Opositores y otros miembros de la sociedad civil cubana rechazaron el tergiversado informe nacional presentado este miércoles por el gobierno de la isla en Ginebra como parte de la Evaluación Periódica Universal sobre los derechos humanos, un procedimiento al que se someten cada cinco años los distintos países miembros de la ONU.
El expreso político Angel Moya dijo a Martí Noticias que el informe está hecho a la medida del gobierno cubano, que viola sistemáticamente todos los derechos. Citó los tratos crueles inhumanos y degradantes a que someten a las Damas de Blanco, a las que a veces dejan esposadas por dos horas o más dentro de una patrulla herméticamente cerrada bajo el sol, para que dejen de ejercer su derecho a manifestarse.
Moya llamó a la comunidad internacional a exigir al régimen cubano la ratificación de los Pactos Internacionales de Derechos, que Cuba ha firmado, pero no ratificado ni implementado.
El líder de la mayor organización opositora del país, la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, mencionó el medio centenar de activistas que están encarcelados, y que fácilmente clasificarían como presos de conciencia, y los más de 20 allanamientos en lo que va de año, con decomisos de medios de trabajo y hasta de los alimentos.
Ferrer denunció asimismo las golpizas de que son víctimas los opositores, tanto durante las frecuentes detenciones arbitrarias como dentro de las cárceles.
La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, denunció cómo por dos años las autoridades cubanas han impedido a las miembros del grupo opositor femenino ejercer su libertad de religión, al no permitirles asistir a la misa dominical en la Iglesia de Santa Rita, y en otros templos del país.
Del mismo modo, les coartan el derecho de libre manifestación pacífica, y son objeto de maltratos y multas por delitos que no han cometido, así como de hostigamiento a sus familiares. Soler recordó que ahora mismo hay tres Damas de Blanco cumpliendo sentencias carcelarias.
Desde la sociedad civil, Caridad Burunate, organizadora del proyecto de asistencia alimentaria a los necesitados “Capitán Tondique”, relató el asalto al amanecer a la vivienda de otro activista, su hermano Francisco Rangel, por fuerzas especiales Avispas Negras que portaban armas largas.
Burunate dijo que en el lugar había un niño de siete años que cuando vio a los asaltantes “se defecó y temblaba como una hoja”. Cuando su sobrina protestó por los golpes que estaba recibiendo su madre le dijeron: “A ti también”, y se la llevaron a bofetadas. Cuando el padre protestó, el jefe del operativo autorizó a los sicarios a pegarle a Rangel “todos los golpes que ustedes quieran”.
El cuentapropista villaclareño Yoel Espinosa Medrano contó como los pequeños empresarios de la isla están indefensos, sin un organismo que los represente, ya que no se les permite sindicalizarse a no ser con la oficialista Central de Trabajadores de Cuba.
El cuentapropista mencionó asimismo el acoso y los decomisos de que son objeto por parte de los inspectores estatales y la policía.
Sobre los derechos violados a los artistas cubanos habló con Martí Noticias el escritor Angel Santiesteban, quien fue víctima por años de una prohibición de salida del país, que sufren todavía importantes poetas y narradores como Francis Sánchez e Ileana Alvarez.
Santiesteban señaló que los artistas entran en una lista negra tan pronto formulan alguna crítica al régimen.
Desde Las Tunas el periodista independiente Alberto Méndez Castelló se refirió a dos violaciones institucionales: la del derecho a decidir qué educación se quiere dar a los hijos, y la de residir en la capital o cualquier otro lugar del territorio nacional.
Este último derecho es proclamado por la constitución vigente, añadió Méndez Castelló, pero se infringe desde hace años mediante un decreto-ley que prohíbe a cubanos de otras provincias mudarse a la capital.
Otro comunicador independiente, el guantanamero Rolando Rodríguez Lobaina, director del equipo audiovisual Palenque Visión, señaló que el solo hecho de hacer periodismo al margen del Estado significa sufrir persecución.
Las medidas del Gobierno contra los periodistas independientes incluyen amenazas a la familia, chantajes, presiones para que abandonen el país, golpizas durante el ejercicio de su trabajo, y decomiso de medios de trabajo.
Por último, dio su opinión desde Madrid Alejandro González Raga, director del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, y quien fue uno de los presos de conciencia condenados a 20 años en la Primavera Negra del 2003 en Cuba.
González Raga admitió que se ha reducido en la isla el número de detenciones arbitrarias breves, una de las variantes punitivas que han criticado varios países en Ginebra, pero dijo que la represión se ha ampliado a sectores como los trabajadores por cuenta propia y los artistas, y se ha hecho más común el uso excesivo de la fuerza en las actuaciones policiales, como una forma de silenciar a los contestatarios dentro de la isla.
(Con entrevistas concedidas a Radio Martí)
