La relatora de Naciones Unidas sobre la Trata de Personas, Maria Grazia Giammarinaro, aseguró este viernes que espera que su visita a Cuba sea un punto de partida para promover un diálogo más "intenso y fructífero" entre la isla y el sistema de derechos humanos de la ONU.
"Espero que sea un punto de partida para promover un diálogo más intenso y fructífero con todo el sistema de derechos humanos de la ONU, sobre todo en el caso de los relatores especiales y los grupos de trabajo en todas las áreas de derechos humanos", precisó.
Giammarinaro dijo que la seguridad social en Cuba ha ayudado a reducir las vulnerabilidades que pueden llevar al tráfico de personas.
El abogado Wilfredo Vallín de la Asociación Jurídica Cubana no comparte esa opinión pues cree que aunque la trata disminuyó con la eliminación de la política de pies secos/pies mojados, derogada por el expresidente Barack Obama el pasado 12 de enero, en la población cubana inciden otros problemas graves como la alimentación.
Vallín en entrevista con Radio Martí se preguntó que si el gobierno cubano no tiene nada que ocultar, entonces por qué limita las visitas de los relatores especiales de las Naciones Unidas.
El jurista mencionó el hecho de que los relatores tienen mucha dificultades para venir a Cuba y cuando lo hacen, o no están bien informados o no quieren conflictuar.
"Los factores de vulnerabilidad son probablemente menos significativos que en otros países, por ejemplo en las desigualdades sociales y las situaciones de indigencia completa", declaró la relatora en conferencia de prensa.
Pero el economista cubano Enix Berrio opina lo contrario, pues asegura que la imagen de personas desamparadas viviendo en las calles se hace más frecuente en toda la isla y que la represión y la discriminación racial son factores que incrementan las vulnerabilidades en Cuba.
Giammarinaro dijo a las autoridades cubana que entre sus recomendaciones irá incluida su preocupación de que la ley considera menores -para el caso de abusos y otros- a los jóvenes hasta los 16 años cuando ella considera pertinente sea hasta los 18; así como que se evite la estigmatización de la prostitución mediante la internación de las personas que la ejercen en centros de reeducación.
"La gente no debe ser castigada por ser inducida, manipulada u obligada a la prostitución", señaló la experta que dialogó con autoridades y organizaciones de la sociedad civil como el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex).
Por otra parte consideró positivo que la prostitución no esté penalizada como un delito.
Un informe oficial, publicado a raíz de la visita de Giammarinaro, revela que 2.174 niños y niñas fueron en 2015 víctimas de "presuntos hechos de abuso sexual", 1.189 habrían sufrido abusos lascivos, otros 333 violaciones y 354 estuvieron relacionados en casos de corrupción de menores.
Según Giammarinaro, en Cuba se encuentran también casos de personas, principalmente jóvenes, que firman contratos de trabajo ilegales en el extranjero, que les obligan a vivir en condiciones denigrantes que no fueron las acordadas previamente.
Además mencionó a los emigrantes que se ven en situaciones de endeudamiento y pobreza, para lo que puso como ejemplo a los cubanos varados en Centroamérica tras el fin abrupto de la política migratoria "pies secos, pies mojados", que daba a los cubanos un trato preferencial al llegar a suelo estadounidense.
"La trata implica que la persona es explotada laboral o sexualmente, mediante el uso de coerción", indicó Giammarinaro, para quien la preocupación de su mandato son las mujeres y niños, las víctimas más frecuentes.
No se reunió con miembros de la sociedad civil y defensores de derechos humanos
Activistas de la comunidad LGBTI en Cuba lamentaron que la relatora no consultara a miembros de esta comunidad que representa un sector muy vulnerable a la trata de personas.
La relatora no se reunió con la oposición, pero rechazó sus acusaciones en el sentido "de que Cuba ejercería alguna suerte de esclavitud laboral en los convenios que tiene con otros países -algunos con la participación de organizaciones de la ONU- a los cuales ofrece servicios médicos y profesionales, programas que actualmente involucran a miles de personas y constituyen una de las fuentes de ingresos más importantes de Cuba", indicó AP.
"Es notable que no estén invitando a relatores especiales que se dediquen a la tortura, los sistemas penitenciarios, la libertad de expresión, el funcionamiento de los sistemas electorales, etc.", dijo a Reuters Elizardo Sánchez, líder de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.
Giammarinaro estuvo cuatro días en la isla y fue la primera funcionaria de la ONU de su rango en visitar la nación caribeña en una década. Se reunió con autoridades en La Habana y otras provincias, con sus colegas de Naciones Unidas y con organizaciones civiles en la isla, mientras recibió un informe del gobierno.
Cuba no siempre se mostró dispuesta a recibir observadores o relatores de organismos internacionales, como el caso de Giammarinaro, en ocasiones alegando que solían realizar informes de campo de doble rasero.
En 2009, por ejemplo, invitó al relator correspondiente a Torturas pero no se llevó a cabo la visita del entonces funcionario y el actual Juan Méndez señaló en 2015 que esperaba realizar el viaje al calor del acercamiento entre La Habana y Washington. Hasta el momento la visita no se concreta.
Otras giras precedentes de expertos de ese rango fueron la de 2007 del relator para Alimentación y de 1999 de los correspondientes a los temas de Mercenarios y Violencia contra la mujer.
[Basado en reportes de agencia y entrevistas de la periodista Yolanda Huerga]
