La Misión de Estados Unidos ante las Naciones Unidas afirmó que Cuba es uno de los países más represivos del mundo para las libertades de expresión, de prensa y de asociación.
Mientras el gobierno de Cuba pide comerciar libremente con Estados Unidos, los diplomáticos de Washington en la ONU denunciaron por medio de Twitter que el régimen comunista intimida y persigue a toda persona que se anime a criticar el sistema.
La Misión de Estados Unidos también destacó que las ocho enmiendas que ha propuesto a la resolución cubana son para mejorar la situación de los derechos humanos en Cuba. Estas son las ocho propuestas:
Enmienda 1 - Pide a Cuba que otorgue a sus ciudadanos derechos y libertades civiles, políticas y económicas reconocidos internacionalmente, incluida la libertad de reunión, la libertad de expresión y el libre acceso a la información;
Enmienda 2 - Expresa seria preocupación de que en Cuba la grave falta de acceso a la información y la libertad de expresión, la ausencia total de independencia judicial, y el arresto y la detención arbitrarios, estén socavando los esfuerzos colectivos para implementar el Objetivo 16 de Desarrollo Sostenible, destinado a promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, proporcionar acceso a la justicia para todos y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles;
Enmienda 3 - Expresa su gran preocupación de que en Cuba la ausencia de mujeres en los órganos más poderosos de toma de decisiones, incluido el comité ejecutivo del Consejo de Ministros y el liderazgo militar superior, socave gravemente los esfuerzos colectivos para implementar el Objetivo 5 de Desarrollo Sostenible, destinado a lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas, al contrarrestar la discriminación profundamente arraigada basada en el género que resulta de las actitudes patriarcales y las normas sociales relacionadas.
Enmienda 4 - Expresa su gran preocupación por el hecho de que en Cuba el monopolio sindical de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), la prohibición del derecho de huelga y las restricciones a la negociación colectiva y los acuerdos, incluido el hecho de que las autoridades gubernamentales y los funcionarios de CTC tienen la última palabra en todos estos acuerdos, socavan gravemente los esfuerzos colectivos para implementar el Objetivo 8 de Desarrollo Sostenible, destinado a promover el crecimiento económico sostenido e inclusivo, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos;
Enmienda 5 - Exhorta a Cuba, incluidos los poderes judiciales y de seguridad, a crear y mantener, en la ley y en la práctica, un entorno seguro y propicio en el que una sociedad civil independiente, diversa y pluralista, pueda operar sin obstáculos e inseguridad indebidas;
Enmienda 6 - Insta a Cuba a que ponga fin a las restricciones generalizadas y graves, tanto en la ley como en la práctica, sobre el derecho a la libertad de expresión, opinión, asociación y reunión pacífica, tanto en internet como fuera de las redes, incluso poniendo fin al hostigamiento, la intimidación y la persecución de los opositores políticos, defensores de los derechos humanos, activistas de los derechos de las mujeres y de las minorías, líderes laborales, activistas de los derechos de los estudiantes, periodistas, bloggers, usuarios de redes sociales y administradores de páginas de redes sociales, trabajadores de los medios de comunicación, líderes religiosos y abogados;
Enmienda 7 - Insta encarecidamente a Cuba a que libere a las personas detenidas arbitrariamente por el ejercicio legítimo de sus derechos humanos, considere la posibilidad de rescindir condenas indebidamente duras por ejercer tales libertades fundamentales, y ponga fin a las represalias contra las personas, incluidas aquellas que cooperan con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas;
Enmienda 8 - Exhorta a Cuba a que inicie un proceso integral de rendición de cuentas en respuesta a todos los casos de violaciones graves de los derechos humanos, incluidos los que afectan a los poderes judiciales y de seguridad, y pide al Gobierno de Cuba que ponga fin a la impunidad de tales violaciones.
