Dos organizaciones cubanas defensoras de los derechos humanos dijeron en cartas abiertas a Maria Grazia Giammarinaro, Relatora Especial Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Trata de Personas, que su recién culminada visita de cuatro días a la isla fue incompleta, aunque reconocieron el esfuerzo de su misión, en una agenda controlada a cada paso por el gobierno.
Giammarinaro es la primera funcionaria de la ONU de su rango en visitar la nación caribeña en una década, y durante su estancia en Cuba se reunió con autoridades en La Habana y otras provincias, con sus colegas de Naciones Unidas y con organizaciones civiles en la isla, mientras recibió un informe por parte de las autoridades.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, con sede en Miami, EEUU, destacó en una carta titulada "Misión Inacabada" que aunque creen en la "búsqueda honesta de la verdad" que ella realiza, están conscientes en las dificultades de cualquier misión a Cuba cuando es el gobierno el que "organiza el programa y la agenda", y excluye otras voces que pueden ser escuchadas.
A criterio de la FDHC, durante los cinco días que duró la visita a la isla las autoridades "le mostraron lo que ellos querían que viese, organizó reuniones con aquellos que querían que usted escuchara, y preparó cuidadosamente las narrativas que pensaron pudieran persuadirla a aprobarlos en este campo".
La organización precisa que con ese programa presentado por el régimen a la Relatora Especial de la ONU, "ellos fueron capaces de cosechar los titulares que necesitaban para su imagen internacional".
No obstante celebra que aún en esas circunstancias la relatora "señaló honestamente algunas de las cosas que la FNDH le mencionó en una carta anterior (como la inaceptable edad de 16 años de edad para establecer el consentimiento legal)" y destaca que "acoge el llamado hecho por Giammarinaro para abrir las puertas a otros relatores especiales del sistema de Naciones Unidas de Derechos Humanos, como Juan E. Mendez".
En la misiva, la FDHC insiste en que "sólo una evaluación exhaustiva de todos los relatores de derechos humanos puede proporcionar un juicio justo sobre la retórica del gobierno cubano y sus prácticas".
Por su parte, el Observatorio Cubano para los Derechos Humanos (OCDH) con sede en Madri, España, hizo pública una carta en la que celebran que la relatora se haya referido "al problema sobre los emigrantes cubanos en tránsito por países de América del Sur y Centro América" .
En la misiva piden una investigación sobre las causas, sujetos y grupos implicados, así como la responsabilidad de los gobiernos regionales, en relación con la crisis migratoria y humanitaria que ha afectado y afecta a miles de cubanos.
Asimismo, el OCDH solicita que "se coordine la realización de una reunión multilateral que busque una solución diplomática a esta grave situación humanitaria, y que contribuya al esclarecimiento de los hechos delictivos cometidos en contra de ciudadanos cubanos en el marco de la misma".
A consideración del OCDH, la reunión "debe congregar" a Cuba, país emisor, a los países afectados por el recorrido migratorio de los cubanos, y a EEUU lugar donde estos quieren llegar.
Cuba no siempre se mostró dispuesta a recibir observadores o relatores de organismos internacionales, como el caso de Giammarinaro, en ocasiones alegando que solían realizar informes de campo de doble rasero.
