La deportación hacia las provincias es una de las medidas más frecuentes que usan las autoridades en Cuba para "sacar de circulación" a activistas de derechos humanos y periodistas independientes.
El lunes 6 de marzo, la activista cubana Joanna Columbié fue amenazada con la deportación hacia la provincia de Camagüey, mientras que el sábado 4 de marzo fue deportada para esa misma provincia la periodista independiente Rosa Avilés.
Columbié fue amenazada con la deportación a su provincia de origen luego de que, en franca violación de sus derechos ciudadanos, agentes de la Seguridad del Estado la abordaran en plena calle cuando iba camino al aeropuerto y le impidieran viajar a México.
Columbié estaba a invitada a un encuentro y debate de la opositora Mesa de la Unidad Democrática que se celebra por estos días en México, y tenía sus documentos personales y los del país que la recibiría en regla, según relató en el programa Cuba al Día, de Radio Martí.
La amenazaron con deportarla a pesar de que tiene permiso temporal de residencia en La Habana, un requisito estipulado por las leyes cubanas, dijo.
La joven, que calificó la acción contra ella de "totalmente ‘ilegal y arbitraria’, explicó que un oficial conocido como Leandro estuvo por cuatro horas “acosándola y amenazándola con que estaba aumentando su perfil", en clara referencia a su activismo pro derechos humanos.
Columbié asegura que el oficial le dijo que tenía para ella varias opciones: ser acusada por participar en actividades contrarrevolucionarias, irse del país y la deportación hacia Camagüey”.
La activista insistió en que violaron todos sus derechos, y su libertad de movimiento y asociación.
“Los oficiales me dijeron que no me permitirán salir más del país, sin embargo, no me extendieron ningún documento que yo pueda usar como constancia de las amenazas. No obstante, presentaré una demanda ante las autoridades pertinentes", aseguró.
Columbié es directora de la Academia 1010, una organización sin fines de lucro establecida en 2015 con el fin de educar políticamente a los ciudadanos cubanos, y promover con ello un cambio político.
La joven considera que el control y acoso contra integrantes de grupos independientes en la isla es una respuesta al temor de las autoridades con el aumento de las acciones de organizaciones opositoras.
La pasada semana, la periodista independiente Rosa Avilés Carballo, simpatizante del Proyecto Emilia, que ha ejercido el periodismo en La Habana por más de 4 años, fue detenida y deportada a Camagüey.
La explicación que le dieron las autoridades, tras detenerla y conducirla al Centro de Detención conocido por Vivac, fue que estaba “ilegal en La Habana”, dijo la activista a Martí Noticias.
"A nadie le importó que yo no tengo donde vivir en Camagüey", relató Avilés, que se ha tenido que refugiar provisionalmente en casa de una amiga y sobrevive con la ayuda de los amigos.
“En Camagüey no me dejan trabajar en instituciones del gobierno porque soy periodista independiente. He vivido gracias a Dios, pero no puedo dejar de hacer activismo", reiteró Avilés, que califica de "difícil" la vida para los opositores en la isla.
Aseguró que a pesar de lo ocurrido "no puede dejar de seguir haciendo periodismo independiente, para denunciar lo que está ocurriendo contra la ciudadanía, y que muchos no dicen por miedo a represalias".
En reiteradas ocasiones, activistas de derechos humanos han denunciado que las autoridades en la capital deportan con frecuencia a decenas de personas hacia las provincias de origen sin tener en cuenta su situación.
Aunque las deportaciones internas contra disidentes son más conocidas, porque suelen denunciarlas en foros internacionales y a través de las redes sociales, no es menos cierto que la sociedad civil en general sufre por igual ante ese fenómeno.
En el artículo Deportados en su propio país, el peridista independiente Víctor Manuel Domínguez presenta el caso de una joven que tipifica el de tantos cubanos que deciden irse a la capital sin autorización o trámite oficial, y enfrentan proposiciones deshonestas, extorsión, y de no acceder, arresto y deportación hacia el lugar de origen.
Para Domínguez, la mafia burocrática cubana, amparada en el absoluto control de la ciudadanía nacional, cobra víctimas de todos los lugares del país.
El tráfico de influencias, la venta de licencias de tránsito o permisos de residencia transitoria, permanente y de trabajo en la capital, son algunas de las zanahorias delante del garrote migratorio que en Cuba violan el derecho nacional e internacional a la libertad de movimiento, y a elegir el lugar de residencia dentro de una nación, precisa el autor.
