La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó el viernes preocupación por la profundización de la represión en Cuba.
La entidad de la Organización de los Estados Americanos (OEA) denunció las violaciones a las garantías judiciales y penas desproporcionadas, hasta de 25 años, contra quienes participaron en las protestas ocurridas el 11 de julio.
En un comunicado, la CIDH urge al Estado a garantizar que los tipos penales contemplados en su legislación no sean utilizados de forma indebida para restringir otros derechos, o en contra de personas disidentes.
Además recuerda a La Habana que el Estado tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para evitar que mediante investigaciones estatales se someta a juicios injustos o infundados a quienes de manera legítima reclaman sus derechos mediante la protesta social y que debe asegurar las garantías del debido proceso a todas las personas detenidas y acusadas en el contexto de las protestas, siguiendo los estándares interamericanos.
La Comisión Interamericana, que promueve la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región, asegura que ha documentado, desde el pasado 11 de julio, las diferentes etapas de la represión estatal y denuncia que más de 600 personas permanecen aún en detención, 598 estarían bajo el régimen de prisión preventiva; en particular, 396 personas tendrían sus casos en proceso de investigación; y 202, en fase de juicio oral, según datos de la organización Cubalex.
De este último grupo, la Fiscalía habría solicitado penas privativas de libertad de entre 5 y 25 años para 198 personas, 6 de ellas adolescentes.
La CIDH mencionó que las imputaciones de cargos por desorden público, atentado, desacato, instigación a delinquir, propagación de epidemias, sedición, manifestaciones ilícitas, daños y difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires, son algunos de los cargos que se estarían utilizando para criminalizar a las personas mediante el uso de tipos penales abiertos.
El organismo citó violaciones de carácter procesal como que las personas detenidas permanecen incomunicadas por semanas, además de que tienen limitadas oportunidades de comunicarse con sus familias y representantes legales.
La organización Human Rights Watch (HRW) presentó en octubre el informe “Cuba: detenciones y abusos sistemáticos contra manifestantes pacíficos” en que el que se denuncia que "el gobierno cubano ha llevado a cabo, de forma sistemática, detenciones arbitrarias, maltratos contra detenidos y procesos penales abusivos en respuesta a las protestas abrumadoramente pacíficas de julio de 2021".
"Los patrones consistentes y reiterados de abusos por parte de múltiples fuerzas de seguridad en distintos lugares de Cuba sugieren de manera sólida que estas violaciones de derechos humanos responden a un plan deliberado de las autoridades cubanas para suprimir y reprimir la protesta", indica la organización.
HRW denunció en este reporte que las autoridades cubanas arrestaron a cientos de manifestantes y transeúntes, incluyendo críticos conocidos y ciudadanos de a pie y que "muchos de los detenidos fueron sometidos rutinariamente a abusos brutales durante su detención, incluyendo casos de violencia de género, y decenas fueron procesados mediante juicios que violaron las garantías más básicas del debido proceso".
