Una ex tesorera nacional de Venezuela y su esposo fueron acusados judicialmente por su supuesta participación en una trama multibillonaria de lavado de dinero, informó un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Claudia Patricia Díaz Guillén, de 47 años, y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, de 41, ciudadanos venezolanos residentes en Madrid, España, fueron acusados en el Distrito Sur del Estado de la Florida con un cargo de conspiración para cometer el delito de lavado de dinero y dos cargos de lavado de dinero.
En septiembre de 2018, Díaz Guillén, exenfermera del exgobernante Hugo Chávez, peleó y ganó un caso contra su extradición a Venezuela en una corte de Madrid, España, ante una solicitud de autoridades de esa nación por señalamientos de lavado de dinero.
Registros judiciales obtenidos en agosto de este año por la Associated Press en Liechtenstein, en agosto de este año, muestran que la mujer está acusada de transferir millones de dólares del país socialista mediante lingotes de oro que compró a través de una empresa fantasma en el país insular caribeño San Vicente y las Granadinas.
Raúl Gorrín Belisario, de 52 años de edad, billonario venezolano y propietario de Globovisión, fue acusado en agosto de 2018 y continúa en la nueva acusación como co-conspirador en la misma acusación de blanqueo de capitales. Actualmente se encuentra en Venezuela, en calidad de fugitivo.
La nueva acusación alega que Gorrín pagó millones de dólares en sobornos, a dos ex tesoreros nacionales de Venezuela, Alejandro Andrade Cedeño y Díaz, y a Velásquez, para asegurar el derecho de llevar a cabo transacciones en moneda extranjera a porcentajes favorables al Gobierno de Venezuela.
Gorrín envió dinero por cable a Andrade y Díaz, incluyendo dinero para adquirir aviones privados “jet”, yates, mansiones, caballos de carrera, relojes de alto precio y ropa de extravagante estilo. Para ocultar los sobornos, Gorrín hizo pagos a través de múltiples compañías “fantasmas”, señala el Departamento de Estado.
Andrade, de 56 años de edad, ciudadano venezolano, fue sentenciado previamente a 10 años de prisión, en noviembre de 2017, por su participación en la conspiración para cometer el delito de lavado de dinero.
Como parte de su “petición de gracia”, Andrade confesó haber recibido más de mil millones de dólares en sobornos, de parte de Gorrín y de otros co-conspiradores, a cambio de usar su posición como tesorero nacional de Venezuela para seleccionar los mejores conductos para realizar transacciones de intercambios cambiarios a porcentajes favorables para el Gobierno de Venezuela.
Un “auto de acusación” o acusación, es tan sólo un alegato y todos los acusados son considerados como inocentes hasta que en un tribunal de justicia sea probada su culpabilidad, “más allá de toda duda razonable”, aclara el comunicado.
