El VIII Encuentro Internacional de Justicia y Derechos que se celebrará en La Habana, del 18 al 20 de mayo próximos, contará con la participación de unos 400 juristas de 28 países y según Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo de la isla, mostrará los avances en el campo de la jurisprudencia.
El titular adelantó que entre los logros que la isla puede exhibir "con dignidad" están el enfoque multidisciplinario aplicado a los procesos de derecho civil y el seguimiento a las personas que cumplen condenas en libertad, sin embargo licenciados en Derecho consultados por Martí Noticias rechazaron esas aseveraciones.
“Es una gran hipocresía decir algo así”, dijo el licenciado en Derecho y activista de derechos humanos Rolando Ferrer, quien cumplió prisión por sus ideas políticas y vivió en carne propia los abusos de la condena en libertad, popularmente conocida como libertad condicional.
Cuando una persona recibe esa condición en Cuba, la mantienen bajo un control estricto del Ministerio del Interior, que controla, chequea y decide si el individuo tiene buen comportamiento o debe volver a la prisión.
Ferrer asegura que los que la "pasan peor" son los opositores sancionados por delitos contra la seguridad del estado, y los que mantienen posturas disidentes.
"Cuando le dan la condicional son permanentemente amenazados con revocarles la sanción si hacen activismo político, y he conocido casos de opositores que los han regresado a la cárcel", destacó.
Yasser Rivero, residente en la capital, recibió libertad condicional a mediados de 2015 por razones de salud, y en lo que va de año ha sido detenido en dos ocasiones por realizar protestas públicas junto a activistas de derechos humanos. En ambos arrestos fue amenazado con devolverlo a prisión.
¿Qué figuras jurídicas se aplican contra las personas que hacen activismo político?
Sixto Manuel Coba de la Rosa, graduado de derecho que ejerció la profesión por veinte años en la fiscalía provincial de Santiago de Cuba, dijo a Martí Noticias que no se puede hablar de avances de la jurisprudencia cuando los tribunales están sancionando “delitos con penas desproporcionadas y violan el derecho a la libertad personal del individuo".
En Cuba, los órganos de justicia exigen que se tenga en cuenta la aplicación de la individualidad de la pena para cada persona “pero cuando entramos al análisis de la praxis jurídica de la aplicación de la ley vemos que no se cumple”, señaló el ex fiscal.
Coba calificó ese proceder como una política penal "de bandazos”, porque la práctica jurídica se ejerce de acuerdo a intereses que se mueven en el orden político, y no según estipulan las leyes.
El Tribunal Supremo, por ejemplo, no tiene independencia para ejercer la ley como debe ser. Los ejemplos más evidentes son los relacionados con hurto, tráfico de drogas, corrupción y delitos económicos contra los cuales el tribunal actúa de acuerdo a los lineamientos y orientaciones que emanan del partido comunista.
En el caso de los activistas de derechos humanos y de los integrantes de grupos opositores al régimen, las autoridades apelan a métodos muy bien pensados para neutralizar sus acciones.
Los activistas hacen uso de la “libertad personal”, que en definitiva no es más que “expresarse libremente”, y las autoridades los acusan de las figuras delictivas de desacato y alteración del orden público, pero en realidad ellos no comenten ese delito, explica el ex fiscal cubano.
Un informe divulgado a inicios de este mes por la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) advierte que la represión política en Cuba no se limita a las breves detenciones arbitrarias.
El documento pone como ejemplo el caso de cuatro mujeres que se encuentran en prisión provisional luego de ser detenidas cuando lanzaron proclamas y gritaron consignas antigubernamentales.
Para Coba y Ferrer, falta mucho camino por andar "para hablar de avances jurídicos en el país”.
¿Quienes asisten a la cita en La Habana?
La máxima autoridad del Tribunal Supremo adelantó que contarán con la presencia del presidente del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento al Delincuente (ILANUD), Elías Carranza, y el juez de la Corte Interamericana de DD.HH., Eugenio Zaffaroni.
Destacó que también se espera la presencia del presidente del Tribunal Supremo de Rusia, del Fiscal General de Italia, de siete miembros del National Lawyers Guild de EEUU y de otros importantes académicos, jueces y abogados litigantes de Asia, América, África y Europa.
Los licenciados en Derecho en la isla que se vinculan a la oposición o integran grupos independientes no cuentan con el respaldo del gobierno, ni les permiten asistir a eventos coordinados por las altas esferas jurídicas.
Cubalex y la Corriente Agramontista, dos organizaciones independientes sin fines de lucro que llevan un sostenido trabajo y están integradas por abogados y activistas defensores de los Derechos Humanos, no han reportado en sus sitios digitales haber recibido invitación para asistir al evento.
