personas fallecidas, de las cuales 21 serían policías y 24 niñas, niños y adolescentes. Frente a la inconsistencia de las cifras aportadas por las autoridades nicaragüenses y sus cuestionamientos al registro de fallecidos reportado por la CIDH, la Comisión reitera al Estado de Nicaragua la necesidad urgente de garantizar el acceso a información detallada sobre todas las personas fallecidas en el marco de la situación que atraviesa el país, para que la CIDH pueda cotejar y verificar la cifra con los datos proporcionados por las autoridades estatales.
Protesta social y criminalización
En el marco de sus actividades de monitoreo, el MESENI ha registrado una serie de graves hechos dirigidos a disuadir a la población de manifestarse públicamente en protestas y a criminalizar la protesta social en Nicaragua.
En este sentido, la CIDH conoció la nota de prensa de la Policía Nacional número 115-2018 del 28 de septiembre, que califica las manifestaciones públicas de protesta como ilegales por el solo hecho de haberse producido en ellas actos violentos puntuales y responsabiliza legalmente a quienes las han convocado y organizan. En este sentido, la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) manifestaron su extrema preocupación por la posición de la Policía Nacional de Nicaragua que declara ilegales las manifestaciones de protesta y responsabiliza penalmente a sus convocantes.
El 13 de octubre, una nueva nota de la Policía Nacional (116-2018), estableció que toda movilización en cualquier parte del país debía realizarse una vez que los organizadores han solicitado el permiso correspondiente ante las autoridades policiales y que éste haya sido otorgado. En ese sentido, reiteró que no permitiría “ninguna acción que violente el derecho de las familias nicaragüenses a la Paz y a la Vida y recuerda que cualquier actividad provocadora, instigadora y violenta será penada de acuerdo a la Constitución Política y las Leyes de Nicaragua.”
El 14 de octubre, el MESENI tomó conocimiento de la represión del grupo inicial de participantes en la marcha "Unidos por la Libertad" liderada por la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). Según fuera constatado, el grupo convocante fue rodeado por un amplio despliegue de agentes antimotines y de la Policía Nacional. Durante la jornada del domingo 14 de octubre, el MESENI constató una fuerte represión y un importante número de detenciones en el marco de las marchas convocadas por organizaciones de la sociedad civil. Al respecto, la CIDH llama al Estado a cesar de inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas, así como a garantizar seguridad de las personas en contextos de manifestaciones públicas.
Mediante un comunicado oficial, la Policía Nacional informó la detención de 38 personas por estar “involucradas en actividades instigadoras y provocadoras que violentan el derecho de las familias nicaragüenses a movilizarse, circular libremente y a realizar sus actividades económicas, comerciales, religiosas, deportivas y de recreación, con normalidad.” Por su parte, el MESENI registró la detención de por lo menos 50 personas. Algunas de ellas, en su mayoría periodistas, fueron liberadas en el lugar. El resto fue trasladado y, en el transcurso del mismo día 14 de octubre, fueron liberadas ocho personas. El resto fue liberado al día siguiente. Entre las personas detenidas se encontraban líderes de la oposición, periodistas y defensoras de derechos humanos como Suyen Barahona, Ana Margarita Vigil, Francisco Ortega y José Antonio Peraza, entre otros.
De manera particular, la CIDH manifestó preocupación por la detención de Haydée Castillo, defensora de derechos humanos beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la CIDH, detenida en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino cuando pretendía viajar para participar en una actividad organizada por la CIDH; así como por la detención de Allan de Jesús Cordero Ocón, de nacionalidad costarricense, quien fue privado de libertad junto con su esposa, Marcela M. Guzmán.
La CIDH condena enérgicamente cualquier tipo de impedimento impuesto para que una persona pueda ejercer su derecho a utilizar los mecanismos disponibles en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, o cualquier tipo de represalia o estigmatización que emprenda un Estado motivada por la participación o el accionar de personas u organizaciones ante los órganos del sistema interamericano, en ejercicio de sus derechos convencionales.
La CIDH viene observando con preocupación la persistencia del uso de la detención como forma de represión de la protesta social, así como la criminalización de personas que participaron en las diversas formas de manifestación pacífica contra el Gobierno de Nicaragua desde abril.
