La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió hoy al Estado de Nicaragua investigar cualquier acto de violencia conforme los estándares interamericanos de diligencia e imparcialidad, en el marco de la crisis sociopolítica que atraviesa este país y que ha dejado centenares de muertos.
"La @CIDH reitera a Nicaragua su obligación de garantizar la integridad de todas las personas. Asimismo, recuerda que cualquier acto de violencia debe ser investigado por el Estado con debida diligencia e imparcialidad, conforme a los estándares interamericanos", indicó ese organismo, en un mensaje en Twitter.
Pero el Gobierno de Nicaragua responsabiliza de las muertes ocurridas tras la crisis que estalló el 18 de abril pasado al "terrorismo golpista", en alusión a quienes protestan contra el presidente Daniel Ortega. Y no a los grupos gubernamentales y paramilitares al servicio del régimen.
La Policía Nacional, dirigida por Francisco Díaz, consuegro del mandatario, en sus comunicados oficiales también mantiene ese misma narrativa de que los muertos son "víctimas del terrorismo golpista".
Este sábado, el Gobierno, a través de su portal oficial digital El 19, reportó la muerte de Lenín Mendiola, hijo de la dirigente campesina Benigna Mendiola, y responsabilizó del crimen a "terroristas encapuchados que participaban en la marcha 'Pacífica' de la derecha golpista".
En tanto, la Policía indicó en un comunicado que "los disparos con armas de fuego fueron realizados por terroristas que participaban en la marcha mientras se desplazaban frente a las oficinas de la Alcaldía Municipal de Matagalpa (norte)". El documento oficial indica que un equipo técnico policial se encuentra realizando las diligencias investigativas para el esclarecimiento, la búsqueda y la captura de los criminales.
Al respecto, la CIDH lamentó esa muerte que se dio en el contexto
de las manifestaciones que tuvieron lugar ayer en Matagalpa.
Desde el pasado 18 de abril, Nicaragua está sumergida en una crisis sociopolítica que ha dejado, según diferentes organizaciones pro derechos humanos, entre 317 y 448 muertos, pero el Gobierno cifra las víctimas en solo 197, convirtiéndose así en la más sangrienta desde la década de los 80.
El cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes dijo hoy que están a la espera de una respuesta positiva por parte del Gobierno de Daniel Ortega para reanudar el diálogo con el que se espera encontrar una salida pacífica a la crisis que ha dejado centenares de muertos en el país desde abril pasado.
Brenes, también arzobispo de Managua, declaró a periodistas que han hecho gestiones para concertar una cita con el canciller, Denis Moncada, en su calidad de representante del Gobierno, para retomar el diálogo, junto con la gran alianza opositora.
"Estamos haciendo todas las gestiones posibles para que (el diálogo) sea lo más pronto posible", indicó. "Ojalá que tengamos las respuestas positivas para instalarnos de nuevo", agregó.
El diálogo, cuyos mediadores y testigos son los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, se instaló a mediados de mayo pasado, pero se ha desarrollado de forma intermitente y permanece suspendido desde el 25 de junio, cuando celebró su última sesión.
El presidente Ortega ha calificado a los obispos de "golpistas" y cómplices de las fuerzas internas y de los grupos internacionales que, a su juicio, actúan en Nicaragua para derrocarlo.
El 7 de junio, la Conferencia Episcopal propuso a Ortega que adelantara a marzo de 2019 las elecciones fijadas para 2021 y que renunciara a presentarse a la reelección, pero el presidente lo rechazó y opinó que la propuesta mostraba que los obispos estaban "comprometidos con los golpistas", según dijo el 19 de julio.
A mediados de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) alertaron de que miembros de la Iglesia católica estaban sufriendo ataques por su mediación en el diálogo y por proteger la integridad física de los manifestantes contra el Gobierno.
La Alianza Cívica, que aglutina a empresarios, sociedad civil, estudiantes y campesinos, envió esta semana una comunicación escrita a Ortega en la que le hace "un llamado urgente a retomar el camino para una salida pacífica y democrática, a cesar toda forma de violencia y a reinstalar el diálogo nacional con la Conferencia Episcopal como mediadora y testigo, con los garantes internacionales apropiados".
Las protestas contra el presidente Daniel Ortega se iniciaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra, y cientos de muertos, en los últimos meses, a manos de fuerzas al servicio de su régimen.
(Con información de EFE y redes sociales)
