Carlos Roberto Reyes Consuegra es un sindicalista independiente que lleva plantado nueve días en huelga de hambre porque va para dos meses y medio (73 días) con una restricción de movimiento que le impide salir del municipio Cruces, en la provincia de Cienfuegos y está acusado de “usurpación de funciones públicas”.
Reyes, delegado provincial de la Asociación Sindical Independiente de Cuba en Cienfuegos, se ha convertido en un traductor entre los problemas que tienen la gente de su barrio y el endemoniado entramado burocrático en Cuba. Se dedica a ayudarlos a redactar reclamaciones y quejas y a asesorar a sus vecinos ante casos de litigios laborales.
Por estas cosas la Seguridad del Estado lo ha visto como un tipo incómodo y el pasado 30 de enero, en un registro que le hicieron en su vivienda, le ocuparon “dos laptops, dos memorias, una cámara de video, una máquina de escribir” y lo llevaron seis horas a un intenso interrogatorio, según contó este lunes al programa Contacto Cuba de Radio Martí.
“Me quieren acusar de usurpación de funciones públicas, algo que yo no hago. Yo realizo reclamaciones amparadas en el Artículo Séptimo: Deberes, derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos”, dijo Reyes, quien se apoya en lo estipulado en la Constitución de la República de Cuba.
Ni representa a los ciudadanos ni cobra por esta asesoría, pero asegura que un oficial llamado ‘Ricardo’ lo amenazó y le advirtió que podía ser multado o sancionado con penas de 1 a 3 años de privación de libertad.
"Yo le dije que me podía morir y esta es la respuesta que le estoy dando a él en este momento”, aseguró el sindicalista.
Reyes Consuegra, de 62 años de edad, hasta 1998 trabajó como obrero del Combinado Cárnico en Palmira. Entonces estudió empíricamente las leyes laborales, económicas y penales del país. A partir de ese momento, la gente empezó a acercársele y pedirle consejos.
Los responsables
El proyecto comunitario es una especie de consultoría social, que lleva el nombre de “Emeterio Sandalio de Santovenia y Echaide”, un notario público e historiador que llegó a ser Ministro de Estado en el gobierno de Fulgencio Batista en 1943.
Reyes, acusado informalmente de usurpar una función “para la que no está facultado” como le dijeron oficiales de la policía política, acusa a su vez a quienes considera autores directos de la represión a que hoy está sometido.
“Estoy acusando a los oficiales ‘Ricardo’ y ‘Raúl’ por los daños que esto me pueda ocasionar; al Departamento 21 de la Seguridad del Estado por la violaciones cometidas, ya que en el registro no había testigos sino oficiales del Ministerio del Interior… al gobierno de Cuba y el presidente Raúl Castro Ruz, por permitir que a un ciudadano cubano (…) le estén violando sus derechos”, señaló el sindicalista.
Un proyecto para la gente
Reyes Consuegra asegura que su casa es visitada cada día por varios lugareños, intentando esquivar los golpes de la administración estatal y la mano larga de la impunidad policial.
La Consultoría funciona a toda hora, incluso en el momento en que Reyes conversaba para Radio Martí, una vecina acababa de darle la noticias sobre unos materiales de construcción que le habían facilitado después de cartas y exigencias redactadas de ese centro independiente.
Otros casos en los que ha colaborado:
Fidel Rodríguez Bordera. Intentaron rescindirle el contrato de tierras en usufructo luego de diez años de cultivo ininterrumpido. A través de la consultoría se hizo la reclamación formal al Ministerio de la Agricultura y a inicios de 2017 le devolvieron la titularidad.
Margarita González Fernández. Tenía una pensión insuficiente para sus gastos personales. Su hijo sufrió un derrame cerebral cuando laboraba como profesor para estudiantes extranjeros en Matanzas. Les pagaban solo $200.00 pesos en moneda nacional “y dormía en un bastidor roto, con ladrillos en el piso”. Luego de las reclamaciones hechas, “les aumentaron la chequera y le dieron (una) cama”.
Nancy Agüero Moya. Expulsada de su centro de trabajo, “obligada a jubilarse a la fuerza”. Después del reclamo legal “le devolvieron $734.00 pesos que le habían dejado de pagar”.
Según informó Reyes a Martí Noticias, en la tarde del martes otro oficial de la Seguridad, identificado como Arnaldo, había contactado a su ex esposa y un hijo suyo para que lo convencieran de abandonar la protesta.
Ofensiva contra sindicalistas independientes
La Asociación Sindical Independiente de Cuba, dirigida por el ex prisionero político de la Causa de los 75, Iván Hernández Carrillo denunció la detención de tres sindicalistas que debían participar en un evento en Colombia y no pudieron viajar.
Se trata, según dijo Hernández Carrillo, de Ana Rosa Ledea Ríos (La Habana), Iván Monteagudo Rivero (Las Tunas) y Alejandro Sánchez Saldívar (Cabañas, Artenmisa), los tres deberían asistir al Congreso de la Alternativa Democrática Sindical de las Américas, que tiene lugar en Bogotá entre el 16 y el 20 de abril.
Ledea Ríos dijo a Contacto Cuba que salió de su casa el domingo aun con las prohibiciones verbales por parte de la policía, y a mediación de la calle la llevaron a la unidad policial de la calla Zanja en la capital cubana, allí la retuvieron por varias horas hasta que saliera el vuelo hacia Colombia.
Otro tanto sucedió con Monteagudo Rivero. “Dos agentes de la policía política amenazaron a la madre con encarcelar a su hijo y otras amenazas. La madre sufrió un infarto al miocardio, fue ingresada en el hospital provincial por varios días”, refirió Hernández Carrillo.
El sábado 15 de abril Iván Monteagudo fue detenido cuando salía de visitar a la madre y liberado en la tarde del lunes. La respuesta de los oficiales de la Seguridad fue que lo hicieron para impedirle viajar al exterior.
Sánchez Saldívar tampoco pudo viajar siquiera a La Habana, de donde partiría hacia Colombia.
Hernández Carrillo recibió este lunes 17 de abril la visita de una funcionaria municipal de la Dirección de Finanzas y Precios quien le notificó que una multa de $30.00 en moneda nacional que le impusieron en octubre de 2016 se le había duplicado.
Iván Hernández afirmó que él fue el detenido y golpeado por agentes de la Seguridad ese 3 de octubre y que no va a pagar por un delito que no ha cometido.
“Se trata de una ofensiva para descabezar el movimiento sindical cubano (independiente), que está en Cuba, tiene sus raíces, vive aquí y va a seguir viviendo dentro de Cuba a pesar de la represión”, concluyó Hernández Carrillo.
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