Ejemplos de estas situaciones son los registros de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, según los cuales el 24 y 25 de agosto se realizaron más de 50 detenciones arbitrarias, de las cuales más de la mitad correspondería a estudiantes que integran la Coordinadora Universitaria por la Justicia y la Democracia (CUJD), organización partícipe de la Mesa de Diálogo Nacional. Según información de público conocimiento, veinte personas integrantes de la CUJD fueron detenidas en un retén el 25 de agosto mientras se dirigían a participar en una manifestación que tendría lugar en Granada. De acuerdo con los testimonios recibidos por el Mecanismo, agentes de la Policía Nacional habrían trasladado a las y los jóvenes a la delegación policial de Jinotepe, donde habrían sido interrogados, fotografiados y registrados. Las personas detenidas relataron situaciones de malos tratos y demoras en brindar atención médica. Posteriormente, los y las estudiantes fueron trasladados a la Dirección de Auxilio Judicial de Managua (“El Chipote”) y liberados horas después sin que se les informara en ningún momento cuáles habían sido las razones de su detención. Entre las personas arrestadas se encontraban un adolescente de 17 años y Emilia Mello, documentalista de nacionalidad estadounidense y brasileña, quien fue deportada tras ser sometida por agentes policiales a varios interrogatorios y severas presiones psicológicas.
El 25 de agosto, en León, fueron detenidos los líderes universitarios Byron Corea Estrada, Christopher Nahirobi Olivas, Yaritza Rostrán Mairena, Luis Arnulfo Hernández, Levis Josué Artola, Juan Pablo Alvarado y Victoria Obando, mujer transgénero y activista de los derechos de las personas LGBTI, mientras participaban en una manifestación. Días después, las y los jóvenes fueron acusados por la Policía Nacional por los delitos de homicidio, incendio, secuestro, robo con intimidación, amenazas de muerte y terrorismo. Según información recibida por el MESENI, las audiencias en que esos cargos se formalizaron no fueron públicas, conforme al patrón ya registrado por la CIDH.
El 4 de septiembre, Arianna Moraga, Edwin Carcache, Grecia Rivera, Alejandro Centeno, Judith Mairena e Iskra Malespín, algunos de ellos con medidas cautelares otorgadas en su favor, fueron arrestados en las inmediaciones de la Carretera Sur, en la ciudad de Managua, sin ser informados sobre los motivos de su detención. Las mujeres fueron liberadas horas después; Alejandro Centeno permaneció detenido hasta el viernes 6 de septiembre y Edwin Carcache fue presentado por la Policía Nacional como responsable del asalto, destrucción y quema de una patrulla policial, entre otros delitos.
La CIDH también tomó conocimiento de la imputación del delito de terrorismo contra el mayor retirado Tomás Maldonado, tras permanecer detenido más de veinte días, sin tener acceso a un abogado. El 30 de agosto, Carlos Brenes, también militar en retiro, habría sido acusado de cometer el delito de terrorismo. El 7 de septiembre, Francisco Sequeira y Lenin Salablanca -quienes participaron en tranques que tuvieron lugar en el departamento de Juigalpa-Chontales- fueron presentados por la Policía Nacional como integrantes de un grupo terrorista. El señor Salablanca pasó más de veinte días en prisión sin que se le formulara cargo alguno.
Al respecto, la CIDH reitera que una detención es arbitraria e ilegal cuando se practica al margen de los motivos y en los casos que establece la ley y cuando se ejecuta sin la observancia de todas las formalidades procesales por las autoridades judiciales y policiales. En este sentido, el Comisionado Joel Hernández, Relator para los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad, indicó que “todas las detenciones practicadas de manera previa, durante o inmediatamente después de situaciones de protesta social y manifestaciones, deben cumplir de manera irrestricta con los principios y estándares consagrados en el derecho internacional de los derechos humanos”.
