Una demanda presentada esta semana por un ciudadano guatemalteco ante la Corte de Constitucionalidad de su país busca impedir la renovación del convenio de salud con Cuba que permite la contratación de médicos de la isla, así como garantizar el derecho de asilo de los galenos en el país centroamericano.
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La Acción de Amparo contra el presidente de Guatemala Alejandro Giammattei y el canciller de ese país, Pedro Brolo, fue presentada ante esa corte por el joven comerciante César Fernando Molina Palma, de 23 años de edad.
Bajo el "Convenio Básico de Cooperación para el Desarrollo" suscrito entre el gobierno de Guatemala y el régimen de La Habana, el 18 de septiembre de 1998, arribaron a la nación centroamericana cientos de galenos de la isla para laborar en zonas rurales como parte de la llamada "Operación Milagro". Los galenos cubanos trabajan bajo condiciones de contratación que violan los derechos fundamentales de los galenos y los tratados internacionales, advierte Molina Palma.
Mantener el convenio en los términos actuales constituiría "una violación del derecho a la vida, la seguridad, el trabajo, la paz, el derecho de asilo político, el desarrollo integral de la persona, el principio de justicia social sobre el que está fundado el régimen económico y social del Estado, así como la obligación del Estado de proteger a la persona", señala el recurso de Amparo.
La demanda cita el cuestionamiento el pasado 26 de agosto del diputado Felipe Alejos Lorenzana al canciller guatemalteco por la violación de los derechos humanos fundamentales en las que incurre "el citado acuerdo y sus prórrogas".
"Ganan más de Q7 mil por estar aquí, quitándoles la oportunidad de trabajo a los médicos guatemaltecos. Lo que más nos preocupa que parte del salario se lo entregan al gobierno de Cuba, el cual es un régimen dictatorial, comunista desde 1959, en donde no existen derechos civiles ni políticos, tampoco libertad de expresión", había dicho Alejos en un encuentro con el ministro de Exteriores.
Según describe el documento, las condiciones bajo las que laboran los integrantes de las brigadas médicas cubanas violan cerca de 20 artículos de la Constitución guatemalteca relativos a los derechos laborales, de los migrantes y de asilo, entre otros.
El recurso cita el Artículo 27, bajo el cual demanda que se reconozca el derecho de asilo a los médicos cubanos por existir el riesgo de que sean "perseguidos por motivos políticos", y advierte que "no se debe permitir su extradición para tales fines".
El demandante subraya que es necesario que se otorge el amparo provicional para evitar que las "acciones u omisiones" del Ejecutivo traigan "consecuencias irreparables para los médicos cubanos en Guatemala".
A finales de agosto, la ministra de Salud de Guatemala, Amelia Flores, dijo a un diario local que la posición del gobierno no era expulsar a la brigada médica cubana, en referencia a declaraciones anteriores en la que mencionó problemas con el presupuesto para el pago de esos servicios a Cuba.
“La posición del Gobierno no es expulsar a la brigada cubana, en ningún momento se mencionó esa aberración, yo mencioné que estamos en el Ministerio revisando presupuesto, eso no equivale a la sanción de los médicos cubanos”, dijo Flores citada por el diario La Hora.
Según publicaciones del Departamento de Estado de EEUU La Habana gana “unos 7.000 millones de dólares anuales con la exportación de estas misiones médicas” y del sueldo de los galenos y enfermos, el régimen cubano “se embolsa entre el 75 y el 90%, dejando a los médicos con sólo el 10%, o en el mejor de los casos, con el 25%".
Los propios galenos que abandonado esas misiones han presentado demandas ante organismos internacionales en reclamo de una compensación por la violación sistemática de sus derechos.
