El Gobierno estadounidense decidió este lunes cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a más de 250.000 salvadoreños, pero les dará un periodo de 18 meses, hasta septiembre de 2019, para que abandonen el país o busquen una vía alternativa de regularización, informó un alto funcionario.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justifica la decisión en que "ya no existen las condiciones originales causadas" por los devastadores terremotos de 2001 en El Salvador, la razón por la que se otorgó esta protección a un total de 263.282 salvadoreños hasta finales de 2016, según datos oficiales facilitados a Efe.
Preguntado por si se han considerado los altos niveles de violencia en el país centroamericano a la hora de tomar la decisión, la razón que alegaban los activistas para pedir su prórroga, el alto funcionario subrayó que sólo se han tenido en cuenta los aspectos por los que se concedió el TPS y ningún otro.
El portavoz insistió en que el periodo de 18 meses permitirá a los afectados "preparar su partida" a su país de origen o buscar otra manera de quedarse en Estados Unidos de manera legal.
El Gobierno de El Salvador, la comunidad salvadoreña en Estados Unidos y activistas proinmigrantes venían batallado sin descanso en los últimos meses para el mantenimiento del TPS o al menos para su prórroga por seis meses, como el Gobierno hizo con el programa para los hondureños.
Sin embargo, el Ejecutivo de Trump ha decidido aplicar su marcada línea dura migratoria y terminar con el programa para los salvadoreños, tras haber hecho lo mismo con el beneficio para los nicaragüenses y los haitianos.
EEUU decidió conceder esta protección a los salvadoreños que estaban en el país en febrero de 2001 tras los devastadores terremotos de año, pero la medida dio protección migratoria a otros nacionales que habían llegado décadas antes (en los años 1980 y 1990) huyendo de la guerra civil y sus consecuencias.
Bajo la Presidencia del republicano George H.W. Bush (1989-1993), el Congreso de EE.UU. estableció un procedimiento que permite al Gobierno otorgar, de manera extraordinaria, un permiso temporal de residencia y trabajo a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos, epidemias o desastres naturales: el TPS.
Ese permiso no abría ninguna vía para la residencia permanente ni ningún otro estatus de regulación migratoria, por eso, con la decisión del Gobierno de Estados Unidos de no prorrogarlo, sus beneficiarios tendrán que regresar a su país de origen o enfrentarse a la deportación si se quedan como indocumentados.
El argumento de los defensores de mantener el TPS 17 años después de los terremotos por los que fue otorgado es que las condiciones en El Salvador, con alta pobreza y criminalidad, no han mejorado para que sus emigrantes en Estados Unidos regresen.
Pero además, recuerdan que más del 51 por ciento de los salvadoreños con TPS han vivido en Estados Unidos durante al menos 20 años, según el Centro para los Estudios sobre la Migración.
El permiso expira el próximo 9 de marzo, por lo que el Gobierno tenía hasta esta medianoche para anunciar su decisión.
Congresistas reaccionan a decisión de Trump
Legisladores cubanoamericanos criticaron la decisión de la Administración Trump, y recomendaron reconsiderar el caso de los salvadoreños, así como el de los haitianos, nicaragüenses y hondureños, que residen bajo un permiso temporal en EEUU.
El congresista Mario Diaz-Balart dijo en un comunicado que está en completo desacuerdo con la decisión de terminar el TPS para los salvadoreños que residen en Estados Unidos.
“Esas personas inocentes huyeron de su país tras un desastroso terremoto, y aunque las condiciones de vida han mejorado, El Salvador enfrenta ahora un problema mayor con el tráfico de drogas, las bandas (grupos delectivos) y el crimen", subrayó.
Diaz-Balart destacó la contribución que los salvadoreños han hecho a la sociedad estadounidense y a las comunidades locales. "Sería devastador enviarlos a casa (El Salvador) después de que han creado una vida humilde (en EEUU) para ellos y sus familias", dijo.
Por su parte, el congresista republicano Carlos Curbelo, líder de un esfuerzo bipartidista que propone una ley para otorgar residencia permanente a inmigrantes salvadoreños, nicaragüenses, hondureños y haitianos que ya tienen el TPS, señaló que estas personas se han convertido en "una parte esencial de la comunidad del Sur de la Florida, contribuyendo a su economía y cultura".
"La decisión de hoy sobre los salvadoreños con TPS, y las decisiones anteriores sobre los hondureños y nicaragüenses con TPS, aon decepcionantes. Muchos años de extensiones por corto plazo han creado ansiedad e incertidumbre, solo para estos inmigrantes y sus familias, sino también para sus empleadores y vecinos, que le han dado la bienvenida a sus comunidades", subrayó.
El Senador Bob Menendez, miembro de alto rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, se unió a las críticas por la terminación del TPS para los salvadoreños.
"Como lo advertimos repetidamente a la Casa Blanca en nuestras llamadas para una consideración escrupulosa sobre las designaciones de Estatus de Protección Temporal, todo lo que alguien necesita hacer es tomarse la molestia de observar las condiciones dentro de El Salvador para entender que la finalización de este programa y una orden de retorno a los individuos con TPS seguramente desestabilizará los frágiles esfuerzos de recuperación de su país y solo pondrá en peligro a cientos de miles de personas", dijo en un comunicado.
Menendez subrayó que "miles de niños ciudadanos americanos, también se verán terriblemente perjudicados por esta decisión, ya que busca despojarlos de sus padres", y urgió al Congreso a encontrar una verdadera solución para el problema migratorio en Estados Unidos.
(Con información de EFE y comunicados de Diaz-Balart, Curbelo y Menendez)