Asimismo, la CIDH constató nuevos actos de violencia en el contexto de manifestaciones de protesta en Nicaragua. El 2 de septiembre, durante la “Marcha de las Banderas”, el médico Carlos Fletes resultó herido por un arma de fuego disparada desde una camioneta que trasladaba a personas que exhibían emblemas progubernamentales. De acuerdo con información pública, el vehículo desde el que se realizó el disparo se habría resguardado, luego del ataque a la marcha, en las instalaciones del Distrito V de la alcaldía de Managua. Durante el desarrollo de esa manifestación, la Policía Nacional informó también sobre el asalto y quema de una patrulla por “sujetos encapuchados”. En la agresión resultaron heridos el agente de la Policía Nacional Melvin Antonio Romero Moraga y el Subinspector Harling José Echaverry Salazar. La CIDH reprueba los actos violentos que exceden la protesta la pacífica y urge a los manifestantes a abstenerse de usar la violencia en las protestas.
Asimismo, preocupa la expulsión del país del documentalista y periodista austríaco-estadounidense Carl David Goette-Luciak, ocurrida el 1º de octubre, sin haber sido acusado de ningún cargo y, por información a la que pudo acceder el MESENI, debido a publicaciones de su autoría donde realiza denuncias contra el Gobierno. Respecto de estos hechos, el Relator sobre Libertad de Expresión, Edison Lanza, ha señalado que “incluso en contextos administrativos o migratorios, las sanciones en contra de personas por la emisión de información u opiniones, están sujetas a las limitaciones propias del respeto a la libertad de expresión, que debe ser garantizada sin consideración a la nacionalidad de las personas que la ejercen”, por lo cual el Estado debe abstenerse de expulsar del país a personas extranjeras debido al uso de su libertad de expresión.
Sobre estos hechos, la Relatora para Nicaragua de la CIDH Antonia Urrejola indicó que “el Estado debe investigar todos los actos de violencia cometidos en el contexto de las protestas y manifestaciones, de manera imparcial y con la debida diligencia, y garantizar los derechos a la reunión pacífica y la libertad de expresión”.
Por otra parte, desde antes de las disposiciones de la Policía Nacional, la CIDH observa la persistencia de acciones tendientes a impedir el desarrollo de la protesta social mediante tácticas de hostigamiento, ejecutadas por un amplio despliegue de grupos progubernamentales que en ocasiones van armados y agentes de la Policía Nacional apostados en las rutas y lugares donde se desarrollan las manifestaciones, marchas y plantones. Esta situación habría obligado, en varias ocasiones, a suspender los actos de protesta o cambiar el recorrido de las movilizaciones. El 27 de agosto, en León, una manifestación que demandaba la liberación de los estudiantes detenidos fue suspendida debido a la convocatoria de una contramarcha para la misma hora y lugar. El 28 de agosto, manifestantes que participaban en un plantón que exigía la libertad de los estudiantes detenidos también en León, fueron agredidos por grupos progubernamentales. El 4 de septiembre, en Ticuantepe, integrantes de la Juventud Sandinista habrían bloqueado el paso de una marcha organizada en apoyo a profesoras que habrían sido despedidas arbitrariamente. El 9 de septiembre, grupos progubernamentales habrían realizado disparos con armas de fuego y agredido a manifestantes en Jalapa, Nueva Segovia, resultando heridas al menos dos personas. El mismo 9 de septiembre fueron canceladas manifestaciones convocadas en Carazo, León y Rivas por la fuerte presencia de grupos progubernamentales y agentes de la Policía Nacional.
Al respecto, el Comisionado Francisco Eguiguren, Relator sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, recordó que “la protesta social puede convertirse en el único medio que permite a sectores de la población y a grupos discriminados o marginados del debate público hacer escuchar sus reclamos y reivindicaciones sociales”. En tal sentido, “el Estado de Nicaragua debe adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el libre ejercicio del derecho de reunión y libertad de asociación, así como cesar la criminalización de activistas y líderes estudiantiles y sociales debido a que, por el rol protagónico que ocupan, puede tener por efecto el desincentivar el ejercicio de la protesta social”, añadió Eguiguren.
Igualmente, la CIDH observa con preocupación las agresiones y actos de hostigamiento cometidos contra integrantes de la Iglesia Católica en Nicaragua. El 3 de septiembre, el obispo de la Diócesis de Matagalpa, Rolando Álvarez, fue insultado y hostigado por grupos afines al Gobierno en un retén de la Policía Nacional, en presencia de agentes del Estado. El 9 de septiembre, elementos progubernamentales habrían irrumpido en la iglesia de La Merced, en Granada, insultando y amenazando al sacerdote que oficiaba la misa. En la misma fecha, el sacerdote Edwin Román Calderón, beneficiario de las medidas cautelares No. 660-18, fue agredido y hostigado por simpatizantes del Gobierno en las inmediaciones de la iglesia de San Miguel, en Masaya. La CIDH destaca que, desde el inicio de las protestas en el país, integrantes de la Iglesia Católica han sufrido una campaña de estigmatización por sus labores de protección a la integridad de las personas manifestantes y por su rol en el Diálogo Nacional. La CIDH llama al Estado de Nicaragua a garantizar y proteger la integridad no sólo de las autoridades y feligreses católicos sino de todas las personas.
