LA HABANA, Cuba.- Conocí a Sergio Osmín Fernández Palacios el pasado noviembre. Él estaba haciendo gestiones para que se subsanara la situación padecida en Labiofam por el equipo de abogados, al cual pertenecía. Todo indica que, para el gusto de los burócratas que dirigían la entidad dedicada a elaborar medicamentos, mi interlocutor y sus colegas ponían demasiado empeño en hacer cumplir las disposiciones legales.
A los jerarcas no les resultaba fácil librarse del fastidio que les ocasionaba la rectitud del letrado. Las calificaciones de “excelente” que había recibido en todas las evaluaciones y su título de Doctor en Derecho Cum Laude obtenido en España, les dificultaban la tarea. Por eso recurrieron a una de esas tretas que suelen verse en estas tierras de socialismo caribeño: Cesaron a todos los juristas y dejaron al emblemático grupo empresarial sin asesoría legal.
Como Presidente de la Corriente Agramontista de abogados independientes, brindé nuestro apoyo a los colegas perseguidos, pero el ofrecimiento fue declinado. Durante un año perdí la pista al embrollo. Pero ahora éste ha ganado en volumen y actualidad, pues el doctor Fernández Palacios ha divulgado las imputaciones más recientes que ha formulado al respecto.
Lo hizo mediante una “Denuncia Abierta” dirigida al Fiscal General de la República, con copia a otros organismos y a la prensa, Sergio Osmín alude a las “serias violaciones en actos de comercio exterior” sobre las cuales, cumpliendo con su obligación como asesor legal, informó oportunamente. También cita fragmentos de una sentencia del Tribunal Supremo que alude al “torticero actuar administrativo” de Labiofam.
En su combativo escrito, el Doctor en Derecho menciona los antiguos vínculos entre varios directivos de la entidad biotecnológica y el señor Ovidiu Tender, ciudadano rumano que hoy extingue en su país una sanción de 12 años y 7 meses de prisión por su papel protagónico en actividades de lavado de dinero y en defraudaciones multimillonarias.
En el momento en que se establecieron esos vínculos —apunta Fernández Palacios— aún no se había dictado sentencia en el dilatado proceso seguido contra el connotado delincuente internacional. Pero esa causa penal llevaba años en tramitación. Las acusaciones que pendían sobre Tender eran públicas y notorias. Por supuesto que el Director General y otros jerarcas del grupo empresarial estaban enterados de ello.
El jurista se pregunta: “¿Cuál autoridad del Estado cubano dio la autorización a esos tres directivos de Labiofam para contactar y negociar, en Rumanía y, seguidamente, en Cuba, con dicho empresario, desde 2013 hasta 2015, estando acusado en medio de un Proceso Judicial de tan extraordinaria envergadura, por la naturaleza de los delitos perpetrados, de unánime repulsa internacional; o es que actuaron por su propia cuenta y riesgo, con la participación de la Embajadora de Cuba en Rumanía?”
Y continúan las interrogantes: “¿Cómo fue posible que dicho empresario rumano, con sentencia en su contra en el 2014 dictada por el Tribunal de primera instancia en Rumanía, entró en nuestro país, obtuvo un permiso de residencia y continuó negociando impunemente con ciertos directivos de Labiofam(…)?”.
Fernández Palacios también denuncia que la expulsión del grupo de juristas, realizada por los motivos inconfesables ya señalados, desembocó en que, al quedar la entidad sin asesoría legal, se dejaran caducar las patentes relacionadas con los productos Vidatox, Ferrical y Acitán, con pérdidas cuantiosísimas para el Estado cubano.
Ahondando en la letrina, que parece no tener fondo, el acusador reanuda sus cuestionamientos: “¿Cómo es posible que también los mismos Directivos hayan involucrado a una entidad cubana, bajo el control y supervisión del Ministerio de la Agricultura, con Mozack & Fonseca, en el caso mediático ‘Panama Papers’, sobre ocultamiento de capitales en Bahamas?”.
Con motivo de los turbios vínculos entre la diplomacia de la Isla y el antisocial rumano, Sergio Osmín dirigió otro escrito al flamante ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, a quien pregunta sin rodeos: “¿Ud. autorizó a la Embajadora de Cuba en Rumanía a participar directamente en el contacto entre Directivos de Labiofam y Ovidiu Tender en pleno Proceso Judicial de Lavado de Activos y Defraudación(…)?”
Hasta el momento, las interrogantes del aguerrido jurista han quedado sin respuesta. Él supo que una primera Fiscal se declaró incompetente para sustanciar la espinosa denuncia. Una segunda funcionaria del mismo ramo se acogió a unas fulminantes vacaciones. Por el momento, el doctor Fernández Palacios nada sabe sobre el destino de sus escritos.
Mientras tanto, la muy publicitada Labiofam sigue enarbolando su condición de supuesto emblema de la Revolución Cubana que le han asignado los más altos jefes. En Facebook, la entidad sigue autodescribiéndose como “una institución científica que por más de 20 años se ha mantenido en la vanguardia de la investigación y la producción[…]”.
Pero ya sabemos que no es oro todo lo que reluce, y Sergio Osmín, que sabe en qué trajines andan los dirigentes de esa entidad, seguirá reconociendo que estuvo laborando en un nido de corrupción.
(Publicado originalmente en CubaNet, el 14 de noviembre de 2017)
