WASHINGTON D.C. - Luego de semanas de ser prácticamente, el centro de atención internacional debido a la tensión política y social que se vive en Nicaragua, la Casa Blanca advierte que está analizando “todas las opciones” y que busca implementar “acciones de impacto” para presionar al gobierno del presidente Daniel Ortega para que libere, de forma inmediata, a cinco de sus contrincantes políticos en las elecciones de noviembre y a más de una veintena de líderes opositores y exguerrilleros sandinistas.
Por su parte, tanto el presidente nicaragüense como políticos de su partido han tildado a Estados Unidos y a la Unión Europea de “injerencistas”, y han catalogado de “absurdo” el llamado que hacen algunas naciones y organizaciones como la OEA y Human Rights Watch de respetar el Estado de Derecho y liberar a los detenidos.
Miembros de la oposición y la comunidad internacional también acusan a Ortega de realizar los arrestos a sus rivales opositores ante el temor de perder las elecciones presidenciales programadas para el mes de noviembre.
Antecedentes a la medida
Pero, ¿cómo comenzó todo?
La mayoría con la que cuenta el presidente Daniel Ortega en la Asamblea Nacional de Nicaragua, le permitió tramitar una serie de leyes, todas cuestionadas por organismos como la OEA y la CIDH por considerar que sacan del juego político a la oposición y atetan contra la democracia.
La primera de ellas fue aprobada en octubre de 2020 y es la ley de Agentes Extranjeros que le prohíbe a las organizaciones no gubernamentales recibir aportes de la comunidad internacional. Esta la ley también deja sin recursos a otras organizaciones que venían operando por la defensa de los derechos humanos o la libertad de prensa.
Luego, en diciembre 2020, legisladores nicaragüenses aprobaron la Ley de defensa de derechos del pueblo, la cual le da la potestad al gobierno de calificar a cualquier persona como traidor a la patria, y si alguien promueve acciones de la comunidad internacional contra el gobierno, también puede quedar catalogado como “traidor a la patria”.
En mayo de este año, se realizó una reforma al código penal para extender las detenciones preventivas de 48 días hasta por 90 días. Y finalmente, también en mayo, se hizo la reforma electoral aprobada por el Consejo Supremo Electoral y que prohíbe el financiamiento de las campañas políticas; además de prohibir la verificación u observancia electoral de las elecciones.
Para Cynthia Arnson, directora del programa de América Latina del Wilson Center, y quien estuvo de invitada en el programa Foro de la Voz de América, el objetivo del presidente Ortega es “evitar” las elecciones del próximo 7 de noviembre porque ha perdido popularidad, principalmente, por el manejo de la pandemia y la economía.
“Resulta que Daniel Ortega es cada vez más impopular. Hay un umbral muy bajo de 35% en la Constitución nicaragüense, para resultar victorioso en una elección. Yo creo que Daniel Ortega ahora mismo no tiene ni este 35%, entonces está haciendo todo lo posible para prevenir elecciones libres y con candidatos de oposición”.
De acuerdo con Oswaldo León-Fariello, coordinador de Nicaragua Freedom Coalition o la Coalición por la libertad de Nicaragua, Daniel Ortega está tratando de “vender” a sus seguidores y aliados, la idea de que se van a quedar en el poder varios años más.
“Tratan de venderles el espejismo de que en Nicaragua todo está normal, que se está llevando a cabo un proceso electoral en condiciones normales; sin embargo, esta es una situación totalmente anormal y de una dictadura”.
Responsabilidades compartidas
La comunidad internacional tiene su grado de responsabilidad, en opinión de María Fernanda Bozmoski, directora Adjunta de programas del Atlantic Council.
“Desde los años de la administración pasada del presidente Trump, Nicaragua dejó ser tema de interés, por el enfoque que se tenía sobre Cuba y Venezuela, eso permitió al régimen de Ortega envalentonarse y prepararse para ejecutar todo lo que está haciendo en este momento. Definitivamente, no habrá una elección libre y justa”, advirtió Bozmoski.
Los expertos concuerdan en que la situación de Nicaragua supera las discusiones tradicionales de “temas de derecha o izquierda” ya que atenta directamente contra la democracia en la región; por lo que instan a actuar a los organismos internacionales para que ejecuten una respuesta consensuada y multilateral.
Sanciones, ¿una carta ganadora?
Juan González, asesor de Asuntos Hemisféricos de la Casa Blanca, dijo que “lo más importante es no [cometer] el error que a veces comentemos de interpretar las sanciones como estrategia, sino tener una estrategia que tenga sanciones como una opción en su ejecución”.
A esta petición de sanciones, sobre todo en materia económica, se han sumado actores demócratas y republicanos en Estados Unidos, pero también líderes opositores nicaragüenses.
Por su parte, Ortega dijo en un acto público en Managua que los opositores "están de rodillas pidiendo sanciones, ante el imperio yanqui, rogando sanciones ante el imperio yanqui, piensan que con sanciones van a doblegar a Nicaragua”.
“No creo que existan sanciones que cambien el comportamiento de Daniel Ortega" – considera Cynthia Arnson. "Yo creo que él está dispuesto a resistir a cualquier costo. Hay que pensar bien cómo usar esta herramienta. Las sanciones no son una estrategia en sí mismas, sino que sirven dentro de una estrategia para lograr ciertos fines. No creo que las sanciones vayan a ser eficaces para cambiar, de aquí a noviembre la política de Daniel Ortega en Nicaragua”.
Con esta apreciación coincide María Fernanda Bozmoski; pero “creo que también debería ponerse sobre la mesa el tema de sancionar instituciones como el ejército, la policía, el Banco Central”.
Hasta el momento, Estados Unidos ha sancionado de forma individual a más de 20 funcionarios pertenecientes o ligados al gobierno de Ortega, algo que puede funcionar, de acuerdo con Oswaldo León-Fariello, “si impactan directamente al dinero de los Ortega”.
El analista de Nicaragua Freedom Coalition también resalta la importancia de la Ley RENACER que incluiría acciones coordinadas con otros países como Canadá y la Unión Europea.
