CIDH insta a Nicaragua a que deje en libertad a todos los presos políticos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó este lunes al Gobierno de Nicaragua a poner en libertad a más de 80 presos políticos que siguen detenidos como primer paso para el restablecimiento de las libertades individuales y la democracia en el país centroamericano.

El organismo presentó este lunes en Miami su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el país, un "diagnóstico preciso" en torno a la situación que vive Nicaragua, inmerso en una crisis social desde abril de 2018 y que según datos de CIDH se ha cobrado hasta el 30 de mayo 326 víctimas mortales, entre ellas 24 niñas, niños y adolescentes, así como 21 efectivos policiales.

Antonia Urrejola, relatora de Nicaragua en la CIDH, señaló en la presentación que entre las 4 recomendaciones generales y 43 específicas contenidas en el informe, destaca la necesidad de restablecer en Nicaragua "la plena vigencia del estado de derecho garantizando el principio de independencia y separación de poderes públicos".

"Pese al inicio de la mesa de negociación, persisten en el país las detenciones arbitrarias, actos de hostigamiento y persecución y, en general, un ambiente de represión", dijo Urrejola, y agregó que sigue pendiente la restitución de derechos como el de la libertad de asociación y de expresión.

Durante el mandato del actual ejecutivo en el país centroamericano bajo la Presidencia de Daniel Ortega, que para la CIDH tiene controlados el Poder Judicial y el Legislativo, se observa la "judicialización" de líderes y defensores de los derechos humanos, todo lo cual apunta a una tendencia "que busca silenciar, intimidar y criminalizar cualquier voz contraria a la postura del Gobierno", explicó la relatora durante una ponencia en un hotel de Miami.

El organismo advierte de la "intensificación" de ataques y detenciones contra periodistas, lo que es parte de una "fase de cierre de espacios democráticos" que constituye la "instalación de facto de un estado de excepción, caracterizado por el ejercicio abusivo de la fuerza pública", el encarcelamiento de voces disidentes y la clausura de medios de comunicación.

El diagnostico refleja que por primera vez en 25 años Nicaragua aparece en el Capítulo IV del informe anual de la CIDH, correspondiente a 2018, donde figuró por última vez en 1993, después de haber sido incluido el país en esa "lista negra" cada año desde 1982.

Según recoge el documento, el Ejecutivo nicaragüense ha rechazado el informe por considerar que adolece de falta de objetividad, imparcialidad y por su "manifiesto sesgo, reflejando intereses políticos desestabilizadores en contra del estado de Nicaragua".

Urrejola aludió a los más de 62.000 nicaragüenses que, según datos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), han debido de abandonar su país desde que estalló la crisis social.

Una crisis en la que también más de 700 personas han sido sometidos a procesos penales, 300 profesionales de la salud despedidos de manera arbitraria y 144 estudiantes universitarios expulsados como represalia, según los últimos datos del organismo.

Lester Alemán, joven estudiante y miembro de la Alianza Cívica, demandó en declaraciones a Efe la devolución de documentos y bienes de todos los presos políticos, a quienes les han sido retenidos hasta los pasaportes.

"Ortega quiere poner lápida a todos los que se manifiestan en contra", sostuvo Alemán.

Por su parte, Edwin Carcacha Dávila, de 28 años, y quien estuvo preso 9 meses en una "prisión de tortura" en Nicaragua, llamada Prisión de Máxima Seguridad y conocida como "la 300", dijo a EFE que ha estado retenido en condiciones infrahumanas "por el solo hecho de pensar diferente".

"Salí la semana pasada, estuve sin derecho a sol y solo con 3 litros de agua por semana. Nos golpearon, nos torturaron, durante ocho días era interrogado por hasta 4 horas. Precarias condiciones humanas, sin duda", dijo el joven, quien pidió que Ortega cumpla las promesas que extendió durante la mesa de diálogo.

El embajador Gonzalo Koncke, jefe del Gabinete del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), saludó en el encuentro la excarcelación de más de un centenar de presos políticos en mayo pasado, pero reforzó la necesidad de que todos sean liberados, así como de que se instauren "reformas institucionales profundas" en el país centroamericano.

Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 325 muertos, según la CIDH, aunque organismos locales elevan la cifra a 594 y el Gobierno reconoce 199.

El pasado domingo, la Policía nacional atacó la Catedral Metropolitana de Managua, que acogió ese día a cientos de manifestantes antigubernamentales en una misa de "acción de gracias" por la libertad de los que la oposición considera "presos políticos".

El Mecanismo de Seguimiento de Nicaragua (Meseni), de la CIDH, expresó a través de Twitter su rechazo a ese ataque de la Policía a la catedral, en donde, tras la eucaristía, se dio un enfrentamiento entre manifestantes opositores y agentes antidisturbios que dejaron al menos varios heridos leves.