Las armas de fuego aparecen involucradas cada vez más a menudo en la ocurrencia de delitos en Cuba, donde el control estricto del Estado sobre el armamento, y todo tipo de materiales letales, prohíbe su comercialización.
“Ciertamente es considerable el aumento del uso de armas de fuego en la comisión de delitos. No sucede, demasiado, en los asesinatos, en los cuales los asesinos prefieren utilizar armas blancas -son las armas más comunes en el entorno cubano-, pero sí sucede, por ejemplo, en asaltos y robos”, señaló en conversación con Martí Noticias el investigador del Observatorio Cubano de Auditoria Ciudadana, José Manuel González Rubines, Máster en Democracia y Buen Gobierno, asentado en Madrid.
En la madrugada del 8 de marzo, en Camagüey, Osmany Trujillo murió por un disparo de arma de fuego de fabricación casera, explicó a nuestra redacción un familiar cercano a la víctima que pidió no ser identificado.
El hecho se produjo durante el asalto de una banda de delincuentes a la Empresa Mayorista de Productos Alimenticios ubicada en el Consejo Popular Brasil, del municipio Esmeralda, donde trabajaba Trujillo, de 58 años de edad.
De acuerdo con nuestra fuente, los implicados en la agresión ya fueron capturados.
“Debo destacar en esto algo que parece curioso, y es que, muy eventualmente, las armas se disparan. Por lo general, son utilizadas solamente como elemento disuasorio, por lo cual no podemos tampoco decir que ni siquiera sea un ama de fuego real; o sea, es un ama de fuego que se usa de manera disuasoria, no se detona. Quizás no tenga munición, quizás no sea real, quizás no funcione. Es muy difícil poder afirmarlo”, indicó el especialista.
“Lo que sí se puede afirmar es que existe, se ve un aumento en los delitos en los cuales están involucradas armas de fuego, muchas veces con factura artesanal, armas de fuego que muchas veces las personas denuncian que han sido sustraídas del sistema estatal, ya sea por bajas, por robo o por pérdidas, o que han entrado al país de manera ilegal”, agregó.
El Código Penal cubano castiga con privación de libertad de hasta 10 años la portación y tenencia ilegal de armas y explosivos.
“Establece diferentes sanciones en dependencia de la acción típica. Por ejemplo, quien adquiera, porte o tenga en su poder un arma de fuego, o sus piezas o componentes, sin autorización legal, puede ser sancionado a privación de libertad de dos a cinco años”, detalló Giselle Morfi, jefa del equipo legal del centro de asesoramiento jurídico Cubalex.
“Otra de las conductas típicas que castiga es la de fabricar el arma, venderla, traficarla o incluso facilitarla o, sus piezas o componentes; la sanción que se establece es de tres a ocho años de privación de libertad”, añadió.
La abogada expuso que las penas son de tres a ocho años de privación de libertad por la tenencia ilegal del arma y de cuatro a 10 si el delito involucra la fabricación, la venta o el tráfico de estas armas.
Por otro lado, aunque la persona tenga autorización legal para poseer el arma de fuego, si la está portando “en un lugar o en un momento que está prohibida por la ley, puede ser sancionada a privación de libertad de seis meses a dos años, o multa de 200 a 500 cuotas”.
Igualmente, si la persona autorizada legalmente, la presta o facilita a otra, incurre en una sanción de uno a tres años de prisión o altas multas.
Cuba asegura que tiene mecanismos de inspección escrupulosos para garantizar la seguridad de los arsenales, no obstante, muchos retirados de las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias) y del MININT (Ministerio del Interior) atesoran en sus casas el arma que portaban durante el servicio. Incluso, algunos altos cargos del Partido Comunista y del Gobierno tienen permiso para llevarlas.
“Quisiera resaltar que en el monitoreo de delitos cometidos a lo largo del año 2024, del mismo modo que se hizo en el año 2023. Nosotros no contabilizamos las veces en las que se cometieron delitos en los que estuvieron involucradas armas de fuego. Probablemente, sea una asignatura pendiente, pero en este momento no está contabilizado”, precisó González Rubines en referencia al Informe de Inseguridad Pública 2024, producido por el Observatorio Cubano de Auditoria Ciudadana con el auspicio de la organización Cuba Siglo XXI.
