La organización no gubernamental Cuban Prisoners Defenders elevó a 142 el número total de prisioneros políticos en la Isla, según un informe que hizo público este lunes.
La organización define a los prisioneros políticos como "convictos de conciencia" que son los casos privados de libertad y los "condenados de conciencia" aquellos que están en prisión domiciliaria.
El documento, que tiene en cuenta los últimos 15 días del mes de marzo, señala que el número de convictos de conciencia aumentó de 87 a 88, mientras que el total de condenados de conciencia pasó de 18 a 23.
Según la ONG, otra lista de presos políticos que no figura en las categorías anteriores se mantiene estable en 32, por lo cual "el total de presos políticos alcanzó los 142 reos frente a los 138 que fueron informados hace apenas 15 días".
Cuban Prisoners Defenders señaló que la adopción y difusión de esta lista por parte de gobiernos, instituciones y organismos internacionales ha propiciado que hayan aflorado casos que no figuraban en los listados previamente difundidos.
Miles de presos en Cuba por "peligrosidad social predelictiva"
La ONG reiteró que la lista contiene 10 convictos de conciencia y 3 condenados de conciencia encausados por peligrosidad social predelictiva, lo que representa un 10% del total de presos políticos.
"Cuban Prisoners Defenders tiene la confirmación de que existen miles de convictos y condenados de conciencia por este tipo penal en las cárceles de Cuba y en condena domiciliaria con trabajos forzados", indicó la organización.
El informe cita el caso de la activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), Marbel Mendoza Reyes, encarcelada en la prisión Ceiba-4, en Artemisa desde el 18 de diciembre de 2017, y cuyo hijo pequeño fue expulsado de la escuela de música a la que asistía por "el activismo prodemocrático de la madre".
La organización añade que esta práctica es habitual para quien disiente en Cuba: "Los críticos y sus familiares están privados de educación especializada, universidad y un puesto de trabajo, por lo que son además estigmatizados socialmente y posteriormente acusados de “peligrosidad social pre-delictiva”, privándoles de su libertad".
