El aumento de la pobreza, la violencia y la inseguridad en Cuba expone a las niñas y a los niños a múltiples riesgos, entre ellos el de la explotación sexual, una realidad que no reflejan las cifras oficiales, afirmó a Martí Noticias la feminista Marta María Ramírez, periodista especializada en temas de género.
“Cuba carece de políticas públicas con enfoque de género y, por tanto, son las mujeres, los niños y las niñas las más vulnerables por la feminización de la pobreza, la precarización a la que están sometidas por un Estado que no solo no legisla, sino que no hace absolutamente nada para ayudarles y acompañarlos a salir de esa precarización y, encima, las revictimiza”.
A principios de este mes, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) publicó el Informe Nacional de Cuba sobre prevención y enfrentamiento a la trata de personas correspondiente al año 2023, que afirma que 14 niñas sufrieron explotación sexual durante el período analizado.
“Sabemos que el gobierno cubano, el Estado y todas sus estructuras han vivido una narrativa desinformante. El informe no aporta más datos, como la procedencia o tipología de los delitos, pero lo que sí está claro es que es un subregistro, no solo porque solo registra los casos que han sido llevados a juicio y han sido condenados, sino porque, en la praxis del activismo feminista, estamos registrando otro tipo de fenómenos asociados a la trata: un aumento de las desapariciones de mujeres y de niñas que, aunque nosotras no podemos asegurar que están relacionadas con trata de personas con fines de prostitución, tenemos grandes sospechas, y hemos instruido a las familias para que activen al Estado en sus supuestos protocolos”, indicó Ramírez.
La activista añadió que existe una ruta migratoria "bien peligrosa, que el gobierno cubano conoce", en la que se han reportado secuestros, desapariciones, violencia sexual, tráfico y trata de personas, incluidos "niñas, niños y mujeres cubanas".
En 2022, el régimen juzgó seis casos por delitos con rasgos típicos de trata de personas, entre ellos los de cinco niñas explotadas sexualmente en Villa Clara, Artemisa y La Habana. Las sentencias impuestas a los involucrados oscilan entre tres y 20 años de prisión.
“No hay posibilidades de trabajar con la sociedad civil en otras soluciones no punitivas o aportar otros datos que enriquezcan, le den los matices necesarios a este hecho, que, además es grave y debería ser de importancia para toda la sociedad”, enfatizó Ramírez.
La UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) define como explotación sexual “cuando un grupo de personas o una persona involucra a niñas, niños o adolescentes en actos sexuales para satisfacción propia o de otras personas a cambio de cualquier tipo de beneficio”.
“Dentro de todos esos procesos no hay alertas tempranas de desapariciones de niñas y niños. No hay protocolos para desapariciones, ni ningún programa público que informe sobre los riesgos de la emigración de la ruta migratoria. No existe prevención en los espacios públicos de la televisión cubana, la prensa cubana, sobre el abuso sexual en la infancia y otras violencias como maltratos infantiles, que casi siempre vienen de la mano”, señaló.
La activista implementó una iniciativa de alertas ciudadanas sobre las desapariciones de mujeres y niñas en la Isla, donde no existe ese instrumento de difusión, que ayuda a la pronta localización y recuperación de personas que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño.
“Hay una serie de subregistros que el Estado está ignorando y que tienen que haber sido reportados de alguna forma, algunos, los que tuvieron denuncias públicas, nosotros nos encargamos por las vías que tenemos de informarle al Estado que hay ciudadanas nuestras con hijos e hijas en alguna de estas tipificaciones”, precisó.
El informe oficial atribuye la baja incidencia de estos delitos en el territorio nacional a las acciones preventivas y de enfrentamiento llevadas a cabo por el Estado, así como a la ausencia de redes delictivas organizadas en el país. También asegura que se proporcionó atención especializada a las víctimas.
“Eso no es prevención, eso es relaciones públicas de un partido único, totalitario, que quiere acallar la verdad sobre temas que nos deben interesar a todas y a todos, porque son nuestras infancias. Me gustaría pensar que sólo son 14 pero la realidad no es esa”, puntualizó Ramírez.
“Esto es la punta de un iceberg. La realidad es mucho más grave que lo que el gobierno cubano está tratando de decirnos. Que revisen a las muchachas que han sido reportadas como desaparecidas por su familia, porque ahí hay trata de personas”, puntualizó Ramírez que, además, lamentó la poca visibilidad que el Estado y sus medios de difusión dan a este tipo de hecho, impidiendo que las familias conozcan de su proliferación en la sociedad cubana.
El Departamento de Estado estadounidense mantuvo a Cuba en el máximo nivel de alerta (Nivel 3) por su falta de cumplimiento con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas.
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