Un contrato millonario entre la compañía holandesa Damen Shipyards y el gobierno de Venezuela, que involucra a Cuba, podría ser una de las razones detrás de la decisión del reino de Holanda para liberar al general venezolano Hugo Carvajal, reclamado por Estados Unidos por sus vínculos con la narco guerrilla de las FARC, quien fue detenido en Aruba la pasada semana.
En un extenso reportaje que publica copias de esos contratos, valorados en 409 millones de dólares el sitio digital La Patilla, atribuye a intereses y negocios comerciales la decisión de la Cancillería holandesa de reconocer la inmunidad diplomática de Carvajal, 72 horas después de su arresto alegando que carecía de la misma.
Aruba había justificado previamente la detención practicada el miércoles alegando que Carvajal no tenía inmunidad diplomática porque su cargo de cónsul no había sido aprobado por la cancillería holandesa, que maneja los asuntos exteriores de su ex colonia ubicada frente a Venezuela.
El canciller Frans Timmermans tuvo dos puntos de vista diametralmente opuestos, afirma el reportaje y se pregunta: ¿En qué coopera Venezuela con Holanda? ¿Qué pudo haber influido en tan enigmática decisión?
Una respuesta podría ser la construcción de 38 embarcaciones para Venezuela a través del convenio existente con el grupo holandés Damen Shipyards, en sus astilleros localizados en Santiago de Cuba, República de Cuba, y en Vietnam, así como en la Unidad Naval Coordinadora de los Servicios de Carenado, Reparaciones y Mantenimiento de Casco, Equipos y Sistemas de Buques de la Armada (Ucocar) cuyas instalaciones están ubicadas en la base naval Contralmirante Agustín Armario de Puerto Cabello, Venezuela.
El anuncio de ese contrato lo hizo el pasado mes de abril el comandante general de la Armada, almirante Gilberto Pinto Blanco, en declaraciones al diario Notitarde de Valencia. Según el almirante el acuerdo incluye la construcción de ocho buques multipropósito de transporte con capacidad de carga de hasta 900 toneladas, 12 patrulleros de 60 metros y 18 lanchas rápidas de interceptación que serán distribuidas en los territorios insulares.
Resoluciones del Ministerio del Popular para la Defensa, citados por La Patilla, muestran que los contratos adjudicados a la empresa Damen en el primer semestre de 2014 para la construcción de 38 embarcadiones totalizan $469 millones de dólares.
“Los contratos fueron sin licitación internacional abierta, sino por adjudicación directa a la empresa holandesa, que desplaza así a la española Navantia como la proveedora consentida de la Armada. La particularidad de los contratos, es que el grueso de los trabajos se construcción se realizarían en la isla de Cuba, constituyéndose en un “tubo” a través del cual se amplían los subsidios del gobierno venezolano al gobierno de los hermanos Castro”, aseguró el reportaje.
El lunes el fiscal general de Aruba, Peter Blanken, denunció presiones militares y económicas de Venezuela sobre esa isla y la de Curaçao para que Holanda liberara al general Carvajal, según informó el diario The Wall Street Journal.
Blanken dijo que Venezuela amenazó con cortar sus vitales lazos comerciales y enlaces aéreos con Aruba y Curaçao, mientras que barcos venezolanos rodearon ambas islas durante el pasado fin de semana, cuando Holanda debatía qué hacer con Carvajal.
"No sabemos cuáles eran sus intenciones, pero creo que mucha gente en Aruba estaba asustada por lo que podía ocurrir", dijo el fiscal general.
La portavoz del ministerio de Exteriores de Holanda, Annemijn van den Broek, confirmó The Wall Street Journal que barcos venezolanos se aproximaron a las islas pero que el gobierno de Nicolás Maduro ya aclaró que los navíos volvían simplemente de un ejercicio naval.
La portavoz declinó comentar las supuestas presiones venezolanas que señala Blanken y reiteró que la decisión de liberar a Carvajal responde solamente a razones legales.
“Estamos alarmados por reportes creíbles que indican que el Gobierno venezolano amenazó a los Gobiernos de Aruba, de Holanda, y otros para obtener este resultado”, dijo el Departamento de Estado. “Ésta no es la manera en que temas de la ley deberían ser manejados”, agregó la portavoz del Departamento de Estado Jen Psaki, sin precisar los reportes ni detallar en qué consistieron las amenazas.
