Es muy probable que todos los que estuvieron en prisión por haber combatido una dictadura recuerden el desasosiego, la ansiedad, el frío que trepa por la columna vertebral cuando en la cárcel en que cumplía la condena, o estaba en espera de sentencia, escuchaba una voz amenazante que le conminaba ir al rastrillo, como diciendo: “prepárate, que lo bueno viene ahora”.
Sin duda alguna los que padecieron esos horrores y otros mucho más horribles, sentirían gran satisfacción si sus antiguos captores y sicarios pagaran culpas ante un tribunal, y tuvieran que vivir la agonía que de un momento a otro pueda aparecer una nueva denuncia que aumente sus sufrimientos.
Lo ideal sería que esa sed de justicia fuera satisfecha en el país en el que los verdugos cometieron sus depredaciones, pero de no ser así, en la actualidad se cuenta con la alternativa de la Corte Penal Internacional, cuyo objetivo es juzgar a individuos acusados de cometer crímenes de genocidio, guerra y de lesa humanidad, un instrumento clave para someter a la justicia a quienes han violado los derechos ciudadanos, un tribunal mundial permanente para juzgar extraterritorialmente a criminales, incluso jefes de Estado.
Paralelo a estas circunstancias, ciudadanos de diferentes partes del mundo, con el apoyo irrestricto de un número importante de cubanos, se han impuesto la tarea de demandar un proceso judicial contra Raúl Castro, una demanda que debería contar con la asistencia de ciudadanos de cualquier parte, porque es una gestión cívica que, de lograrse, haría posible ventilar públicamente las violaciones sistemáticas y permanentes a la dignidad humana, que la dinastía castrista ha ejecutado en Cuba y más allá de sus fronteras por décadas.
La dictadura insular ha causado muertes en todo el hemisferio, desde Argentina a Estados Unidos, un factor que puede haber determinado que entre los promotores de la Comisión Internacional de Justicia para Cuba, CIJC, se cuenten ciudadanos de México, Costa Rica, España y Santo Domingo.
Rene Bolio, presidente del CIJC, aparte de contar con la opción de la Corte Penal Internacional para acusar a Raúl Castro, decidió pedir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que aplique la Ley Helms-Burton, Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, para que el exdictador cubano responda por el asesinato en aguas internacionales de los cuatro tripulantes de Hermanos al Rescate en 1996, crimen al que se suman, entre otros, el fusilamiento masivo, 73 personas, en la loma de San Juan en 1959.
La Comisión señala a Raúl Castro como autor intelectual de crímenes de lesa humanidad, junto a otros 42 funcionarios cubanos a los que se acusa de delitos y violaciones de derechos humanos. Esa lista fue entregada a los Departamentos de Estado, Tesoro y de Justicia para impedir el ingreso a este país de esos individuos, así como la congelación de sus cuentas bancarias.
Los que han emprendido la ruta judicial contra la dictadura dinástica castrista saben que es una ruta difícil y complicada, porque inexplicablemente, a pesar de los muchos estudios publicados, el castrismo sigue cobijado para muchos de sus defensores bajo la falsa epopeya de una revolución justa y libertaria que nunca existió.
La longevidad de la dictadura es consecuencia de numerosos factores entre los que hay que destacar la complicidad de un amplio sector de la población isleña que se prestó al papel de victimario y de un número mayor aún de personas que optaron por callar ante las tropelías del régimen, en la esperanza de que ellos no serían alcanzados por su maldad.
Por otra parte, se debe procurar que en un mundo donde la interdependencia de las naciones es cada día más evidente, no coexistan espacios para que políticos, intelectuales, dirigentes sociales y ciudadanía en general ignoren las depredaciones de los opresores, y en cambio practiquen una solidaridad activa con aquellos que luchan contra las tiranías.
Por justicia, en caso de que no sea por solidaridad, se debe hacer eco de la exhortación de Orlando Gutiérrez cuando pidió a todo el exilio cubano sumarse a la campaña de firmas para el enjuiciamiento a Raúl Castro.
