En un acto que se podría catalogar de legalmente aberrante y que parece escrito por asaltantes de barrio, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emite un dictamen que pretende dejar fuera del control parlamentario al poder judicial y electoral.
Según esta resolución, el Parlamento venezolano sólo podrá ejercer tarea de control en lo relacionado al poder ejecutivo, no sobre el resto de la jurisdicción pública y mucho menos sobre el Tribunal.
Calamitoso pero normal. Este movimiento deja en evidencia la falta de institucionalidad del sistema político venezolano y muestra, además, que para los magistrados, de mayoría chavista, es mucho más importante que prevalezca el proceso político y la "revolución bolivariana", que el mandato constitucional.
La sentencia no tiene sentido, es violatoria de la constitución y, por lo tanto, es deber de la Asamblea Nacional tomar las medidas pertinentes para no permitir que se limite su accionar.
Venezuela está a merced de un poder ejecutivo con claro espíritu antidemocrático.
Lo sabemos, para el chavismo, las elecciones son democráticas única y exclusivamente cuando ganan ellos. Aún circula en las redes sociales el caso del alcalde metropolitano Antonio Ledesma que, tan pronto ganó las elecciones, le fueron arrebatadas sus funciones en la alcaldía, por un nuevo invento, llámese institución, surgido de la nada, que respondía directamente al Presidente de la república.
Pero desde entonces ha corrido mucha agua; el cónclave venezolano de hoy cuenta con mayoría opositora.
Se supone que quien tomó esta decisión, o sea, la sala constitucional, sabe que una resolución de ese tipo podría ser ignorada por la Asamblea Nacional y quedaría sin efecto.
El Parlamento puede no acatar la ordenanza por inconstitucionalidad.
Y no sería la primera vez, si repasamos la historia, vemos que existe un precedente que el señor Henry Ramos Allup pudiera utilizar a su favor para revocar esta sentencia y reconquistar los poderes que corresponden desde la Constitución:
En el año 2007, la Asamblea Nacional, en aquel momento presidida por Cilia Flores, ignoró una disposición impuesta por el Tribunal Supremo que también intentaba limitar sus derechos. Igual puede suceder ahora.
¿Por qué, entonces, la sala constitucional del TSJ, toma esta decisión tan arriesgada sabiendo que no es constitucional?
La respuesta es conocida, los dictadores son muy predecibles.
El Gobierno de Nicolás Maduro, con tal de fortificar al poder ejecutivo y, de paso, resguardarse a sí mismo, necesita crear un conflicto que parezca un choque de poderes, que no augure ningún parabién, y así atrapar la atención de nativos y foráneos, para que temas de más importancia como el encarecimiento, la pobreza, la criminalidad y la energía eléctrica, queden relegados a un apenas imperceptible segundo plano.
El presidente Maduro pretende falsear, más bien borrar, que debido a su pésima gestión, el servicio eléctrico nacional podría colapsar en abril y dejar sin suministro de energía al 70% del país; que la escasez de medicamentos y alimentos aumentará a niveles de angustia; y que ha convertido al país en el reino de la calamidad donde impera el caos y la inseguridad.
