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CIDH responsabiliza al Estado cubano por la persecución contra miembros de Cubalex

La CIDH emitió múltiples recomendaciones al Estado de Cuba, entre ellas reparar integralmente a las víctimas.
La CIDH emitió múltiples recomendaciones al Estado de Cuba, entre ellas reparar integralmente a las víctimas.

Sumario

  • El informe de fondo de la CIDH concluye que el Estado cubano violó múltiples derechos humanos de los integrantes de la organización, entre ellos los derechos a la privacidad, el debido proceso, la libertad de expresión, reunión, asociación, circulación y la protección contra la detención arbitraria.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizó al Estado cubano por la vigilancia ilegal, el hostigamiento, la represión y la detención arbitraria de abogados y trabajadores de Cubalex, en una decisión considerada histórica tras más de ocho años de litigio.

El informe de fondo de la CIDH concluye que el Estado cubano violó múltiples derechos humanos de los integrantes de la organización, entre ellos los derechos a la privacidad, el debido proceso, la libertad de expresión, reunión, asociación, circulación y la protección contra la detención arbitraria.

Asimismo, determinó que las autoridades provocaron daños físicos y psicológicos como represalia directa por la labor de defensa de los derechos humanos de Cubalex.

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En declaraciones a Martí Noticias, Alain Espinosa, abogado de la organización, explicó que "la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe de fondo y definitivo donde declara la responsabilidad internacional del Estado cubano por la persecución, hostigamiento y represión ejercidos de manera sistemática".

Espinosa señaló que el caso es el resultado de más de ocho años de litigio estratégico desarrollado conjuntamente por Cubalex y el Robert F. Kennedy Human Rights Center.

"Lo más importante es que esta decisión tiene su origen en las represalias que tomó el Estado cubano cuando Cubalex comenzó a cooperar con los mecanismos internacionales de derechos humanos, tanto del sistema universal como del sistema interamericano", indicó.

Según el abogado, desde su fundación en La Habana en 2010, Cubalex enfrentó obstáculos constantes por parte de las autoridades, que bloquearon su registro legal, desplegaron campañas de vigilancia y descrédito e impidieron su participación en foros internacionales.

La organización recordó que la represión alcanzó uno de sus momentos más graves en septiembre de 2016, cuando agentes de la Seguridad del Estado allanaron sin orden judicial la sede de Cubalex, ubicada en la vivienda de su directora, Laritza Diversent.

"Irrumpieron por la fuerza, confiscaron equipos, documentos de trabajo, sometieron a todos los integrantes a registros corporales e interrogatorios", relató Espinosa.

El abogado destacó que uno de los principales afectados fue Julio Alfredo Ferrer Tamayo, quien fue sometido a un proceso penal que calificó de arbitrario, permaneció encarcelado y posteriormente fue obligado al exilio, al igual que otros integrantes de la organización.

El comunicado conjunto de Cubalex y el Robert F. Kennedy Human Rights Center señala que la CIDH emitió varias recomendaciones dirigidas al Estado cubano, entre ellas reparar integralmente a las víctimas, investigar y sancionar a los responsables de los abusos, adoptar reformas legislativas y administrativas para impedir la repetición de estos hechos y crear condiciones para el retorno seguro de quienes fueron forzados al exilio.

"Las exigencias específicas incluyen reparar integralmente a todas las víctimas, evitar la repetición de estos hechos, reparar la imagen de las víctimas y de la organización, crear condiciones para que quienes fueron forzados al exilio puedan regresar al país sin represalias y sancionar a los responsables de estos abusos y a quienes garantizaron su impunidad", explicó.

La directora ejecutiva de Cubalex, Laritza Diversent, calificó la decisión como "una victoria histórica para las víctimas y para todas las personas que defienden los derechos humanos en Cuba", al considerar que confirma el patrón sistemático de persecución ejercido por el Estado contra quienes denuncian abusos.

Por su parte, Kerry Kennedy, presidenta del Robert F. Kennedy Human Rights Center, afirmó que el informe "expone la maquinaria represiva utilizada para silenciar a quienes defienden los derechos humanos en Cuba" y constituye un llamado a la comunidad internacional para exigir que el Estado cubano cumpla las recomendaciones de la Comisión.

Cubalex brinda asistencia jurídica gratuita y documenta violaciones de derechos humanos en la isla desde 2010. Tras el allanamiento de su sede y la salida forzada al exilio de la mayor parte de su equipo, la organización continuó su labor desde el exterior.

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