El príncipe saudí, Khaled Bin Saud Bin Khaled Al-Saud (d) y el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla (c) en febrero pasado durante la inauguración de la embajada de ese país en La Habana.
Médicos cubanos "de lujo" al Reino Saudí
Decenas de especialistas médicos de la isla prestarán servicio por períodos de tres meses en hospitales y adiestrando a personal de salud en esa nación.
Las autoridades sanitarias de Arabia Saudita informaron este viernes que un primer grupo de 30 médicos cubanos llegarán el próximo 10 de agosto a esa nación como parte de un convenio mediante el cual la isla le arrendará durante tres años los servicios de especialistas.
Un anuncio de la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos.
El acuerdo, renovable a su vencimiento, establece la rotación de grupos de hasta más de tres decenas de médicos cubanos cada trimestre, o sea, más de 120 al año, que atenderían a pacientes, supervisarían la labor clínica en hospitales y además participarían en la formación de trabajadores de la salud.
Según Aqel al Gamedi, subsecretario de salud saudí, quien suscribió el convenio hace unas semanas en Riad con el embajador cubano, Enrique Enríquez, el primer grupo será de especialistas no disponibles en el país, anestesistas y neurocirujanos.
Recientemente, el ministro de Comercio de Cuba, Rodrigo Malmierca, destacó que la exportación de servicios, entre ellos los médicos, se ha convertido en la principal fuente de ingresos en divisas para el país (más de $6 mil millones de dólares al año), por lo que el gobierno planea seguir incrementándola.
Se estima que nos 40 mil médicos cubanos prestan servicios a nombre del gobierno cubano en más de 60 países de América Latina, Asia y África. La excepción es Brasil, que desistió de contratar un contingente de unos 6 mil médicos de la isla, según informó a principios del mes pasado el diario Folha de Sao Paulo.
El periódico aludió entonces a que la práctica de La Habana de pagar a sus médicos una porción ínfima de lo que perciben por sus servicios en el extranjero, someterlos a un régimen de vigilancia y prohibiciones policiacas, no era “compatible” con las leyes laborales y la Constitución de Brasil.
