La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó de retrógrado el nuevo Código Penal que "retrotrae a Cuba a épocas oscurantistas, cuando los funcionarios se distanciaban del pueblo a través de abusos y privilegios".
En un comunicado de prensa, la SIP lamentó que la nueva legislación criminalice las libertades de prensa y expresión, así como de asociación y reunión. "El Código tiene elementos parecidos a pertrechos militares, que el régimen podrá usar para atacar y minar la información y las opiniones independientes de los disidentes. Los ciudadanos ni siquiera podrán usar con libertad las redes sociales ni convocar a sus amigos a protestar".
La Asamblea Nacional cubana aprobó el 15 de mayo el nuevo Código Penal, que mantiene la pena de muerte por fusilamiento en 24 delitos y formaliza sanciones de cadena perpetua. Entrará en vigencia en tres meses. También estipula hasta tres años de cárcel a quien insulte a altos funcionarios públicos e impone 10 años de prisión a quien "apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros" de organizaciones no gubernamentales o instituciones internacionales usados para "sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional".
Jorge Canahuati, presidente de la SIP, lamentó que las "autoridades cubanas viajen al pasado, a contrapelo del mundo desarrollado, hacia épocas oscurantistas, cuando los funcionarios se distanciaban del pueblo a través de abusos y privilegios". En referencia al renovado delito de desacato, Canahuati, CEO del Grupo Opsa, criticó que los "funcionarios cubanos se sigan protegiendo con privilegios absolutistas, propios de las monarquías del pasado".
Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, afirmó que Cuba, junto a Nicaragua y Venezuela, son de los pocos países en contravenir preceptos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al criminalizar la asistencia económica extranjera para grupos de derechos humanos y medios de comunicación independientes.
Quien proporcione información a organizaciones no gubernamentales, instituciones internacionales, formas asociativas o cualquier persona natural o jurídica que no esté autorizada por el gobierno, podría enfrentar entre 10 y 30 años de cárcel.
Jornet recordó además que el punto 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establecer: "Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como 'leyes de desacato' atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información".
"Ya tenemos la experiencia –dijo Jornet, editor de La Voz del Interior, de Argentina– sobre cómo estas disposiciones, bajo la excusa de la defensa de la soberanía, son utilizadas para amordazar a la prensa independiente y acallar a las voces disidentes".
