El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones este lunes al viceministro ejecutivo del gobierno de Nicolás Maduro y prominente narcotraficante venezolano Tareck El Aissami, y a su principal testaferro, Samark López Bello, informó la institución en un comunicado.
"La medida tiene como objetivo una red internacional de trece empresas que facilitan movimientos de dinero ilícitos y sociedades holding offshore", señaló la nota.
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro señaló al nacional venezolano Tareck Zaidan El Aissami Maddah (El Aissami) como narcotraficante especialmente designado, conforme a la Ley de designación de cabecillas extranjeros del narcotráfico (Ley Kingpin) por su destacada participación en el narcotráfico internacional.
El principal testaferro de El Aissami, el nacional venezolano Samark José López Bello (López Bello), también fue designado por proporcionar asistencia material, apoyo financiero o bienes o servicios en apoyo de actividades de narcotráfico internacional de El Aissami, y por actuar en su nombre o representación.
La OFAC asimismo designó o identificó con carácter de bienes bloqueados a trece empresas que son propiedad de López Bello, o son controladas por este, o que son propiedad de otras partes designadas que comprenden una red internacional que se extiende a las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, el Reino Unido, los Estados Unidos y Venezuela, o son controladas por estas.
Como resultado de la acción de hoy, todos los activos y bienes que estos individuos puedan tener bajo la jurisdicción de EE.UU. están congelados, y a los estadounidenses se les prohíbe generalmente participar en transacciones con ellos, informó la OFAC.
“La acción de hoy de la OFAC marca la culminación de una investigación que se llevó a cabo durante varios años en virtud de la Ley Kingpiny tuvo como objetivo a importantes narcotraficantes en Venezuela, y además demuestra que el poder y las influencias no protegen a quienes participan en estas actividades ilícitas”, expresó John E. Smith, director interino de la OFAC.
“Este caso pone de relieve nuestro énfasis constante en narcotraficantes y en aquellos que contribuyen al lavado de activos procedentes de sus actividades ilícitas a través de los Estados Unidos. Para el Departamento del Tesoro, siguen teniendo carácter prioritario la denegación de un refugio seguro para dineros ilícitos y la protección del sistema financiero estadounidense contra los abusos”, añadió.
El Aissami fue nombrado vicepresidente ejecutivo de Venezuela en enero de 2017. Antes fue gobernador del estado de Aragua (2012-2017) y ministro del Interior y Justicia (a partir de 2008) de ese país.
Facilitó el transporte de narcóticos desde Venezuela, lo que incluyó haber tenido el control de las aeronaves que despegan desde una base aérea venezolana, así como el control de las rutas de la droga a través de los puertos de Venezuela. En el ejercicio de sus funciones anteriores, en varias ocasiones supervisó envíos de narcóticos de más de 1.000 kg desde Venezuela, incluso algunos con destino final a México y los Estados Unidos, o fue uno de los dueños de esos cargamentos de narcóticos.
Asimismo, facilitó, coordinó y protegió a otros narcotraficantes que actuaban en Venezuela. En concreto, El Aissami recibió dinero por facilitar el transporte de narcóticos propiedad del narcotraficante venezolano Walid Makled García.
El Aissami también está vinculado a la coordinación de envíos de narcóticos al violento cartel mexicano Los Zetas, así como a la protección del capo narcotraficante colombiano Daniel Barrera Barrera y del narcotraficante venezolano Hermágoras González Polanco.
Los Zetas, Daniel Barrera Barrera y Hermágoras González Polanco fueron nombrados Narcotraficantes Especialmente Designados por el Presidente o el Secretario del Tesoro en virtud de la Ley Kingpin en abril de 2009, marzo de 2010 y mayo de 2008, respectivamente.
López Bello es un importante testaferro de El Aissami y como tal se dedica al lavado de dineros procedentes del narcotráfico.
"El Aissami “usa” a López Bello para adquirir determinados bienes. López Bello también se encarga de las gestiones de negocios y las cuestiones financieras de El Aissami, con lo que genera considerables ganancias producto de las actividades ilegales que benefician a este último", subraya la nota del Departamento del Tesoro.
López Bello supervisa una red internacional de empresas petroleras, de distribución, de ingeniería, de telecomunicaciones y de sociedades offshore, a saber: Alfa One, C.A. (Venezuela); Grupo Sahect, C.A. (Venezuela); MFAA Holdings Limited (Islas Vírgenes Británicas); Profit Corporation, C.A. (Venezuela); Servicios Tecnológicos Industriales, C.A. (Venezuela); SMT Tecnología, C.A. (Venezuela), y Yakima Trading Corporation (Panamá).Otra entidad, Yakima Oil Trading, LLP (Reino Unido), es propiedad de Yakima Trading Corporation (Panamá) o es controlada o dirigida por esta, o actúa en su nombre o representación. Las empresas Profit Corporation, C.A. y SMT Tecnología, C.A. tienen contratos con el Gobierno venezolano. Entre 2009 y 2010, la empresa Grupo Sahect C.A. prestó servicios de almacenamiento y transporte a la entidad gubernamental venezolana Productora y Distribuidora de Alimentos, S.A. (PDVAL).
En el marco de la medida de hoy también se ha bloqueado a cinco empresas estadounidenses que son propiedad de López Bello, MFAA Holdings Limited o ambos, o que están bajo su control. Estas entidades son las siguientes sociedades de responsabilidad limitada inscritas en la Florida: 1425 Brickell Ave 63-F LLC; 1425 Brickell Avenue Unit 46B, LLC; 1425 Brickell Avenue 64E, LLC; Agusta Grand I LLC, y 200G PSA Holdings LLC. Además, se ha identificado a una aeronave estadounidense con el número de aeronave N200VR como bien bloqueado por ser propiedad de la sociedad 200G PSA Holdings LLC o estar controlado por esta.
A consecuencia de la medida de hoy, se han bloqueado bienes inmuebles y otros bienes de importancia de la zona de Miami (Florida) relacionados con López Bello.
El tesoro agrega en el comunicado que desde junio del año 2000, más de 2.000 empresas e individuos han sido nombrados conforme a la Ley Kingpin por su participación en el narcotráfico internacional.
Las sanciones por violaciones a la Ley Kingpin fluctúan entre penas civiles de hasta $1.437.153 millones por cada violación a penas criminales más severas. El castigo para directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de prisión y multas de hasta $5 millones. Las multas criminales para empresas pueden alcanzar los $10 millones. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de conformidad con el Título 18 del Código de los Estados Unidos por violación criminal a la Ley Kingpin.
