En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representantes del centro de asesoramiento legal Cubalex denunciaron las graves condiciones de presos que padecen de discapacidades psicosociales en las cárceles cubanas.
Laritza Diversent, directora ejecutiva de la organización, dijo que en Cuba “el encarcelamiento va más allá de la mera privación de la libertad, sino que representa la privación de derechos humanos básicos y dignidad”. Agregó que es aún mas grave para las personas con discapacidades psicosociales, que “son abandonadas en un sistema penitenciario que prioriza el castigo sobre la rehabilitación”.
La CIDH abordó el caso cubano durante la sesión “Cuba: Derechos de las personas privadas de libertad con discapacidad intelectual” que se efectuó el 3 de marzo durante el 192º Período de Sesiones que concluye el día 7.
Diversent explicó que las personas con discapacidad psicosocial son confinados en celdas sin ventilación, sin luz natural y sin contacto humano durante periodos prolongados.
"Este castigo no responde a criterios médicos, sino a la conveniencia de las autoridades penitenciarias, quienes usan el aislamiento como herramienta de tortura psicológica", dijo. "Casos documentados revelan un patrón alarmante de suicidios y autolesiones en prisión”.
La abogada explicó que “las personas con enfermedades mentales no reciben el diagnóstico ni el tratamiento adecuado y el acceso a medicamentos psiquiátricos es escaso”.
El Código Penal cubano establece que una persona con discapacidad psicosocial no puede cumplir condena en prisión, sino en hospitales especializados. Sin embargo, “en la práctica esto no se cumple debido a la falta de psiquiatras en las prisiones”, dijo la experta.
Por su parte, Giselle Morfi, jefa del equipo legal de Cubalex, aclaró que “el sistema carcelario en Cuba refleja una crisis estructural que impacta gravemente a las personas con discapacidad psicosocial, sometiéndolas a condiciones degradantes y a la violación sistemática de sus derechos humanos”.
Cubalex ha documentado al menos 255 actos de represión contra esta población penal desde 2022, de los cuales 79 corresponden a negación o atención médica deficiente, 47 a hechos de violencia física o psicológica y 22 al uso de celdas de castigo como método de sanción y control.
"Estas prácticas han generado un alarmante incremento de intentos de suicidio, evidenciando el grado de desesperación y vulnerabilidad al que son sometidas estas personas”, informó la activista y aclaró que en la isla “las personas con discapacidad psicosocial no son separadas del resto de la población carcelaria, lo que las expone a abusos y agresiones constantes”.
Cubalex presentó algunos de los casos, entre ellos, tres prisioneros del 11J: Ismael Rodríguez González, quien padece graves problemas psiquiátricos y que, según informaron, “lleva 2 años sin recibir sus medicamentos en el Combinado del Este”; el de Dairon Martín Rodríguez, que sufre esquizofrenia y sólo recibe uno de los 5 medicamentos que necesita y el de Abel Lázaro Machado Conde, que ha intentado suicidarse en múltiples ocasiones en la prisión de Quivican y no ha recibido el tratamiento psiquiátrico adecuado, “lo que ha llevado a un deterioro significativo de su salud mental”.
Las activistas de Cubalex hicieron varias recomendaciones a la CIDH, entre ellas la publicación de información clara, actualizada y verificable sobre el número de personas privadas de libertad con discapacidad psicosocial, las condiciones de su detención y su acceso real a servicios de salud mental.
Pidieron además la prohibición inmediata y absoluta del aislamiento prolongado aplicado a personas con discapacidad psicosocial, en coherencia con los estándares internacionales, que lo considera una forma de tortura y que instale un mecanismo internacional e independiente de monitoreo del sistema penitenciario cubano con acceso irrestricto a las cárceles.
Recomendaron por último que inste a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos a ejercer presión diplomática sostenida sobre el estado cubano hasta que adopte medidas concretas y verificables para garantizar la protección, atención y liberación de las personas con discapacidad psicosocial que permanecen privadas de libertad.
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