El exfuncionario cubano Carlos Antonio Lloga Domínguez, a quien Washington vincula con actividades de influencia y propaganda en favor del régimen de La Habana, fue detenido por agentes federales junto a miembros de su familia después de que el Departamento de Estado les revocara su estatus legal en el país.
Según un comunicado divulgado por la cancillería estadounidense, Lloga Domínguez trabajó durante más de una década para el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), organización que EEUU considera parte de una red internacional de influencia vinculada al régimen cubano.
El cubano mantuvo relaciones con el ICAP incluso después de establecerse en Estados Unidos. Su esposa y su hijo también fueron detenidos y permanecen bajo custodia federal a la espera de procedimientos de deportación, informó en un post en X el secretario de Estado Marco Rubio.
"Esta semana, revoqué la condición jurídica de Carlos Antonio Lloga Domínguez, exfuncionario de ICAP que mantiene vínculos con la organización. Lloga Domínguez, su esposa y su hijo se encuentran ahora bajo custodia federal en espera de su deportación de Estados Unidos", señaló.
Rubio afirmó que la administración del presidente Donald Trump no permitirá que personas vinculadas a operaciones de influencia de gobiernos extranjeros utilicen territorio estadounidense para promover agendas políticas o ideológicas.
"Estados Unidos jamás será un refugio para comunistas extranjeros que difunden propaganda, llevan a cabo operaciones de influencia subversiva o apoyan movimientos radicales antiestadounidenses dentro del país. Si realiza transacciones con ICAP, será sancionado, procesado o deportado de nuestro país", advirtió.
El ICAP fue sancionado este mes por la administración Trump mediante una Orden Ejecutiva que autoriza sanciones sobre Cuba, recordó Rubio. Washington describe a la entidad como un actor central de una red internacional de organizaciones afines al gobierno cubano y sostiene que mantiene vínculos estrechos con los servicios de inteligencia de la isla.
El actual presidente de ICAP, Fernando González Llort, fue condenado en Estados Unidos por su participación en la denominada Red Avispa, una red de espionaje cubana desmantelada en Florida en los años 90.
"Durante décadas, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) ha servido como vehículo para el extremismo de izquierda radical y la influencia extranjera subversiva en Estados Unidos y en todo el hemisferio. El ICAP es el principal grupo de influencia e inteligencia del régimen cubano, que explota su vasta red global para espiar a ciudadanos estadounidenses, promover propaganda antioccidental, coordinar operaciones de influencia extranjera y organizar movimientos revolucionarios de izquierda en todo el mundo", subrayó el jefe de la diplomacia de EEUU.
El congresista cubanoamericano Carlos Giménez, republicano por la Florida, celebró la acción tomada por la administración Trump.
"Los agentes de la dictadura Castro comunista no tienen cabida en nuestro país. Desde el Congreso, felicito al @SecRubio [secretario de Estado Marco Rubio] por hacer cumplir nuestras leyes y protegernos de estos esbirros comunistas que se habían infiltrado en nuestra nación", reaccionó en un post en redes sociales.
En septiembre de 2025, la también representante federal María Elvira Salazar, pidió al presidente Trump y al secretario Rubio sanciones para el ICAP. Salazar denunció entonces que esta organización era, en realidad, "una fachada para la inteligencia, la radicalización y el terrorismo cubanos".
"Durante décadas, el ICAP ha reclutado a estadounidenses bajo la falsa bandera de la "solidaridad" para difundir propaganda antisemita, atacar a Israel y odiar a Estados Unidos. Hoy se asocia con Hezbolá, Hamás e Irán, convirtiendo a Cuba en una base terrorista a solo 145 kilómetros de Florida", escribió entonces legisladora en un post en sus redes sociales.
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