Brian A. Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental hizo constar el rechazo del Departamento de Estado norteamericano a las condenas aplicadas por el régimen de Cuba contra los manifestantes del alzamiento pacífico ocurrido en la isla el 11 de julio del pasado año.
En su cuenta de Twitter, Nichols hace un llamado a la “comunidad internacional” a mostrar su desacuerdo con estas sanciones.
También denunció las “horrendas condiciones” en que permanecen los prisioneros, entre de los cuales hay un considerable número de menores de 18 años.
“Los cubanos que se enfrentan a juicios falsos han aumentado a más de 200. Los presos políticos detenidos en condiciones horrendas en toda la isla se enfrentan a sentencias de hasta 30 años. Instamos a la comunidad internacional a unirse a nosotros en la condena de esta represión generalizada de las legítimas aspiraciones del pueblo cubano”, escribió el funcionario.
En los primeros días de enero Washington impuso restricciones de visa a ocho funcionarios cubanos relacionados con la detención, sentencia y encarcelamiento de manifestantes pacíficos del 11 de julio.
En un comunicado, el secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que la medida se debía "a las duras e injustas sentencias impuestas a manifestantes pacíficos" por personas "implicadas en los intentos de silenciar las voces del pueblo cubano”.
"Estados Unidos tomó medidas para hacer cumplir las restricciones de visa en respuesta a los intentos del gobierno cubano de negarles a los cubanos su libertad y derechos a través de tácticas de intimidación continuas, encarcelamiento injusto y sentencias severas”, dijo Blinken.
Familiares y activistas han denunciado violaciones jurídicas, manipulación y el uso de testigos con falsos testimonios por parte de la fiscalía, violaciones al debido proceso y juicios a puerta cerrada. También han dicho que mayormente se usan testimonios de oficiales de la seguridad del estado y la policía para incriminar a las personas, que las escenas de violencia policial son eliminadas de los videos que sirven como pruebas y que los jueces favorecen abiertamente a los acusadores.
Según la organización Cubalex, 1.355 personas fueron detenidas por las protestas de julio, de las cuales 719 siguen en prisión.
La agrupación Justicia 11, que lleva un registro pormenorizado de las detenciones y los procesos penales en relación con el estallido social del 11 de julio, dijo esta semana que "ningún medio de propaganda de las autoridades cubanas ha informado hasta ahora de la ejecución de juicios ordinarios a al menos 223 manifestantes.
El grupo denunció que al menos 234 personas tienen peticiones fiscales en espera de juicio.
Grupos de derechos humanos han denunciado que 39 cubanos con edades inferiores a 21 años se encuentran bajo medida cautelar arbitraria y extrema de prisión provisional, a la espera de ratificación de condenas de hasta 23 años de privación de libertad.
Tan solo en Holguín, donde esta semana están siendo procesados 21 residentes, hay ocho menores, en edades entre 16 y 18 años, que enfrentan peticiones fiscales de hasta 18 años de cárcel. Ellos son: Keila Roxana Mulet Calderón (16), 15 años; Marcos Antonio Pintueles Marrero (18), 18 años; Jorge Luis Martínez García (18), 18 años; Samuel Torres Durán (17), 18 años; Yeral Michel Palacios Román (18), 15 años; Ernesto Abelardo Martínez Pérez (17), 15 años; Yoel Ricardo Sánchez Borjas (18), 15 años y Ayan Idalberto Jover Cardoza (17), 15 años.
El juicio contra 16 manifestantes del 11 de julio en la barriada de La Güinera, celebrado durante dos días en el Tribunal Municipal de 10 de Octubre, quedó esta semana concluso para sentencia.
En la vista, a cuatro menores de 18 años se les rebajó la petición fiscal de 15 a 7 años de cárcel, mientras que, para el resto de los encausados, quedó ratificado lo que había pedido la Fiscalía.
