Prisoners Defenders alerta que Cuba cerró agosto de 2026 con 1.339 presos políticos, la cifra más alta documentada por la organización, en medio de un aumento de los arrestos por protestas relacionadas con los apagones, la falta de agua y otras necesidades básicas.
La organización incorporó 19 nuevos nombres a su lista durante agosto y 281 en los últimos 12 meses, el mayor incremento registrado en un período de tres años.
“Cuba acaba de alcanzar varios nuevos récords fatídicos”, afirmó Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, en declaraciones a las que tuvo acceso Martí Noticias.
El informe registra también 155 mujeres sometidas a condenas o medidas restrictivas por motivos políticos, una cifra que Larrondo calificó como “un récord absoluto en décadas”.
Además, 38 personas fueron detenidas cuando todavía eran menores de edad y 14 permanecen encarceladas, según los datos de la organización.
Más allá de las estadísticas, Larrondo llamó la atención sobre las consecuencias que la represión tiene para las familias de los detenidos, especialmente para los niños.
“Reclamar agua o electricidad puede llevar a prisión. Grabar lo que hace un agente violando sus funciones puede llevar a prisión”, advirtió.
Entre los casos documentados se encuentra el de Doraikis Delgado, madre de dos niños de siete y ocho años, detenida después de transmitir en las redes sociales una protesta por los apagones.
Delgado permanece en prisión provisional y padece hemofilia, una enfermedad que requiere atención médica especializada. Mientras tanto, sus hijos han quedado al cuidado de vecinos porque su padre debe trabajar y conseguir alimentos para la familia y para la detenida.
“El castigo se ceba en los hijos y en la familia completa”, afirmó Larrondo.
Una situación similar enfrentó Sady Reynaldo Companioni, madre de una niña de seis años, quien denunció que su familia llevaba más de dos semanas sin recibir agua.
De acuerdo con Prisoners Defenders, la escasez era tan grave que la familia había tenido que recoger agua de lluvia para beber. Cuatro agentes acudieron a su vivienda y se la llevaron delante de su hija, que lloraba desconsoladamente.
Companioni fue excarcelada el 2 de septiembre, pero continúa sometida a medidas restrictivas y debe presentarse regularmente ante las autoridades.
“Estamos hablando de madres que reclaman lo imprescindible para cuidar de sus hijos. ¿Cómo puede la respuesta ser detenerlas?”, cuestionó el presidente de Prisoners Defenders.
El informe destaca igualmente el caso de Cristian de Jesús Crespo, de 16 años, encarcelado provisionalmente tras las protestas ocurridas en marzo en Morón, Ciego de Ávila.
Según la organización, el adolescente contrajo hepatitis en prisión, pero no fue trasladado a un hospital. También habría sido agredido después de rechazar los alimentos debido a su mal estado y a las condiciones en las que eran servidos.
Su familia desconoce cuál es su situación actual, aunque sabe que fue recluido junto a adultos considerados peligrosos en un penal de máxima seguridad, denunció Larrondo.
“Tiene 16 años. Su familia debería poder protegerlo. En cambio, ni siquiera recibe información sobre su salud o sobre cómo se encuentra”, señaló.
Para Larrondo, estos episodios no son excepcionales, sino ejemplos de las condiciones que enfrentan cientos de personas encarceladas por razones políticas en la isla.
“Son unos pocos casos que explican lo que pasa. Por desgracia, estas situaciones son habituales entre los presos políticos en Cuba”, afirmó.
Prisoners Defenders documentó 463 presos políticos con patologías médicas graves y 54 presos de conciencia con trastornos severos de salud mental.
Ambos grupos sufren una “negación sistemática” de asistencia médica, según la organización.
Larrondo aseguró que la escasez de alimentos, los malos tratos, la falta de higiene, las enfermedades que circulan dentro de las cárceles y la ausencia de servicios médicos están deteriorando la salud de la población penitenciaria cubana.
La organización calcula que en Cuba existen alrededor de 90.000 presos, una cifra equivalente a más del 1% de la población del país.
“La falta de alimentación, los malos tratos, la falta de higiene y la negación de asistencia médica están destruyendo la salud de los presos”, denunció Larrondo.
Uno de los casos incluidos en el informe es el de Ángel Serrano, condenado a 15 años de prisión por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.
Según Prisoners Defenders, Serrano fue golpeado mientras se encontraba esposado por negarse a realizar trabajos forzosos incompatibles con sus enfermedades.
Las autoridades penitenciarias también le habrían negado un examen médico después de la agresión, presuntamente para impedir que quedaran pruebas documentales de las lesiones.
Larrondo recordó que Naciones Unidas había solicitado su liberación y cuestionó que en Europa se comercialicen puros y carbón vegetal producidos por presos en Cuba bajo condiciones denunciadas como abusivas.
El deterioro de la salud de Carlos Alberto Macdonald Ennis constituye otro de los casos destacados por Prisoners Defenders.
Macdonald Ennis, diagnosticado con cáncer, fue condenado el 1 de septiembre a siete años de prisión. El tumor apareció y avanzó mientras se encontraba encarcelado y sin recibir la atención médica necesaria, según Larrondo.
El preso necesita completar 35 sesiones de radioterapia, pero hasta el momento solo ha recibido cuatro. Su condena podría llevarlo nuevamente a una prisión de máxima seguridad, donde la organización teme que se interrumpa el tratamiento.
“Una sentencia que lo lleve a prisión sin atención médica es una sentencia de muerte velada”, alertó Larrondo.
La organización sostiene que Macdonald Ennis no fue condenado por cometer un acto violento, sino por una supuesta vinculación con Cuba Primero. Tanto el detenido como la agrupación han negado que existiera relación entre ellos.
“Hay que luchar con todo por la vida de estas personas”, dijo Larrondo.
Prisoners Defenders pidió a los medios de comunicación, las organizaciones internacionales y los gobiernos democráticos que den visibilidad a las condiciones de los presos políticos cubanos y reclamen su liberación.
“Cada encarcelamiento en estas condiciones es una tortura para el encarcelado y para toda su familia”, afirmó Larrondo.
El activista insistió en que las estadísticas representan historias de familias separadas, niños desprotegidos, personas enfermas y detenidos sin acceso a una asistencia médica adecuada.
“Detrás de estos 1.339 nombres hay personas que necesitan atención, protección y libertad”, concluyó. “Hay familias que siguen esperando una respuesta mientras el daño continúa cada día”.
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