El régimen de Cuba fue electo esta semana, en votación secreta, como miembro de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (CCPCJ) en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, un hecho que fue criticado por una entidad que vigila el funcionamiento de la ONU.
UN Watch, una ONG de derechos humanos con sede en Ginebra, Suiza, llamó la atención acerca del absurdo de incluir a países con
"regímenes criminales" a la comisión que actúa como el órgano principal que guía las actividades de las Naciones Unidas en los campos de la prevención del delito y la justicia penal.
El abogado internacional Hillel C. Neuer, Director Ejecutivo de UN Watch, ironizó en Twitter sobre la elección: "Aquí hay 5 regímenes criminales:
Cuba, Libia, Qatar, Bielorrusia, Pakistán y aquí hay 5 nuevos miembros de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de la ONU: Pakistán, Bielorrusia, Qatar, Libia y Cuba. No me lo estoy inventando".
“Naciones Unidas jamás debió de haber elegido al régimen Díaz-Canel-Castro a la Comisión de la Prevención del Delito y le hacemos un llamado a la ONU para que remueva al régimen de esa entidad”, dijo Neuer en entrevista con Radio Televisión Martí.
El abogado canadiense calificó al régimen de Díaz-Canel-Castro como comunista, de un solo partido y criminal.
“El régimen Díaz-Canel y de la familia Castro es criminal, considera como ilegal la libertad política, el pluralismo, prohíbe la prensa independiente, reprime la disidencia y las libertades civiles más básicas” aseguró y agregó que el régimen de La Habana, bajo el control de la familia Castro, domina la economía cubana y al aparato de seguridad de Cuba.
UNWatch denunció que La Habana “emplea la pandemia para justificar el acoso contra artistas disidentes como el Movimiento San Isidro, cuyos miembros protestaban el arresto del artista Denis Solis. Miembros del Movimiento San Isidro fueron atacados por el mismo ministro de Cultura cuando se encontraban frente a ese recinto. Es un régimen criminal”.
El régimen cubano ha sido señalado en numerosas ocasiones por las fallas de su sistema penal. Un reporte de la ONG Cuban Prisoners Defenders, publicado en 2020 detalla las arbitrariedades de la justicia cubana entre las que menciona la cantidad de presos per cápita más alta del mundo; un índice de condenas mayor al 90 por ciento; el uso de las excarcelaciones de presos “no políticos” como herramienta de control presupuestario y social; y el concepto de “encarcelamiento preventivo” como excusa para la persecución de disidentes.
A raíz de este informe, el diario estadounidense The New York Times reveló que "en más de 32.000 casos que van a juicio en Cuba cada año, alrededor del 92 por ciento de los acusados son declarados culpables. Cada año se acusa a unas 4000 personas de ser “antisociales” o de delitos de “peligrosidad”, términos que el gobierno cubano emplea para encarcelar a quienes representan un riesgo para el statu quo, aunque no hayan cometido ningún delito".
Los registros, indica el NYT, muestran que el sistema penitenciario de Cuba tiene a más de 90.000 prisioneros. El gobierno cubano solo ha difundido públicamente esa cifra en una ocasión, en 2012, cuando declaró que había 57.000 presos.
Eloy Viera Cañive, quien trabaja como analista legal independiente en Cuba, también citado en ese artículo, dijo que el Partido Comunista y el Ministerio del Interior siempre tienen la última palabra en lo que se refiere al poder judicial en Cuba.
“Vivimos en un Estado policial en el que el Ministerio del Interior cuenta con una enorme influencia, incluso sobre los jueces”, señaló Viera.
Voces desde la sociedad civil independiente también han criticado que Cuba pospuso la aprobación de la Ley de Reclamación de los Derechos Constitucionales ante los Tribunales, que permitiría a los ciudadanos acceder a la vía judicial para reclamar sus derechos cuando estos han sido vulnerados por los órganos del Estado, sus directivos, funcionarios o empleados.
Los nuevos miembros de la CCPCJ con sede en Viena fueron electos para un período de tres años comenzando el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2024, cuando la comisión estará compuesta además por Ghana, Libia, Togo; Bahrain, India, Pakistán, Qatar, Thailand; Bielorrusia, Bulgaria, Austria, Canadá, Francia, Estados Unidos, Brasil, República Dominicana, Paraguay y Chile.
Las ONU explica que la CCPCJ actúa como el principal órgano normativo de las Naciones Unidas en cuestiones de prevención del delito y justicia penal, también abarca la acción internacional para combatir la delincuencia nacional y transnacional, así como la mejora de la eficiencia y la imparcialidad de los sistemas de administración de justicia penal.
En 2006, la Asamblea General adoptó una resolución que amplió los mandatos de la comisión para que pudiera funcionar como órgano rector de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).
[Incluye reporte radial desde Naciones Unidas de Carmen María Rodríguez para Radio Martí]