Derechos de las mujeres
Por otra parte, la CIDH ha observado los efectos diferenciados que esta crisis tiene sobre los derechos de las mujeres. El MESENI ha tomado conocimiento con mucha preocupación de denuncias sobre casos de violencia sexual contra mujeres e incluso actos de violación en el contexto de la represión, y continúa monitoreando antecedentes sobre otros posibles casos y patrones de violencia contra las mujeres. El MESENI también ha documentado situaciones de hostigamiento por autoridades estatales en contra de las madres de personas detenidas; en base a estereotipos discriminatorios basados en su género, estas mujeres estarían siendo responsabilizadas de la violencia ejercida contra sus hijos al “no haber cuidado de la educación” de ellos. Asimismo, el MESENI recogió información de campañas de desprestigio, acoso y amenazas contra mujeres manifestantes y mujeres defensoras de los derechos humanos, al desafiar los estereotipos asimilados tradicionalmente a su género. Estas agresiones se extienden a sus hijos, hijas y a su núcleo familiar.
Algunas de las mujeres defensoras que han denunciado públicamente haber sido víctimas de estos actos fueron Azahálea Solís, abogada feminista y defensora de los derechos de las mujeres; Mónica López Baltodano, abogada y asesora de la Coordinadora Universitaria para la Democracia y la Justicia (CUDJ); Sandra Ramos Directora Ejecutiva del Movimiento de Mujeres “María Elena Cuadra”; y Haydee Castillo, directora del Instituto de Liderazgo de las Segovias, detenida el 14 de octubre y señalada en un video como responsable de actos de terrorismo y de asesinato. Todas son beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la Comisión.
La Comisión recuerda que el Estado de Nicaragua, en virtud de sus compromisos internacionales y de las disposiciones contenidas en la Convención Belém do Para, tienen la obligación de prevenir, investigar y sancionar todos los actos de violencia en contra de las mujeres en forma seria y diligente. En particular, el Estado nicaragüense tiene la obligación de actuar con debida diligencia para prevenir, castigar y erradicar todos los actos de violencia y discriminación ejercidos contra mujeres defensoras de derechos humanos. Al respecto, la Comisionada Margarette May Macaulay, Presidenta de la CIDH y Relatora sobre los Derechos de las Mujeres, afirmó que “Nicaragua debe tomar en cuenta que en el caso de las defensoras de derechos humanos, al riesgo inherente que encierra su labor, se suma la historia de discriminación estructural que han sufrido en razón de su género, lo que determina que en algunos contextos se vean expuestas a un riesgo incrementado de sufrir actos de violencia, amenazas, hostigamientos y otras vulneraciones a su derecho a vivir una vida libre de violencia”.
La CIDH recuerda asimismo que los Estados deben reconocer públicamente el rol fundamental que ejercen las defensoras de derechos humanos para garantizar el desarrollo de la democracia y del Estado de Derecho en la sociedad y adoptar las medidas necesarias para prevenir actos de violencia contra ellas. Además, la Comisión recuerda que los Estados deben incorporar un enfoque diferenciado en la protección, investigación, juzgamiento, sanción y reparación de todos los casos de violencia contra las mujeres, incluyendo perspectivas de género y étnico-raciales.
Niñas, niños y adolescentes
La cifra de 24 niñas, niños o adolescentes fallecidos en el contexto de las protestas ocurridas en el país es gravísima y refleja que no existe consideración por estándares apropiados en el tratamiento y cuidado de estas personas en contextos de protesta. El domingo 23 de septiembre, el adolescente Matt Andrés Romero, de 16 años de edad, murió por una herida de arma de fuego en el marco de las acciones de violencia ocurridas en la marcha “Somos La Voz de los Presos Políticos”.
