Los países miembros de la ONU deben presionar al gobierno de China para que ponga fin a sus crímenes de lesa humanidad contra los uigures y otros musulmanes túrquicos, dijo este miércoles Human Rights Watch en un evento de alto nivel sobre abusos a los derechos humanos en Xinjiang.
Las delegaciones deben instar a los altos funcionarios de la ONU a seguir adelante con una investigación de las detenciones masivas, persecución cultural y otros abusos graves por parte de China.
El evento virtual fue copatrocinado por Human Rights Watch, Amnistía Internacional, el Centro Global para la Responsabilidad de Proteger, el Centro de Justicia Global, la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH, el Servicio Internacional de Derechos Humanos y el Congreso Mundial Uigur, junto con al menos 18 países encabezados por Alemania, el Reino Unido y los Estados Unidos.
“Durante años, los funcionarios chinos han tratado de intimidar a los estados miembros de la ONU para que guarden silencio sobre los horribles abusos que las autoridades están infligiendo a los musulmanes túrquicos en Xinjiang”, dijo Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. “Hay un impulso extraordinario a medida que los gobiernos de todo el mundo buscan responsabilizar al gobierno chino por las violaciones de derechos humanos".
En abril, Human Rights Watch y la Clínica de Resolución de Conflictos y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Stanford publicaron un informe que detalla los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno chino contra los uigures y otros musulmanes en Xinjiang.
Los grupos dijeron que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU debería crear una comisión para investigar las denuncias de crímenes contra la humanidad y otros abusos, identificar a los funcionarios responsables y proporcionar una hoja de ruta para hacerlos responsables.
También instaron a la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, a monitorear e informar sobre la situación de los derechos humanos en Xinjiang para mantener informado regularmente al Consejo de Derechos Humanos.
