Un anuncio de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC) en Cuba adelanta el “estudio" de nuevos procedimientos para aumentar el salario a los profesionales del sector, pero solo beneficiaría a los juristas que atiendan casos considerados de “alta complejidad”.
Pero para el abogado tunero, Yulieski San Martín, los salarios bajos no son el tema más preocupante del sistema judicial en la isla. En su opinión, el aumento de salario debería abarcar a todo el sector, porque "hay abogados que trabajan bastante, pero se ven coaccionados por la propia ley, que no les permite ir más allá de donde tienen que ir", señaló.
A su juicio, el anuncio de la ONBC no “toca puntos fundamentales para la población relacionados con los derechos constitucionales, como es el caso de los derechos humanos y la discriminación que existe sobre ellos”, subrayó San Martín.
El jurista lamentó que haya abogados que "sabiendo bien que tienen en las manos un caso de personas afectadas por la disfuncionalidad de las leyes en Cuba, y que no van a ganar”, las inciten a que hagan la contratación para obtener “beneficios personales”.
Criticó que el ONBC hable de trámites engorrosos y no tenga en cuenta los procedimientos constitucionales que “el propio gobierno viola", y puso el ejemplo más directo de las detenciones arbitrarias contra disidentes.
De igual manera recordó que como en Cuba no hay separación de poderes, el ejercicio de la ley solo se puede hacer en los Bufetes Colectivos reconocidos por el gobierno.
San Martín recordó que en los tribunales cubanos, el abogado defensor, el fiscal y el juez “todos pertenecen al mismo núcleo del Partido Comunista".
Aunque el gobierno presenta a los Bufetes Colectivos como ONGs, la población cubana sabe que esos lugares “de independientes no tienen nada”, señaló Widhner Ballester, ex juez profesional.
El jurista, que se desempeñó por siete años en el tribunal municipal de Moa y Sagua de Tánamo, en la provincia de Holguín, dijo a Martí Noticias que abandonó la profesión por sufrir presiones y acoso de sus superiores cuando decidió participar en actividades de la opositora Unión Patriótica de Cuba.
"Me dijeron que “en los bufetes solo trabajan los abogados que el gobierno considera “revolucionarios”, apuntó.
Ballester agregó que una vez que los abodagos se declaran disidentes y abandonan los bufetes, o los echan por razones “políticas”, "se quedan sin la posibilidad de trabajar, porque no tienen ningún reconocimiento jurídico para ejercer”.
Ballester considera que en los siete años en que se desempeñó como juez profesional “era un esclavo asalariado de la maquinaria judicial” en la que trabajaba todo el tiempo y le pagaban 1.100 pesos al mes.
"El sueldo básico de un abogado de bufete es de 100 pesos al mes y el resto de lo que gana es un porciento que está en dependencia de la cantidad de contratos que tenga", explicó, mientras que "el salario de los fiscales oscila entre 900 y 1.000 pesos, según el rango y el municipio en que ejerce", añadió.
Los jueces ganan hasta 1.300 al mes, y el de los asesores jurídicos de empresas estatales oscila entre 600 y 800 pesos, en dependencia de lo que les agreguen en divisas, señaló.
Tanto San Martín como Ballester dijeron que cuando los juristas cubanos pasan a ser "abogados independientes", solo pueden dar “asesoría gratuita” a las personas que los buscan.
"No podemos cobrarles", precisó Ballester, que ahora integra la Corriente Agramontista Cubana, una entidad independiente que junto a la consultoría jurídica Cubalex se encarga de asesorar a las personas que lo requieren, pero que no es reconocida por el gobierno cubano.
“A los abogados que no estamos en bufetes, ni trabajamos en entidades del gobierno, lo único que nos han permitido por los conocimientos jurídicos que tenemos es redactar escritos y reclamaciones, pero deben estar a nombre de la persona que reclama”, explicó San Martín.
Ante la falta de justeza en los procedimientos legales, Maidolis Leyva y su familia, todos activistas de derechos humanos en Cuba acusados por los delitos de"difamar a los mártires de la patria" y "desorden público", consideran que es muy dificil clamar por justicia, porque en el país "no hay un lugar a donde puedan dirigirse a poner una reclamación o una queja".
Leyva denunció que la fiscalía no le permitió al abogado defensor presentar a sus testigos en el juicio.
Los cubanos saben poco de leyes
La población en sentido general no tiene conocimiento de las leyes, advirtió por su parte Julio Cuesta, escritor y activista de la UNPACU, residente en Gibara.
"Por el desconocimiento que tienen los cubanos de las leyes que rigen el país, es que se comenten “injusticias”, señaló el escritor, quien considera que entre las pocas opciones que tiene el ciudadano para conocer sus leyes están las escasas tiradas impresas de la “Gaceta de Cuba, que venden en el correo”.
"La otra opción para informarse es internet, pero esa vía de acceso a la información es muy cara y no todos pueden pagarla", recordó el escritor.
En septiembre del pasado año, el Centro de Información Legal Cubalex, una entidad independiente de consultoría y asesoría jurídica que dirige en La Habana la abogada Laritza Diversent, fue allanado por la policía, y varios abogados detenidos por supuestas actividades económicas ilícitas, a pesar de que la entidad no cobra por sus servicios.
Detenido durante el allamiento al local de Cubalex, el abogado Julio Ferrer Tamayo cumple una condena de 3 años y seis meses en prisión.
El jurista ha dicho que está preso porque el tribunal falseó documentos relacionados con su internamiento anterior.
(Con la colaboración de Yolanda Huerga)
