Estados Unidos acusó hoy a las fuerzas de seguridad de Venezuela de llevar a cabo una campaña de torturas y asesinatos extrajudiciales durante el año pasado de cara a las próximas elecciones presidenciales, con el objetivo de "consolidar" el poder al presidente Nicolás Maduro.
Según denunció Washington en el informe sobre Derechos Humanos que elabora anualmente el Departamento de Estado, el Gobierno de Venezuela incluso patrocinó a los llamados "colectivos", grupos paramilitares que emplean la violencia para acallar las voces contrarias al actual Ejecutivo.
"Los asuntos más significativos en cuanto a Derechos Humanos incluyen asesinatos extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad, incluidos aquellos ejecutados por los 'colectivos' patrocinados por el gobierno y torturas ejercidas por las fuerzas de seguridad", denuncia el informe.
Asimismo, el documento hace referencia a las duras condiciones que existen en las prisiones venezolanas, que llegan a poner en riesgo la vida de los reos, así como el aumento de las “detenciones arbitrarias" y de la existencia de presos políticos en lo que supone una injerencia "ilegal" del Ejecutivo en la esfera privada de los ciudadanos.
Estados Unidos denunció, además, la falta de independencia que sufre el Poder Judicial en Venezuela.
"Venezuela es formalmente una república multipartidista y constitucional, pero durante más de una década el poder político ha estado concentrado en un único partido con un Ejecutivo cada vez más autoritario que ejerce un control significativo sobre el Judicial, el Legislativo y los ciudadanos", sostiene el documento.
Según el informe, con motivo de las elecciones presidenciales que tendrán lugar en el país andino el próximo 20 de mayo, el gobierno de Maduro llevó a cabo múltiples abusos con el propósito de garantizar la victoria del actual mandatario.
"El Gobierno arrestó a miles de individuos, juzgó a cientos en cortes civiles y militares, y sentenció aproximadamente a 12 alcaldes de la oposición a penas de prisión de 15 meses por su supuesta incapacidad a la hora de controlar las protestas que tuvieron lugar en sus jurisdicciones", explica el informe.
Las injerencias del Ejecutivo no se limitan a las ramas del Estado, sino que también afectaron a la sociedad civil y a los medios de comunicación, al proceder a bloquear la emisión de señales de forma "rutinaria" y al ordenar el cierre emisoras de radio y televisión, así como de otros soportes informativos.
El informe sirve como guía al Congreso estadounidense a la hora de decidir la ayuda exterior para cada país, examina el comportamiento de los Gobiernos extranjeros de todo el mundo respecto a los derechos humanos.
La corrupción en las más altas esferas de la política y la violencia contra grupos minoritarios son los principales problemas señalados por el informe en los países del Cono Sur: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay.
El informe destaca que la injerencia de algunos gobiernos en el poder judicial y las denuncias de torturas y de asesinatos extrajudiciales son algunasde las principales infracciones que se dan en los países de la región andina, integrada por Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia, además de Venezuela que mereció un amplio capítulo.
El informe advirtió de la "extendida corrupción" gubernamental y judicial en los países centroamericanos así como los problemas de las autoridades civiles a la hora de "controlar" a las fuerzas de seguridad en la región, lo que provoca impunidad.
En su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo, publicado hoy, el Departamento de Estado también constató numerosas acusaciones de ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad, en muchos casos contra supuestos miembros de organizaciones criminales.
La violencia contra las mujeres, niñas, lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales también fue generalizada en la región en 2017, según el informe.
(Escrito por Pablo Alfonso con información de la agencia EFE)
