El 2019 fue un año importante en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba con el recrudecimiento de las sanciones contra el régimen de la isla y la activación del Título III de la Ley Helms-Burton, además de otros eventos.
El 17 de abril, en un discurso, en Miami el entonces asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, anunció sanciones contra los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
"Estas nuevas medidas ayudarán a alejar los dólares estadounidenses del régimen cubano, o de sus servicios militares y de seguridad, que controlan la industria del turismo en Cuba", dijo Bolton en esa ocasión.
Quizás el evento importante en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba en el 2019 fue el anuncio, ese mismo día, de la implementación completa de la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana (Helms-Burton) .
"La administración Trump ya no va a suspender el Título III a partir del 2 de mayo. Todas las pautas de la ley entrarán en vigor. Poner el Título III en vigencia completa le dará justicia a los cubanoamericanos que han buscado asistencia después de que el régimen de Fidel Castro les quitara propiedades sin compensarles", dijo el secretario de Estado Mike Pompeo al anunciar la decisión.
Desde entonces varias empresas estadounidenses han sido demandadas en corte federal por traficar con propiedades confiscadas por el gobierno cubano, o por beneficiarse indirectamente con su comercio, entre ellas la compañía de cruceros Carnival Corp., la firma de reserva de viajes Expedia Group, la aerolínea American Airlines, las cadenas de hoteles Meliá, Barceló, Iberostar, Accor y Blue Diamond, y la petrolera Exxon Mobil Corporation contra las entidades cubanas CIMEX y CUPET.
Más sanciones
En junio, la administración del presidente Donald Trump ordenó nuevas restricciones en los viajes no familiares a Cuba, al eliminar la autorización de viajes educativos para contactos pueblo a pueblo bajo el auspicio de organizaciones estadounidenses que promovían esos viajes en grupo.
El 6 de septiembre, el Departamento del Tesoro anunció enmiendas a las regulaciones de control de activos cubanos para implementar a fondo la política exterior del presidente Trump hacia Cuba. Entre las medidas, EEUU impuso un límite en el envío de remesas a Cuba a $1.000 dólares por persona cada tres meses.
El 26 de ese mismo mes, el Departamento de Estado impuso sanciones al general Raúl Castro y a sus hijos debido a su participación en graves violaciones de los derechos humanos.
Cuatro días después, la cancillería estadounidense anunció restricciones de visa a funcionarios cubanos responsables de prácticas laborales "abusivas y coercitivas" en las misiones médicas internacionalistas.
A finales de octubre, Estados Unidos limitó los vuelos hacia varios destinos en Cuba, excepto La Habana, esto después de que el 18 de ese mes el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunciara que restringiría aún más el acceso del régimen a aviones comerciales y otros bienes.
En noviembre, el Departamento de Estado anunció sanciones contra la Corporación Panamericana S.A., que según la Casa Blanca le había servido a la empresa estatal Cubametales para evadir sanciones impuestas por Washington.
"Cubametales fue sancionada en julio del 2019 y desde entonces ha tenido problemas para encontrar empresas dispuestas a hacer negocios con ella. Ha dependido de esa otra compañía para evadir las sanciones, mientras que desempeña la estrategia de petróleo a cambio de represión entre Cuba y Venezuela", dijo el secretario de estado Mike Pompeo al anunciar las sanciones.
También en noviembre cinco entidades comerciales del ejército de la isla fueron agregadas a la lista de restricciones para Cuba. Ya en abril se había tomado una medida similar, cuando se sumaron otras cinco empresas.
Inmigración
Estados Unidos redujo a partir del 18 de marzo la validez de la visa B2 para los nacionales cubanos a tres meses con una entrada. Antes del cambio, Washington concedía a los cubanos una visa de múltiples entradas, con 60 meses (5 años) de validez. El Departamento de Estado explicó que reducía la validez de la visa B2 "para igualar la validez inferior concedida por el gobierno de Cuba a los ciudadanos de los Estados Unidos en categorías similares".
A partir del 16 de julio se hizo más difícil para el cubano solicitar asilo en la frontera con México, cuando entró en vigor una nueva regla que niega el beneficio a postulantes que no emitieron solicitudes de protección ante persecución o tortura cuando estas opciones estaban disponibles en al menos un "tercer país" a través del cual viajaron a Estados Unidos.
En agosto, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos anunció que no concedería automáticamente un permiso de trabajo a las personas que estén bajo parole mientras se procesa su petición de asilo o cualquier otra solicitud para legalizar su estatus migratorio.
Durante 2019, continuó suspendido el Programa de Reunificación Familiar Cubano (CFRP), detenido en 2017 tras los ataques a la salud de diplomáticos estadounidenses en La Habana.
Congresistas del Partido Demócrata por el estado de Florida presentaron el 28 de octubre en la Cámara de Representantes el anteproyecto H.R. 4884, the Cuban Family Reunification Act, que busca rescatar el CFRP.
Restricciones de viaje a Cuba
En el 2019 hubo dos intentos legislativos a favor de levantar las restricciones de viaje a los estadounidenses.
El 29 de julio, el senador demócrata por Vermont, Patrick Leahy, presentó el proyecto “Ley de Libertad para que los Estadounidenses Viajen a Cuba 2019", que pide levantar todas las regulaciones que restringen los viajes de ciudadanos estadounidenses a Cuba.
"Las regulaciones son un insulto para todo estadounidense y una vergüenza para una sociedad libre. ¿Desde cuándo es el rol del gobierno federal decirle a los estadounidenses a dónde pueden viajar y gastar su dinero sin haber una amenaza de seguridad nacional o a su propia salud y seguridad?", opinó Leahy.
Días antes, en la Cámara de Representantes, el congresista Jim McGovern, demócrata de Massachusetts, había introducido una propuesta similar. Ambos proyectos de ley están en la primera etapa del proceso legislativo.
