Amnistía Internacional anunció que realizará un foro el 15 de noviembre sobre el Examen Periódico Universal (EPU) de Cuba, el cual comenzará ese mismo día en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra.
“Únete a la conversación… Activistas cubanos discutirán las demandas, resultados y futuras implicaciones en la cuenta de Facebook de Amnistía Internacional Américas”, declaró la ONG en sus redes sociales, en un anuncio acompañado por la etiqueta #CubaSinRepresión.
En el foro participarán, entre otros, la activista cubana Carolina Barrero, el representante de Cubalex, Alain Espinosa, y la investigadora de la región del Caribe para Amnistía Internacional, Johana Peláez.
El EPU existe desde el 2006 y consiste de una revisión periódica del historial de derechos humanos de los 193 Estados Miembro de las Naciones Unidas. “Es una innovación importante del Consejo de Derechos Humanos que se basa en una igualdad de trato para todos los países. Ofrece una oportunidad para que todos los Estados declaren qué medidas han adoptado para mejorar la situación de los derechos humanos en sus países y para superar las dificultades para el disfrute de los derechos humanos”, explica el Consejo de Derechos Humanos en su página web.
Un total de 276 personas y entidades, independientes y del Estado de Cuba, han aportado recomendaciones y observaciones sobre el EPU de Cuba, las cuales han sido publicadas por el Consejo en un documento titulado “Resumen de las comunicaciones de las partes interesadas sobre Cuba”.
En el apartado “Alcance de las obligaciones internacionales y cooperación con los mecanismos de derechos humanos”, el documento dice que en numerosas comunicaciones se indicó que se acogía con satisfacción “la gran cantidad de tratados internacionales ratificados por Cuba y su amplia cooperación con los mecanismos de derechos humanos”.
Otras recomendaron que Cuba ratificara el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus protocolos facultativos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura; y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
La Sociedad Cubana de Derecho Internacional recomendó que los tratados ratificados “se hicieran públicos y que se determinara claramente la jerarquía de los tratados internacionales con respecto al derecho interno”.
En algunas comunicaciones se afirmó que se apreciaba “la cooperación de Cuba con el EPU”, mientras que otra recomendó que “se celebrasen consultas sistemáticas con la sociedad civil sobre la aplicación de las recomendaciones del EPU, que éstas se incorporasen en planes de acción teniendo en cuenta las propuestas de la sociedad civil, y que se presentase un informe de mitad de período sobre la aplicación de esas recomendaciones”.
En varias comunicaciones la propuesta para Cuba fue “cursar invitaciones a los titulares de mandatos de los procedimientos especiales, incluidos el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, así como a los relatores especiales sobre la tortura, sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación, sobre la libertad de opinión y de expresión, y sobre los defensores de los derechos humanos, y que se les concediera acceso sin trabas a todo el territorio de manera que pudieran llevar a cabo una evaluación independiente de la situación de los derechos humanos en Cuba y asesorar al Gobierno en consecuencia”.
Acerca del marco nacional de los derechos humanos en Cuba, el documento cita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual indicó haber recibido denuncias “sobre falencias en el proceso de debate en torno al proyecto de Constitución y que, pese a los esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil para generar un diálogo pluralista, existieron barreras que limitaron la efectiva participación ciudadana”.
Algunas entidades expresaron preocupación por el hecho de que la nueva Constitución de Cuba “volviera a consagrar un sistema de partido único, ampliara la lista de delitos punibles con la pena de muerte y mantuviera la unidad de poderes”.
La Asociatia Romania Muncitoare recomendó a Cuba que cumpliera el cronograma legislativo previsto para armonizar plenamente su legislación con la Constitución, así como que reforzara la protección de las mujeres, las personas de edad y los niños.
La última vez que Cuba fue sometida al Examen Periódico Universal fue en el año 2018. Desde esa fecha, se han registrado en la isla “más de 11 mil detenciones arbitrarias”, según ha informado el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
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