En medio de las dudas y la expectación, especialistas en temas informáticos e Internet llaman la atención sobre las posibles consecuencias detrás de las medidas aprobadas esta semana por la Casa Blanca, en particular, la que facilitaría el acceso de los cubanos a tecnologías modernas que permitan una comunicación abierta entre los ciudadanos de ambos países.
“Aunque ofrecen beneficios importantes, especialmente en términos de conectividad, educación y oportunidades de negocio, el impacto positivo va a depender en gran manera de cómo el gobierno cubano implemente y regule estos servicios”, dijo a Martí Noticias Vicente Pimienta, experimentado consultor de temas de Internet que ha seguido con suma atención el desarrollo de la conectividad y los servicios de la red de redes en la isla.
“La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos tendrán que estar atentos para asegurar que estos avances no se usen para reprimir a la población”, agregó.
El especialista ha basado su valoración, según dice, en el pésimo expediente del gobierno cubano en cuanto a la libertad de información y los derechos humanos. De ahí parten sus preocupaciones sobre cómo podría La Habana monitorear y restringir los servicios que ahora ofrece Estados Unidos.
“Cuba podría usar estas nuevas herramientas para controlar y vigilar a los ciudadanos aún más, inclusive limitando los beneficios positivos de estas regulaciones”, comentó Pimienta, quien en el pasado ha comparado los servicios de Internet en Cuba con los de Corea del Norte, tomando en cuenta la reticencia de dos regímenes empeñados en mantener el férreo control de la información.
Las nuevas reglas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizan las plataformas de redes sociales, videoconferencias, servicios de traducción simultánea, juegos en línea y servicios de autentificación.
Además, las empresas cubanas podrán exportar software y aplicaciones móviles a otros países desde Estados Unidos, lo que permitirá que puedan ofrecer sus productos en tiendas en línea.
“El gobierno cubano podría imponer sus propias reglas y controles sobre estos servicios, limitando el alcance y los beneficios de los ciudadanos. Esto incluiría el monitoreo del uso de Internet, restricciones al acceso a algunas plataformas o el uso de la tecnología para mejorar la vigilancia estatal”, dijo Pimienta.
Especialistas sostienen que las limitaciones para llegar a contar con una Internet pública totalmente abierta, sin restricciones, son más políticas que tecnológicas. De hecho, organizaciones internacionales de monitoreo de tráfico muestran caídas abruptas del servicio durante las protestas en el país.
“Yo creo que la ley quisiera ayudar al cubano de a pie, pero de nada vale que abramos las puertas de un lugar donde no hay un puente, no hay una carretera, no hay infraestructura y va a requerir una gran inversión en tecnología para poder aceptar estos nuevos anchos de banda y poder brindar estos servicios”, comentó el experto y mencionó el cable submarino que desde 2011 conecta a Cuba y Venezuela, y que, en su opinión, no juega rol alguno dentro del marco de las nuevas medidas.
“Fue un cable de fibra óptica para mantener una conexión privada que no pudiera ser interceptada por otros países. Así que fue como un intercomunicador, un cable directo entre Caracas y La Habana para sus negocios políticos y militares”, recordó.
El cable submarino de 1600 kilómetros fue financiado por el gobierno del fallecido Hugo Chávez a un costo de 70 millones de dólares. Entonces, los amantes de la tecnología se preguntan si entre otras medidas que podría adoptar la Casa Blanca en cuanto a Cuba en el futuro cercano, estaría la conexión submarina entre ambos países.
En noviembre de 2022, El Departamento de Justicia de Estados Unidos recomendó a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) negar un permiso para la instalación del primer cable de telecomunicaciones submarino que conectaría a EEUU con Cuba.
En un comunicado emitido entonces por Justicia y que fue citado por la agencia española de noticias EFE, el ente gubernamental indicó que el Gobierno cubano representa una “amenaza de contrainteligencia” para EEUU y, dado que la empresa estatal de comunicaciones Etecsa administraría el sistema de aterrizaje de cables, La Habana podría “acceder a datos sensibles de EEUU que viajen a través del nuevo segmento de cable”.
“Esto pudiese ser una alternativa o una opción. Sin embargo, yo creo que la tecnología se está moviendo más hacia lo inalámbrico, tal vez por satélite, así que pudiésemos ver compañías tal vez como la de Elon Musk, proveyendo estos servicios en primera instancia”, estimó Pimienta.
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