“¿Quiere decir esto que existe un mercado en Cuba? Posiblemente. Existe un mercado de armas de fuego, pero es una investigación que todavía está por realizar. Lo que sí es un hecho es cómo circulan armas de fuego en el país”, recalcó el experto.
Cuba tendría una de las tasas más bajas de posesión de armas de fuego por parte de civiles del mundo, pero sin las estadísticas es difícil afirmarlo categóricamente. No existen registros públicos sobre la cantidad y tipo de armas que circulan en el país, o las muertes causadas por estas.
“La delincuencia y lo que sí ya podríamos estar llamando el crimen organizado dentro de Cuba, va haciéndose de armas de fuego”, acotó, desde La Habana, el analista político, Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC).
“Eso es muy preocupante, porque indica dos cosas: primero, que la delincuencia está dispuesta a todo, no es ya solo la delincuencia de sobrevivencia, sino es la delincuencia lucrativa; segundo, que parece haber alguna brecha en los inventarios del propio gobierno, porque aquí, definitivamente, no se hacen armas en 3D, eso es para países desarrollados”, subrayó el opositor.
El último inventario de armas de fuego en Cuba del que se tiene noticia ocurrió en el año 2010, cuando el Ministerio del Interior de Cuba ordenó el registro de todas las armas de fuego en manos de la población.
Las autoridades cubanas no son transparentes sobre los mecanismos de control de las armas de militares fallecidos, incapacitados o que abandonaron el país. Tampoco de las escopetas que poseen algunos campesinos y cazadores con licencia.
A pesar de la inapelable prohibición sobre la tenencia de armas de fuego, en los últimos años han salido a la luz pública hechos violentos en los que se usaron.
A principios de diciembre de 2024, en el municipio de Colón, Matanzas, fue detenido un presunto ladrón que utilizó un arma de fuego en el robo a una vivienda.
A principios de febrero de 2025, la policía detuvo a un cubano por tener varias armas y municiones dentro de su vivienda, ubicada en el barrio Los Pinos, municipio habanero Arroyo Naranjo: “una escopeta perle moderna con mira óptica, una escopeta calibre 22, y más de 150 cartuchos de diferentes calibres”.
Además, había un cinturón porta cartucho con 27 balas, otro con 18 vainas, y un buen número de estuches y pistones de escopeta.
También en febrero de este año, en Marianao, La Habana, dos delincuentes provistos con un arma larga asaltaron a un mensajero y le robaron su moto.
La Aduana General de Cuba ha aceptado un aumento de intentos de entrada de armas al país, sin embargo, no ha proporcionado cifras exactas.
Mientras, los observatorios de género han verificado, dentro de los feminicidios compilados, crímenes llevados a cabo con armas de fuego. El primero de este tipo públicamente documentado ocurrió en Guantánamo, cuando la joven Damaris Rodríguez Domínguez fue asesinada por su pareja, un policía de tránsito, que disparó también al paramédico que la acompañaba.
Del mismo modo, el asesinato de Rosmery Ponce, en el poblado de Güines, Mayabeque, se ejecutó con arma de fuego. Ambos feminicidios, en 2023.
Recientemente, la Resolución 9 del 2024 autorizó el uso de armamento para incrementar la “seguridad y protección física de las zonas de producción agropecuarias, de inversiones constructivas y de montaje, y otras áreas urbanas y rurales de interés para la defensa, que forman parte del patrimonio estatal administrado" por el MINFAR.
Cuesta Morúa anunció que, debido al peligro que representa para la sociedad cubana el fenómeno, con prontitud abordarán su estudio y difusión en Shanti, una estrategia contra todos los tipos de violencia en Cuba, impulsada por el CTDC.
“En la quiebra del tejido social cubano, proliferar la violencia con armas de fuego ya supone otro nivel de peligro y de desintegración de la sociedad que hace falta atender. Las autoridades tienen mucha capacidad para reprimir a actores pacíficos; absolutamente ninguna, para reprimir a actores violentos”, recalcó el también historiador.
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