En 2023 Cuba volvió a retroceder en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), que elabora cada año la ONG Transparencia Internacional.
Según el informe, Cuba se ubica en la posición 76 entre 180 países, con 42 puntos de 100 posibles. Esta ha sido la tendencia desde 2020, cuando la isla obtuvo 47 puntos, en 2021 (46) y en 2022 (45).
El IPC clasifica 180 países y territorios tras un análisis de las percepciones sobre el nivel de corrupción en el sector público a partir de datos de más de una docena de fuentes externas que incluyen al Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, empresas privadas de consultoría y evaluación de riesgos, así como varios grupos de especialistas.
El documento señala que Venezuela, Haití y Nicaragua obtuvieron los puntajes más bajos de la región, “con un contexto de impunidad generalizada y ausencia total de independencia del poder judicial”.
“Solo dos países, Guyana y República Dominicana, han mejorado sus puntuaciones en el IPC durante la última década, mientras que la de los demás países se ha estancado o ha descendido significativamente”, explican.
Luciana Torchiaro, consejera regional para las Américas de Transparencia Internacional, explicó a los países que “deben esforzarse por tener poderes judiciales independientes para garantizar la rendición de cuentas y la justicia”.
“No hacerlo erosiona los cimientos de la democracia y el estado de derecho. El debilitamiento continuo de los pesos y contrapesos sólo fomentará la impunidad de los corruptos y las elites, en detrimento de las personas y del bienestar colectivo”, advirtió.
A nivel mundial, Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda fueron los países clasificados con menos corrupción, según el informe.
Aunque el documento no ofrece explicaciones en el caso cubano, describe algunos de los puntos que inciden en la percepción de corrupción. Entre ellos destacan que "la sensación de impunidad y la incapacidad de jueces y fiscales para proceder con imparcialidad y garantizar juicios justos e igualdad ante la ley afectan significativamente la confianza pública en el Poder Judicial. Esto, a su vez, desalienta las denuncias, ya que la institución se percibe como corrupta, poco confiable e insegura".
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