La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió este martes al Estado de Nicaragua cesar la represión y las detenciones arbitrarias ocurridas en el marco de la crisis sociopolítica que afecta a este país y que ha dejado casi 300 muertos desde el pasado 18 de abril.
"Es urgente e imperativo parar la represión y las detenciones arbitrarias, así como las nuevas formas de violaciones que están siendo identificadas", demandó Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua en la CIDH, al dar a conocer un informe parcial sobre su trabajo en este país.
Urrejola también lamentó el irrespeto a las medidas cautelares contra personas amenazadas y reiteró al Estado de Nicaragua la importancia de cumplir con la recomendación de garantizar la vida, integridad y seguridad de todas las personas que se están manifestando y ejerciendo sus derechos y libertades públicas y sufriendo las consecuencias del ambiente de represión.
La CIDH reportó además la muerte de 18 personas "que habrían fallecido de manera violenta en el contexto de represión actual y de múltiples personas heridas", durante la primera semana de trabajo del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), que acompaña el diálogo nacional, cuyo objetivo es superar la crisis en Nicaragua.
Las 18 personas habrían muerto entre el 24 y el 30 de junio, fecha en que el Meseni comenzó su misión en Nicaragua.
En este lapso el Meseni también "recibió información sobre hechos de represión selectiva, que se manifestaría en detenciones arbitrarias, allanamientos de viviendas en busca de personas que participaron en protestas y tranques (bloqueos)".
De la misma manera, la CIDH reportó la toma de tierras como "nueva tipología" de represión gubernamental.
"Dentro de este contexto, se ha recibido abundante información de personas que se están viendo forzadas a huir de sus hogares para esconderse en casas de seguridad en otras partes del país e incluso de múltiples casos de personas que están saliendo a otros países, en muchos casos para buscar protección internacional solicitando asilo", continuó.
La CIDH reconoció que el Gobierno de Daniel Ortega sí "ha avanzado" en cumplir con 3 de sus 15 recomendaciones para respetar los derechos humanos, como son crear un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Nicaragua), invitar a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), y aceptar la presencia del Meseni.
La CIDH anunció este lunes que Amerigo Incalcaterra (Italia), Claudia Paz y Paz (Guatemala), Pablo Parenti (Argentina) y Sofía Macher (Perú) serán los expertos que coadjuvarán en la investigación sobre los hechos de violencia en Nicaragua y se instalarán este martes.
"Con nuestra fe, hermanos, estamos venciendo, estamos llenando nuestra Nicaragua de esperanza, estamos proclamando la hermandad, la fraternidad, y la restauración, la restitución de las rutas de prosperidad en nuestra Nicaragua", dijo la vicepresidenta de Gobierno, Rosario Murillo, en alusión a la crisis.
En tanto, la Alianza Cívica, la contraparte del Gobierno en el diálogo, convocó a nuevas manifestaciones en las calles contra el Ejecutivo "para mantener viva la lucha cívica y reclamar el derecho constitucional de protestar de forma pacífica".
La Alianza citó a los nicaragüenses a realizar este miércoles un plantón por más de dos kilómetros de extensión entre el centro y sureste de Managua, y una marcha en cada ciudad de Nicaragua denominada "Juntos somos un volcán".
La Alianza espera que la presión en las calles ayude a que avancen las negociaciones en la mesa del diálogo con el Gobierno, que hasta ahora ha cedido poco en temas de derechos humanos y casi nada en el tema central de democratización, que incluye una propuesta de elecciones adelantadas.
Tanto la CIDH como la ACNUDH han responsabilizado al Gobierno de graves violaciones a los derechos humanos.
Las violaciones incluyen "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país", según la CIDH, lo que ha sido rechazado por el Gobierno.
Nicaragua cumplió este lunes 76 días de la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente.
Las protestas contra el Gobierno comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
(EFE)