En efecto, las niñas, niños y adolescentes representan un grupo afectado de forma particular por las diversas formas de represión y criminalización en Nicaragua. Entre los impactos negativos sobre la niñez, organizaciones de la sociedad civil denuncian acciones de adoctrinamiento político en algunas escuelas públicas; alteración de los horarios y calendarios escolares como consecuencia de la crisis; deserción escolar por el incremento del trabajo infantil, debido a dificultades económicas que afectan en particular a familias desplazadas y obligan a algunos niños, niñas y adolescentes a cuidar sus tierras, para evitar que sean tomadas. De igual manera, las niñas, niños y adolescentes habrían visto afectados sus derechos al descanso, el esparcimiento, el juego y la cultura debido a la presencia de agentes armados en las comunidades y en el espacio público.
Sobre este aspecto, la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Relatora de los Derechos de la Niñez, sostuvo que “resulta indispensable que las instituciones responsables de la promoción, la protección y la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia en Nicaragua actúen de manera oportuna e integral para garantizar a niñas, niños y adolescentes un ambiente libre de violencia, especialmente en el entorno escolar y comunitario”. Para que ese contexto tenga lugar, consideró “indispensable garantizar la articulación con todos los actores involucrados, incluyendo las voces de la sociedad civil y la opinión de niñas, niños y adolescentes”.
Por otra parte, la Comisión observa con preocupación las denuncias sobre casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos por agentes de seguridad del Estado en contra de niñas, niños y adolescentes. El 23 de agosto, un adolescente habría sido detenido por la Policía Nacional mientras se dirigía a la escuela para ser interrogado. Al negarse, uno de los oficiales habría desenfundado su arma y le habría apuntado, mientras otro lo tomaba del brazo para llevarlo a la estación policial, donde le habrían marcado, con la aguja de una jeringuilla, las iniciales FSLN en la parte interna de su brazo izquierdo. El MESENI registró detenciones en centros de reclusión donde personas adultas permanecen privadas de su libertad, en algunos casos, con largos períodos de detención de adolescentes sin formulación de cargos. Respecto a estos hechos, la CIDH llama al Estado de Nicaragua a iniciar una investigación inmediata, con la debida diligencia, para identificar a los responsables de estas detenciones en cada caso. Asimismo, la CIDH exhorta a Nicaragua a poner en práctica todas las medidas necesarias para evitar que se violenten los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
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En el marco de sus actividades de capacitación, el MESENI en terreno organizó tres talleres de formación, alcanzando el número de 77 personas capacitadas. El 29 de agosto fue impartido un taller sobre refugio y protección internacional a más de 40 personas, entre ellas, activistas, defensoras y defensores de derechos humanos. Los días 6 y 8 de septiembre se desarrollaron talleres sobre trata de personas, estándares internacionales y los mecanismos de monitoreo y protección del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos destinados a mujeres promotoras de derechos humanos.
La CIDH hace un llamado al Estado de Nicaragua para obtener información oficial relevante para el monitoreo y seguimiento de la situación de derechos humanos en el país conforme a sus obligaciones internacionales contraídas voluntariamente. Nuevamente, la CIDH solicita información sobre personas detenidas y procesadas, datos sobre personas fallecidas, así como sobre investigaciones llevadas adelante para el esclarecimiento de los hechos que se han producido en el país en el contexto de las protestas iniciadas en abril recién pasado. La CIDH reitera su solicitud de acceso a las cárceles del país así como a las agencias públicas pertinentes al seguimiento y monitoreo que desarrolla el MESENI en terreno.
“En el marco de las labores de monitoreo a la situación de los derechos humanos en el país y como parte de las obligaciones asumidas por el Estado de Nicaragua al ser parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es indispensable la autorización para acceder a cárceles y otras instancias oficiales”, manifestó el Secretario Ejecutivo, Paulo Abrão. También señaló que “una de las recomendaciones aceptadas de manera libre y soberana por el Estado en el marco del informe emitido por la CIDH tras su visita se refiere a la apertura al escrutinio internacional, mismo que deber garantizarse de manera efectiva a la Comisión y a su Mecanismo de Seguimiento a través de la respuesta oportuna de todas y cada una de las solicitudes de información elevadas al Estado”.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
