La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, señalada por sus críticos de estar controlada por el presidente Daniel Ortega, emitió el martes una resolución en la que ordenó el despojo de la nacionalidad a 135 opositores excarcelados recientemente y enviados a Guatemala por gestiones del gobierno estadounidense.
Según la máxima autoridad judicial en Nicaragua, los excarcelados "atentaron contra la soberanía, independencia" del país y promovieron "la violencia, el odio, terrorismo y desestabilización económica", todo ello penalizado en la Ley 1.055 (Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz) y 1.145 (Ley Especial que regula la pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense).
El gobierno sandinista también ordenó el decomiso de todos los bienes de los opositores excarcelados "a fin de responder por los severos daños materiales e inmateriales que las actividades delictivas de estos, ocasionaron a la población y al país".
El gobierno nicaragüense no dio a conocer los nombres de los opositores excarcelados y la lista de estos se mantiene bajo sigilo.
Despojo de nacionalidad se ha vuelto una constante
La administración de Ortega ha venido despojando de la nacionalidad a sus críticos y a los excarcelados por razones políticas.
En febrero de 2023, el gobierno despojó de la nacionalidad nicaragüense a 222 opositores que fueron excarcelados y enviados a Estados Unidos luego de un acuerdo entre Washington y Managua.
Estados Unidos rechazó el despojo de la nacionalidad y mencionó que nunca se acordó esa medida posterior a la excarcelación.
A la condena por el despojo de nacionalidad de opositores se sumó Chile, Colombia y España, quienes ofrecieron su apoyo a los nicaragüenses ante esta medida.
Nicaragua vive una grave crisis social y política desde el año 2018 que surgieron protestas contra el mandatario sandinista las cuales catalogó como un "fallido golpe de Estado".
Las protestas dejaron más de 300 muertos, así como miles de heridos y exiliados.
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