El Estado cubano es firmante de los tres fundamentales instrumentos jurídicos que rigen el enfrentamiento al problema mundial de las drogas. Las leyes, para tal efecto, son severas e inflexibles. El Gobierno asegura mantener una campaña para crear la cultura del rechazo al consumo, pero es curioso que, siendo una isla, no exista, en ninguno de los puertos o aeropuertos, ni un solo equipo de radiología body scan (escáner corporal), actualmente tan necesarios para detectar cualquier anomalía. Por ejemplo, las mulas de narcotráfico. ¿No es eso contraproducente?
Recién fue detenido un pasajero de nacionalidad cubana, del que aún no se revela identidad, que intentaba entrar al país, transportadas en el interior de su organismo, un número sorprendente de cápsulas con estupefacientes. Un total aproximado de 778 gramos de cocaína.
Lo descubrieron de pura casualidad. Durante un vuelo (demorado) Caracas-La Habana, y posteriormente durante la estancia dentro del aeropuerto habanero, en espera de las trámites migratorios, el pasajero mantuvo un comportamiento que se le hizo sospechoso a la tripulación de Cubana de Aviación y las autoridades aeroportuarias.
Lo llevaron al hospital CIMEQ, le hicieron radiografías y provocaron la expulsión. El pasajero fue puesto a disposición de los tribunales y las fotografías del proceso de detención de la droga están circulando por los principales centros hospitalarios del país para que los radiólogos cubanos aprendan a descubrir este tipo de acción delictiva.
Pero el azar y la observancia no son métodos efectivos. Descubren un caso y pasan mil. Cuesta entender por qué si ya han sido comprados, aún no se han instalado ninguno de los 12 equipos body scan en los puertos fronterizos que conectan la isla con el resto del mundo.
Si bien es cierto que las cifras publicadas que hablan del consumo de drogas en Cuba son relativamente bajas, también es verdad que el universo subterráneo de los alucinógenos ha ido ganando espacios dentro de la juventud y los traficantes acechan.
En junio del 2016 fue desarticulada en San José, Costa Rica, una estructura criminal que presuntamente abastecía el mercado turístico del narcomenudeo de la isla. Y en 2015, los órganos del Ministerio del Interior, con el apoyo ciudadano, lograron desarticular un grupo de delincuentes que introducía droga en Cuba procedente de Jamaica.
¿Por qué no proteger y protegerse más y mejor?
Las autoridades cubanas saben muy bien que al suscribir la Convención única de estupefacientes, el Convenio sobre sustancias sicotrópicas y la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes, el país adquirió obligaciones técnico-jurídicas, penales y administrativas.
La legislación, y específicamente el artículo 190 del Código Penal vigente dice: “incurre en sanción de privación de libertad de cuatro a diez años quien, sin estar autorizado, produzca, transporte, trafique, adquiera, introduzca o extraiga del territorio nacional o tenga en su poder con el propósito de traficar o de cualquier modo procure a otro, drogas estupefacientes, sustancias sicotrópicas u otras de efectos similares”, y si los hechos descritos se realizan con cantidades relativamente grandes, la sanción puede variar de ocho a veinte años de privación de libertad e incluso la muerte.
Existen otras regulaciones que establecen el decomiso del patrimonio proveniente de la corrupción y el tráfico de drogas. Pero las leyes únicamente castigan y, por severas que sean, no resultan suficientes para prevenir ni curar los daños.
