Un tribunal del estado de Texas acoge desde el jueves el juicio por la demanda presentada por 21 estados republicanos contra el Programa de Parole Humanitario del gobierno del presidente Joe Biden, que ha permitido la entrada de unos 180 mil migrantes de Cuba,Venezuela, Nicaragua y Haití a Estados Unidos en menos de un año.
El juicio debe concluir este viernes pero no se espera que el juez federal de distrito, Drew Tipton, se pronuncie inmediatamente sobre la legalidad del programa de libertad condicional humanitaria. Una decisión podría llegar dentro de meses.
Lo que está en juego es si el gobierno federal puede continuar con el programa que permite la entrada a Estados Unidos de hasta 30.000 personas cada mes desde Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
El gobierno argumentó que este proceso ha contribuido a la "reducción de las detenciones" de migrantes de estas cuatro nacionalidades en la frontera y a desincentivar "rutas peligrosas" de migración hacia Estados Unidos.
Añadió que si se llegara a eliminar, habría un "aumento significativo de la migración en la frontera suroeste" del país.
Los estados demandantes, sin embargo, consideran que la administración Biden ha creado su propio programa de inmigración que opera al margen de la ley y que a su vez les ha obligado a gastar "cientos de millones de dólares" de fondos públicos en educación, salud y apoyo legal para los beneficiarios del programa.
A finales de julio, más de 72.000 haitianos, 63.000 venezolanos, 41.000 cubanos y 34.000 nicaragüenses habían sido examinados y autorizados a venir a Estados Unidos a través del programa, según cifras oficiales.
La demanda no se opone al uso de la libertad condicional humanitaria para decenas de miles de ucranianos que llegaron después de la invasión rusa.
Un fallo en contra del programa no afectaría a las personas que ya están en el país, pero sí a quienes ya presentaron sus solicitudes y están en la lista de espera, ante la expectativa de que el gobierno les dé un permiso para venir a Estados Unidos según explicó a la agencia EFE Yael Schacher, directora para las Américas de Refugees International.
"Si el programa se congela, se dejarán también de procesar las solicitudes", subrayó la experta.
El programa de libertad condicional se inició para venezolanos en el otoño de 2022 y luego se amplió en enero.
Las personas participantes deben presentar su solicitud en línea, llegar a un aeropuerto y contar con un patrocinador. Si se aprueba, pueden permanecer dos años y obtener un permiso de trabajo.
Otros programas que la administración ha implementado para reducir la inmigración ilegal también han enfrentado desafíos legales.
(Con información de EFE y Prensa Asociada)
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