El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, aseguró este miércoles que el Estado se propone “recuperar” la gestión de divisas en el país y para ello intervendrá el mercado cambiario, ya que este constituye una de las principales “distorsiones” que enfrenta la economía cubana.
"El mercado cambiario es una de las distorsiones principales que está enfrentando la economía y no es de diseño. Nosotros no diseñamos ese mercado cambiario que está operando en el país, pero una parte importante de las divisas que adquieren los no estatales lo hacen en ese mercado", dijo y aseguró que esto es algo que tienen que “ordenar”.
Para el economista Pedro Monreal, lo que están tratando es de “encubrir el mal diseño del ordenamiento que hizo necesario ese mercado informal”. En ese sentido, aclaró que el hecho de asumir que este “no forma parte del sistema financiero nacional es un obstáculo para avanzar hacia un mercado formal de cambio funcional. Es primitiva la idea de que un mercado de cambio es una aspiradora de divisas para la empresa estatal”.
Gil hizo estas declaraciones apenas una semana después de que el primer ministro Manuel Marrero Cruz informara durante su intervención en la plenaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular que planeaban “tomar el control” sobre el mercado cambiario de divisas a partir de enero de 2024.
El funcionario adelantó que el Gobierno modificaría la tasa oficial del cambio del peso con respecto al dólar, que desde 2021 se mantiene en 24 pesos por dólar para las personas jurídicas y en 120 CUP para las personas físicas, mientras en el mercado informal ha alcanzado hasta los 280 CUP.
"La tasa de cambio en Cuba ha sido fija con controles, y solo en el mercado informal se asemeja a un esquema flexible donde la oferta y demanda afectan el valor del peso cubano”, apuntó el medio independiente elTOQUE, que calcula diariamente el valor del dólar y el euro en el mercado no estatal. El propio régimen ha reconocido que no tiene suficiente efectivo para satisfacer las demandas de la población en su bancos y en la red de cajeros automáticos.
La nueva política forma parte de un paquete de medidas que pretende, según las autoridades, la "estabilización macroeconómica" de una economía en crisis.
Tras las críticas recibidas, Gil reconoció que son conscientes de que estas podrían empeorar la situación pero insistió en que a largo plazo ayudarían.
“Sabemos que algunas medidas pueden acentuar algunas de las problemáticas que tenemos hoy, pero que nos permitirán en el mediano plazo ir corrigiendo las distorsiones y avanzar más aceleradamente en la economía, para bien del pueblo, de todos los cubanos, y para avanzar en nuestro sistema social”, dijo.
“Las proyecciones no permiten comprender cómo en 2024 pudiera producirse un crecimiento de salarios y pensiones más rápido que el aumento de la inflación, que sería la evidencia clave de que la corrección de distorsiones no se haría a costa de los trabajadores”, cuestionó Monreal en la red social X.
Aunque el ministro negó que el paquete de medidas anunciado tenga un carácter neoliberal, Monreal aclaró que no tiene que serlo “para producir efectos parecidos".
Esto “sucede cuando salarios y pensiones se retrasan respecto a la inflación, deteriorando el poder adquisitivo de manera amplia”, apuntó. Para el especialista, la solución no se trata de corregir “distorsiones”, “sino de corregir decisiones de política economía erradas y obsoletas”.
Esta semana la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) emitió un comunicado acerca de la nueva política económica impulsada por el régimen a la que calificó como "un ataque directo a la familia cubana".
Para la organización, el Gobierno "debiera dejar de creer que la empresa estatal socialista será la solución a sus males. Si algo mantiene el déficit financiero son las empresas propiedades del Estado, la mayoría de ellas irrentables ".
“El pueblo cubano no necesita más planes de justificación, necesita solución a los problemas generados por 64 años de caprichos políticos que han dividido a la familia cubana y convertido en indigentes a los 10 millones de cubanos, concluyó el documento que propuso al régimen “desmontar al conglomerado monopólico GAESA, responsable de la improductividad insular".
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